Los puntos polémicos con lo que empieza el trámite de la reforma política en la Cámara

La ampliación de los periodos de Gobierno, la posibilidad de que los congresistas sean ministros y un favorecimiento al transfuguismo son algunos de los puntos polémicos de la reforma política que inició su recorrido en la Cámara de Representantes.

En efecto, el pasado martes se realizó una audiencia pública en la Comisión Primera de esa corporación, en la que el Gobierno Nacional y la Misión de Observación Electoral, MOE, entre otros, se expresaron sobre el proyecto, al que no le fue muy bien en el Senado.

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Por ejemplo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró que el Ejecutivo no acompañará la propuesta de varios congresistas de la coalición oficialista que han planteado la posibilidad de que se amplíe en un año el mandato de los funcionarios elegidos por voto popular, a partir de los años 2026 y 2027.

Esto es, Presidente de la República, alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales y diputados.

“Sobre la ampliación del periodo, no es cierto lo que se está promoviendo. El debate es plenamente legítimo, pero no necesariamente compartiendo o avalando la idea”, señaló el Ministro.
En ese sentido, ayer, en una entrevista con Caracol Radio, sostuvo que “hay países donde son seis años y hay otros de cinco. El tema es cuánto es el tiempo necesario, para que, razonablemente, se haga un Gobierno que termine gestiones completas”.

De igual forma, Prada descartó que el actual Ejecutivo esté buscando prórrogas y dejó en claro que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez fueron elegidos para gobernar durante cuatro años, es decir, hasta el 7 de agosto de 2026.

Sin embargo, recordó que en Colombia el primer año del Gobierno empieza en agosto, con un Plan de Desarrollo y un presupuesto que quedan definidos por el Ejecutivo saliente.

“Casi que se pierde un año, en la dinámica normal del Gobierno anterior, que deja contratada toda la gente, también los proyectos, y se vuelve es un girador de compromisos del anterior mandato”, anotó.

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De su lado, el ponente del proyecto, el representante a la Cámara conservador Luis Eduardo Diaz, indicó que “la propuesta de prolongarse el periodo durante cinco años ya tiene los fundamentos políticos y jurídicos”.

“Pero esto lo han tomado como si quisiéramos prorrogar por un año el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores y no es cierto”, añadió.

De igual forma, Prada se refirió a la propuesta de que la Procuraduría General de la Nación no tenga facultades para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, tal y como sucedió en 2015, cuando el hoy presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá.
En su opinión, eso es una competencia única de los jueces y no de los funcionarios administrativos, teoría que no fue acogida durante la discusión de la reforma política en el Senado, por lo cual ahora se insistirá ante la Cámara para que la vote positivamente.

El Ministro del Interior también defendió la posibilidad de que los congresistas pueden ser ministros: “Es equivocado el debate de la ‘mermelada’ para comprar a los partidos. Están alejados de la teoría política. Lo que hemos hecho es darle soporte académico a este tipo propuestas”.

Sin embargo, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró que esa iniciativa tiene sentido en regímenes en los que el Parlamento juega un papel central en la conformación del Gobierno. “Sin embargo, en un sistema como el nuestro, modificar la incompatibilidad en mención puede afectar la relación de colaboración armónica que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo, de manera que se produzcan relaciones de dependencia que afecten la autonomía e independencia del Congreso de la República”.

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Otro de los temas que generó controversia en el Senado y que seguramente lo hará también en la Cámara es el llamado ‘transfuguismo político, ya que la reforma plantea autorizar el cambio de partido sin incurrir en doble militancia o inhabilidades solo por una vez en el 2026, y reduce el periodo de inhabilidad para cambiar de partido y presentarse a las siguientes elecciones por otro a seis meses.

De hecho, desde el Centro Democrático se ha indicado que esta propuesta buscaría fortalecer al Pacto Histórico como la primera fuerza política del país de cara a los próximos comicios nacionales, y cuestionan que, en lugar de fortalecer los partidos, los debilita.

Con este punto coincide la directora de la MOE y agrega que el que congresistas que habiendo sido electos por un partido en marzo de 2026 renuncien al mismo dos meses antes de su toma de posesión, es decir, antes del 19 de mayo de 2026, “no solo debilita a las bancadas ya elegidas en listas cerradas, sino que genera una grave defraudación al elector”.