“La JEP es la institución más importante para sostener el Acuerdo”: Roberto Vidal, presidente de la jurisdicción, habla de los avances

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ya está acostumbrada a las críticas. Desde su creación ha sido objeto de ataques de distintos sectores que consideran que el trato a los miembros de las antiguas Farc es blando o que las sanciones tardan demasiado en llegar.

Sin embargo, esta vez el Gobierno y quienes firmaron el Acuerdo por parte de la guerrilla son quienes han coincidido en sus críticas y planteado la posibilidad de crear un “tribunal de cierre” que eventualmente pondría en entredicho el carácter definitivo que tienen las decisiones de la Jurisdicción.

En entrevista con Colprensa, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, habla de esos ataques, de cuándo se espera que lleguen las primeras sanciones y de la importancia del sistema transicional.

Hay quienes dicen que, al ser la JEP un ente judicial, le faltan sanciones o sentencias, ¿qué responde?

A las sanciones ya llegamos. La ley y el Acuerdo de Paz le permiten a la Jurisdicción encontrar un mecanismo en el que las personas, de manera anticipada, puedan trabajar en lo que serán sus sanciones, y este año hemos lanzado los tres primeros proyectos en los que ya tenemos comparecientes trabajando: uno aquí en Bogotá, de reconstrucción ambiental; otro de desminado y educación en riesgo de minas en Antioquia, y una construcción de una casa de la memoria en Nariño.

Estamos pendientes de las sentencias, que en los próximos meses van a salir las primeras dos. Eso demuestra un avance muy grande en los procesos que traemos, porque hemos desarrollado simultáneamente once macrocasos. En la medida en que terminen las investigaciones y los juicios, se producirán sentencias de forma más rápida y frecuente.

¿Eso reafirma el carácter de tribunal de cierre de la Jurisdicción?

Sí, claro. Hemos dicho que, como el término ‘tribunal de cierre’ se ha usado en tantos contextos, se produce cierta confusión. Es una autoridad de cierre judicial: significa que tiene la capacidad de resolver en última instancia, un problema y puede decir “esto se soluciona así, y no hay más preguntas”.

En todo tribunal hay una decisión de primera instancia y una garantía de que una segunda autoridad lo puede revisar. Esa segunda emite una decisión de cierre. ¿Por qué eso es tan importante en la Jurisdicción? Porque una de sus funciones es garantizar los derechos de las víctimas y, una segunda, derivada de esa, es solucionar los problemas jurídicos de los comparecientes.

La función de la JEP es decir: ‘usted saldó sus deudas con la justicia en lo relacionado con el conflicto armado’, ¿a quiénes les podemos hacer eso? A los miembros de las antiguas Farc y de la Fuerza Pública y a los funcionarios y terceros que recibimos.

El presidente Gustavo Petro afirma que la verdad que llega a instancias jurídicas “se fragmenta”. ¿La JEP garantiza que eso no suceda?

La del Presidente es una preocupación legítima que han manifestado muchos investigadores que abordaron temas del conflicto. Un ejemplo típico, uno de los casos más importantes del país, es el de La Rochela, una masacre de siete funcionarios judiciales. Uno de sus problemas fue que cada víctima fue investigada por un juez diferente en una ciudad diferente, entonces, nunca, hasta que llegó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, pudieron integrar toda la escena del crimen, porque cada juez tenía un pedacito en casos separados.

Eso ha pasado, y desgraciadamente sigue pasando, en la investigación judicial. El desafío para la verdad del conflicto es romper esa fragmentación, que ha sido una de las causas de la impunidad. Nunca se puede investigar completamente el tema, porque todas las verdades están cortadas en infinitos pedacitos, y el asunto es cómo integrarlas.

¿Entonces no garantizan la verdad?

La integración no es fácil de hacer; no se puede hacer de una vez. Lo que hemos hecho son intentos de integración cada vez mayores. Nuestros aportes a la verdad han logrado pegar cuestiones de verdades que estaban muy separadas, entre otras cosas porque nosotros no investigamos hecho a hecho, como les toca a jueces penales, sino que investigamos patrones, macrocasos.

Estamos en el mismo canal, pero la idea del Mandatario es más ambiciosa, y es que se puedan integrar todavía más verdades, como las que se investigaron sobre paramilitares, con las que nosotros tenemos de guerrilla y de Fuerza Pública.

Exmiembros de las Farc han expresado su molestia porque no se les habían comunicado formalmente sus amnistías, ¿qué ocurrió?

Los miembros del partido Comunes nos pusieron de presente la preocupación que tenían porque la información de sus amnistías, de alguna manera, estuvo refundida. Eso causaba enormes perjuicios para las personas firmantes del Acuerdo, particularmente porque, como esa información no estaba disponible, cuando salían de los sitios donde estaban concentradas, la Fuerza Pública inmediatamente los detenía. Ellos decían: ‘Pero hago parte de un proceso de paz, soy firmante’, y les respondían: ‘Aquí no consta que usted tenga una amnistía’.

Nos tomamos muy en serio esa petición e hicimos una investigación de la mano de Naciones Unidas. Pudimos reconstruir esos archivos, reconstruir las investigaciones de la jurisdicción ordinaria, que fueron como 1500, y sumarlas a las nuestras, haciendo una base de datos. Hoy sabemos la situación jurídica de cada firmante y podemos emitir todos los días unos 50 certificados, enviados a los organismos de seguridad del Estado, para que a esas personas les hagan valer la amnistía.

Pero eran amnistías que se incluían en decretos...

La información era muy delicada. Eran decretos que no tenían órdenes de ‘publíquese’. Entonces, se refundieron en archivos. No estaban publicados, y no tenían por qué publicarse, pero estaban en un archivo, y el archivo tuvo un problema y desapareció. Pasamos un año entero, con diez personas, buscando esos decretos, hasta que aparecieron.

Ellos hicieron varios reclamos y algunos quisieron apartarse de la JEP, ¿cómo está la relación ahora?

Se parece a las relaciones de las familias, que son tan agridulces que nos queremos, pero tenemos conflictos. Estamos trabajando para facilitar los procesos de los comparecientes y que puedan transitar hacia la paz, pero somos sus jueces por graves crímenes; somos los encargados de conferirles las amnistías para facilitar su reintegración; somos los que, en el Estado, hemos asumido la responsabilidad de buscar que les den garantías de seguridad.

Sabemos que muchos de esos reclamos son legítimos, tratamos de subsanarlos, pero también tenemos que hacer nuestros juicios; somos un juez serio, complejo e implacable. A veces la gente ve dimensiones conflictivas en la relación con Comunes, pero ha sido de respeto mutuo y de un ejercicio de nuestra acción judicial, como debe ser.

Las críticas del antiguo secretariado se han concentrado en el término “descarrilamiento” de la JEP. ¿Cree que esa idea se comparta entre los demás comparecientes?

La idea del ‘descarrilamiento’ no nos gustó. Algunos funcionarios apelaron a ella sin siquiera justificarla bien. Una calificación de ese tipo es más bien desobligante. Nosotros hemos hecho esfuerzos muy grandes por mantener la cohesión alrededor del cumplimiento del Acuerdo, y eso el país lo reconoce. La institución más importante en la garantía de sostener el Acuerdo es la Jurisdicción. No solo porque adelantamos nuestros juicios, sino porque hay mucha actividad destinada a garantizar el cumplimiento de los Acuerdos, como medidas cautelares, llamados a rendir cuentas a autoridades públicas y acompañamiento a víctimas y a comparecientes.

Organizaciones de víctimas reprochan la ausencia de un macrocaso sobre desaparición forzada. ¿Debería abrirse un caso autónomo?

La Jurisdicción no investiga hecho a hecho, sino que usa la herramienta de los macrocasos, que significan una de las decisiones más difíciles que toca tomar, porque es qué se investiga y qué no. El proceso de apertura de macrocasos terminó hace dos años, cuando decidimos que iban a investigarse once que ya están definidos. No hay más casos, no hay ningún proceso de apertura.

No tenemos la capacidad de investigar más allá de los once macrocasos. Entonces, esta decisión es imposible, pero no significa que seamos indiferentes en un tema que es tan grueso. Todos los macrocasos tienen desaparición forzada.