Fallo del Consejo de Estado ordena delimitar zonas permitidas para minería en el país

El Consejo de Estado dio un plazo de dos años al Ministerio de Ambiente para establecer reglas más claras y estrictas que permitan tener en cuenta de mejor manera en la expedición de títulos mineros, la protección del medio ambiente.

Estas reglas incluyen identificar con más claridad en que zonas del país está prohibida o restringida la minería y en cuáles sí, así como las áreas de conservación que sin hacer parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, constituyen reservas forestales, cuencas hidrográficas, páramos o subpáramos, en donde tampoco puede practicarse la minería.

Lea además: La particular respuesta de Petro a la polémica propuesta de MinMinas sobre decrecimiento

De acuerdo con el Consejo de Estado, si bien la minería es una actividad necesaria para la economía del país y para la generación de empleo, la expedición de títulos mineros no puede hacerse, por falta de coordinación entre las autoridades, sin respetar la protección del medio ambiente.

La decisión fue tomada con base en una demanda presentada por 8 organizaciones sociales y 30 ciudadanos, que aseguraban que existía una desarticulación institucional de los sectores minero y ambiental que llevaba a que la fiscalización de títulos mineros fuera frágil, y se pudieran producir daños ambientales irreversibles.

Aunque en una primera instancia se contempló la suspensión de la expedición de títulos mineros mientras se ajustaba el proceso para garantizar la protección del ambiente, el Consejo de Estado determinó que esta medida no era adecuada porque no produciría los resultados esperados.

Lea también: ¿Decrecimiento? Lo que debe saber sobre la propuesta de MinMinas que genera dudas

Por esa razón, aunque mantuvo la posibilidad de expedir títulos mineros, expidió un total de ocho ordenes que deberán tenerse en cuenta en la adjudicación de títulos mineros, todas ellas orientadas a una mayor claridad en la delimitación de zonas en donde se puede hacer minería y a preservar las zonas protegidas.

Entre las órdenes está la de actualizar la plataforma "Anna Minería", para fiscalizar lo títulos mineros con la implementación de módulos tecnológicos; la elaboración de un diagnóstico de los proyectos mineros y sus impactos negativos en el medio ambiente para así, adoptar planes preventivos para la corrección de estos daños, y la actualización de las guías minero-ambientales ajustados a las normas actuales.

También deberán instalar una mesa de trabajo con delegados de los ministerios de Ambiente y Minas, las Corporaciones Autónomas Regionales, el ANLA y Parques Nacionales, con el fin de ejecutar acciones para mejorar el relacionamiento entre los sectores minero y ambiental.