“Petro incita a desconocer la separación de poderes”: Así va el ‘choque de trenes’ entre el Presidente y la Procuradora

“Esa es una ratificación de su estilo de gobernar: asume su caso como una jurisprudencia universal aplicada a los suyos; incita a desconocer y no respetar la separación de poderes; nombra a la procuradora como ‘opositora’ de la democracia. Es decir, nada diferente al autoritarismo de Petro”.

Así se refirió la politóloga Nury Gómez al rifirrafe entre la procuradora general, Margarita Cabello, y el presidente Gustavo Petro quien desautorizó la suspensión ordenada por la funcionaria al alcalde de Riohacha, José Bermúdez, por posibles irregularidades en una licitación pública.

Sin embargo, según el Mandatario, que debería expedir un decreto en el que designe un encargado para dicho municipio, aseguró que ese organismo administrativo no tiene facultades para sancionar a un alcalde en ejercicio.

Además, señaló que solo acatará las determinaciones que adopte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque, según él, negarse a atender esas determinaciones contra personas elegidas por voto popular no es un “caos”, como se refirió la Procuradora al caso del alcalde.

De hecho, en la mañana de ayer, Cabello expresó su intranquilidad con la posibilidad de que Petro esté llevando al país a una ruptura del ordenamiento jurídico colombiano.

“La preocupación debe ser de todos los ciudadanos que se van a ver afectados por el caos promovido por el presidente al no querer respetar la regulación normativa colombiana y decir que va a respetar una decisión extranjera ya analizada y definida en Colombia”, dijo la Procuradora en diálogo con Blu Radio.

Al respecto, el consultor político Álvaro Benedetti explicó que “desde lo institucional, la razón de ser es que la Procuraduría tiene funciones de control disciplinario a los funcionarios públicos. Eso quiere decir que, gústenos o no, tiene labores que debe cumplir y, en rigor a ello, la Procuradora actual, así como lo hicieron todos a quienes ha sucedido, ha sabido actuar en función de esa institucionalidad”.

En ese sentido, Cabello mencionó que la polémica con Petro no es personal, sino que está relacionada con el ordenamiento jurídico colombiano: “Es un tema en donde el Presidente, porque no le gustó la decisión, no quiere cumplir el ordenamiento jurídico colombiano y quiere irse a cumplir el internacional”.

No obstante, para ella, la actitud del Jefe de Estado está suscitando la impunidad y debilitando la lucha contra la corrupción, al no acatar las decisiones de la entidad y señaló que esa postura envía mensajes a otros funcionarios sancionados que pueden desconocer las determinaciones, con base en los argumentos del Presidente.

De acuerdo con la advertencia, la politóloga Gómez indica que “este nuevo acto de contienda deja un mensaje peligroso para las elecciones: no importa lo que hayan hecho los electos, no pueden ser sancionados”.

Agrega que “queda en entredicho la función de la Procuraduría, queda en un limbo la hermenéutica de las leyes y cuál es su jerarquía. Queda la opinión pública polarizada en dos extremos y se agudiza el panorama para el cumplimiento de las normas”.

A su vez, el consultor político comenta que “en tiempos electorales, se genera un mal mensaje por parte de Gustavo Petro, teniendo en cuenta el caos institucional que supondría, especialmente, en candidatos afectos al Gobierno, el desconocimiento del Estado de derecho y la posibilidad de que aspirantes sancionados puedan inscribirse para competir en los comicios”.

Un desgaste en su imagen

Los analistas consultados coinciden en que este nuevo desconocimiento de la institucionalidad podría suponer un desgaste mayor para la imagen del Mandatario, quien ya ha pasado por escenarios similares, como cuando hace dos meses aseguró que él era el jefe del Fiscal General, Francisco Barbosa.

“Todas las batallas que el Presidente emprende en contra de la institucionalidad, del fiscal, de los jueces, y ahora con la Procuraduría, son vistas por la opinión pública opositora como una irreverencia, una subversión al orden establecido en el marco constitucional y en el Estado de Derecho”, observa el analista Benedetti.

Asimismo, advierte que “da la sensación de que Petro está poniendo por encima las decisiones internacionales, en este caso de la CIDH, que las mismas del Estado colombiano. Desde lo jurisprudencial podría haber un debate que dar sobre qué pesa más. Soy más de la línea de que el orden constitucional nacional tiene más peso”.

Y añade: “El peor enemigo de Petro es él mismo. Ni la oposición, ni los medios de comunicación hacen nada para dañarle su reputación y la percepción que tienen las personas, más que lo que causa él. Como tiene el síndrome del salvador, entonces lo que hace es polarizar con lo que dice de uno y el otro. La oposición no aprovecha más de lo que da su propia imagen”.

Lo cierto es que, aunque la Procuradora afirma que el Presidente está desafiando la separación de poderes y la colaboración entre las instituciones, poniendo en riesgo la credibilidad del sistema jurídico colombiano, afirmó que cualquier acción disciplinaria contra el Presidente, dependerá de la decisión de la Corte Constitucional y de las instancias correspondientes.

Por el momento, la atención se centra en la decisión de la Corte Constitucional, que deberá explicar quién tiene la razón en este nuevo enfrentamiento entre Petro y la Procuraduría