¿Qué significa que un Gobierno llame a consultas a algún diplomático de su país?

Los Gobiernos de Colombia y Guatemala llamaron a consultas a sus correspondientes embajadores de esos países por la manifestación del Ministerio Público de Guatemala de abrirle una investigación penal al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por supuestos actos “ilegales y abusivos”.

La primera decisión la tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien rechazó el anuncio del Gobierno de Guatemala.

"Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta", expresó Petro en su cuenta de Twitter.

A continuación, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la decisión de llamar a la embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza.

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Por dichas declaraciones, el Gobierno de Guatemala también tomó la decisión de llamar a consultas a la embajadora de ese país en Colombia, Reagan Vega.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes. En ese sentido, hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas", informó la Cancillería de ese país.

Y agregó: "Guatemala reitera el respeto de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y hace un llamado para que el asunto se resuelva por la vía diplomática y el diálogo".

Según el diccionario diplomático de la Cancillería de Colombia, llamar a consultas es la decisión que toma un Gobierno de llamar a un funcionario diplomático a que regrese a su país de origen para evaluar y dialogar sobre cierta situación en particular que permita tomar decisiones diplomáticas.

"Mecanismo del derecho diplomático mediante el cual un Estado acreditante ordena a su representante diplomático ante otro Estado que regrese a su país por un tiempo determinado. Se utiliza para mostrar públicamente que dicho Estado no está satisfecho con determinada situación que afecta sus relaciones con el Estado receptor", expresa el documento de la Cancillería.

Dicho llamado genera alerta entre dos países debido a que, teniendo en cuenta la gravedad del caso, las relaciones diplomáticas entre dos Estados pueden llegar a romperse.

"Cuando un Estado llama a consultas a su embajador en otro Estado, está enviando un mensaje muy claro en el sentido de que hay una situación preocupante que debe ser atendida. Si la situación no mejora, el llamado a consultas se puede convertir en el preludio para la suspensión o ruptura de relaciones diplomáticas", expresa el documento diplomático.

Hasta el momento, Guatemala anunció que se abriría la investigación penal a Velásquez por las labores que desempeñó como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre los años 2013 y 2017 por supuestos actos “ilegales y abusivos”.

"Lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrech (...) ante los hechos evidentes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables, rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos", manifestó en un video el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en Guatemala, Rafael Curruchiche.

En 2013 Velásquez fue designado como comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG al nivel de secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas.

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Entre los diferentes casos que manejó Velásquez en Guatemala, el ahora ministro lideró la investigación sobre corrupción de Odebrech que involucró a diferentes países de Latinoamérica.

En el caso particular de investigación denominado 'La Línea' que lideró Velásquez, estuvieron involucrados funcionarios del Gobierno del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes actualmente están condenados a prisión por corrupción.

En 2019 el Gobierno del expresidente Jimmy Morales Cabrera anunció que no se renovaría el mandato de la CICIG y además ordenó que el ministro Velásquez fuera expulsado y no pudiera regresar a Guatemala, mismo Gobierno que lo declaró "non grato" en ese país.

Por ahora, el ministro de Defensa colombiano manifestó que no ha sido notificado de la decisión de Guatemala, por tal motivo una supuesta orden de captura aún estaría muy lejos de efectuarse.