¿Por qué la Corte podría tumbar la Ley de Paz Total?

Que la Corte Constitucional llegue a tumbar la Ley de Paz Total sería un duro golpe para el Presidente Petro, porque se trata, junto con las reformas sociales, de la bandera más importante de su gobierno.

Así lo asegura el consultor político Álvaro Benedetti, al analizar las implicaciones del fallo que se deberá producir en no menos de tres semanas, después de que el magistrado Jorge Enrique Ibañez afirmara en su ponencia a la Sala Plena del alto tribunal que lo aprobado el año pasado por el Congreso incurre en vicios de trámite y de inconstitucionalidad.

“Lo que viene pasando con las reformas y con las propuestas de este Gobierno es que se están cayendo por vicios de procedimiento en situaciones que en algunos casos buscan vulnerar la competencia de instancias del Estado. En este caso se desconoce el papel del Consejo Superior de Política Criminal, lo cual fue denunciado en su momento por la procuradora general, Margarita Cabello”, agrega Benedetti.

Lo cierto es que a finales del año pasado, luego de que el presidente Gustavo Petro sancionara la Ley 2272 de 2022, el abogado Jorge Pava Quiceno la demandó argumentando que los artículos 2, 12 y 18 de la misma “violan los principios de consecutividad”.

“A última hora, en el Congreso aparecieron textos que no habían sido tratados en plenarias ni en comisiones y, como esos textos no surtieron los trámites de rigor, se acude a la Corte por vicios de procedimiento”, precisó el jurista a la revista Semana.

De igual forma, Pava Quiceno dejó en claro que el artículo 2 del texto aprobado en noviembre pasado les permite recibir nuevos beneficios a aquellos que, pese a haber recibido un indulto en procesos de paz anteriores, volvieron a las armas, como es el caso de ‘Iván Márquez’, quien fuera el jefe negociador de las Farc en La Habana y hoy está al frente de la ‘Segunda Marquetalia’, disidencia de esa guerrilla.

Con respecto a ese punto, Benedetti considera que “lo que ha generado mucho ruido en la opinión es hasta qué punto la Paz Total va a ser una suerte de trampolín de impunidad para los delincuentes que, bien sea por luchas políticas o por delitos conexos en narcotráfico, van a aprovechar esa ventana de oportunidad para salir impunes tras haber cometido cantidad de delitos”.

El senador Carlos Fernando Motoa añade que la también llamada Ley de Orden Público “vulnera el Bloque de Constitucionalidad al entregar beneficios a quienes suscribieron e incumplieron el Acuerdo de Paz y ahora pretenden beneficiarse” y que así lo advirtió durante los debates.

“Encontramos vicios de forma, ya que el proyecto en la plenaria del Senado no fue aprobado de forma debida para su discusión y vulnera el principio de consecutividad al tener errores en el trámite y el concepto de impacto fiscal”, continúa antes de precisar que él también demandó la nueva ley.

En opinión de Benedetti, la ponencia del magistrado Ibañez “también es un llamado al Gobierno a que reestructure y piense el escenario de la Paz Total más allá de los temas de justicia: sobre todo, cómo generar políticas preventivas del delito, en especial al delito urbano, que por obvias razones es donde se concentra la mayor cantidad de la población, y teniendo en cuenta los factores que hacen posible que la delincuencia común, la delincuencia organizada, afecten el clima de seguridad en las ciudades.

En su momento, la Procuradora dijo que se había vulnerado el principio de consecutividad, que exige que los proyectos se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las comisiones y las plenarias de la Cámara y Senado.

De hecho, entre esas disposiciones no discutidas en las comisiones primeras estaba la creación de una instancia de alto nivel del Gobierno para el estudio, la caracterización y la calificación de las estructuras armadas de crimen de alto impacto.

“Se llama la atención sobre el hecho de que el vicio originado por la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal durante la deliberación de las cámaras constituye un error que no solo afecta las disposiciones acusadas, sino que se proyecta sobre todo el articulado de la Ley 2272 de 2022, en tanto sus disposiciones están orientadas a la seguridad y el orden público y, por lo tanto, se encuentran asociadas a la política criminal del Estado cuya discusión parlamentaria debió estar informada por dicho dictamen”, añadió.

Sin embargo, la decisión final del alto tribunal no se conocerá esta semana, debido a que la Sala Plena de la Corte Constitucional fue suspendida por el proceso de empalme y posesión de la nueva secretaria general.