GOBIERNO NACIONAL
Gobierno explicará a la Fiscalía facultades para pedir suspensión de órdenes de captura
Tras la negativa del ente acusador de suspender órdenes de captura a voceros de las 'Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada' y el 'clan del Golfo', Gobierno dice que Ley 2272 de 2022 faculta al Presidente a avanzar hacia la Paz Total con todos los grupos ilegales.
El Gobierno Nacional buscará una reunión con la Fiscalía General de la Nación para explicar el alcance de la nueva figura jurídica que faculta al Presidente de la República a pedir la solicitud de suspensión de las órdenes de captura de integrantes de organizaciones de alto impacto del crimen con las que se avancen en diálogos exploratorios para su sometimiento en aras de la Paz Total.
En ese sentido, el vocero del Gobierno, ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó que estas competencias están contempladas en la Ley 2272 de 2022 que reglamentó la Ley 418 de 1993, más conocida como Ley de Orden Público, y que a través de dos decretos reglamentarios de 2012 y 2015 negaba esa posibilidad.
“El Gobierno quiere avanzar en un diálogo directo con la Fiscalía General para explicar que los dos decretos expedidos en 2012 y 2015 por los que la Fiscalía negó la solicitud, no están diseñados para levantar órdenes de captura de integrantes de miembros de organizaciones de alto impacto del crimen, porque no tiene estatus político”.
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De esta forma, el ministro Prada se refería a la negación de la Fiscalía frente a la solicitud del gobierno de Gustavo Petro que había pedido levantar las órdenes de captura vigentes contra los representantes de las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta’ y el ‘clan del Golfo’ designados para buscar un posible sometimiento a la justicia.
“Frente a los grupos armados organizados de carácter político con los que se adelanten diálogos es razonable centralizar en el Fiscal General la concesión de los beneficios necesarios para proceder con esa negociación. No ocurre lo mismo con integrantes de grupos armados que deben someterse a la justicia ordinaria, en buena medida porque los beneficios que reciban no pueden desbordar el marco de legalidad bajo el cual los jueces ordinarios competentes deberán decidir”, argumentó el ente acusador en su respuesta negativa.
Pero el vocero del Ejecutivo insistió en que “eso cambió con la Ley 2272 de 2022 que habilitó al Presidente de la República para pedir esa suspensión, pues esa norma superior amplía el campo de facultades al primer mandatario para poder avanzar hacia la Paz Total”, dijo.
Según Prada, “la única manera de avanzar hacia la Paz Total es avanzar en las conversaciones con las organizaciones que tienen estatus político y las que no lo tienen, pues se trata de negociaciones que terminarán, en unos casos, en una negociación política, y en otros, en un sometimiento a la justicia”.
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