Gobierno plantea crear trabajos temporales para acabar con los contratos de prestación de servicios

Con el propósito de acabar con los contratos de prestación de servicios, el Gobierno Nacional plantea crear nuevas vacantes temporales, lo que significa generar  empleos con sueldo fijo y todas las prestaciones de ley correspondientes, esto evitando que las personas sigan pasando cuentas de cobro y pagando su propia seguridad social.

Hasta el momento, en Colombia se registran cerca de un millón de contratos por prestación de servicios, solamente en entidades públicas. La idea del Gobierno es generar 700.000 plantas temporales y dar por terminados, este tipo de contratos. 

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“Las personas que ingresen a las plantas temporales, los servidores y servidoras públicos ganarán los mismos salarios de quienes hoy ostentan los cargos en carrera administrativa”, explicó el nuevo director de la función pública, César Manrique.

El funcionario además señaló que estos empleos son temporales y no de carrera, por lo que no habría un concurso formalmente para asumir el cargo, pero sí exámenes y análisis de las hojas de vidas para poder ocupar algunas de estas plazas.

Según Manrique, incluso quienes son servidores de carrera se podrían presentar para ascensos. Además, explica que este será un proceso gradual, de transición y escalonado que esperan que inicie pronto.

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“Esperamos que, para el próximo año, en los primeros meses, ya tengamos en todas las entidades los procesos de la contratación de las plantas temporales”, acotó.

Según el directo de la entidad, el empleo temporal también sería una herramienta para luchar contra la contratación a dedo: “no se trata de contratar aleatoriamente o subjetivamente; sino que tiene que hacerse una contratación planificada, desarrollando unos procedimientos para establecer si se necesitan o no y cuántos funcionarios”, agregó. 

En ese sentido, recientemente la Procuraduría General de la Nación le llamó la atención a la Alcaldía de Cali,  porque suscribió 75.509 contratos directos entre enero del 2020 y junio del 2022, lo que significó un costo de más de 2,8 billones de pesos. 

Esta forma de afiliación laboral suele ignorar las etapas de análisis de contratistas y es por eso que este cambio tendría implicaciones positivas en los procesos de contratación.