¿Quién fungió realmente como tesorero en la campaña Petro Presidente?; aquí más detalles de ponencia del Consejo Nacional Electoral

“Cuando yo ingresé a la campaña, me habían dicho que era en la parte de Tesorería. Sin embargo, cuando llegué me dijeron que era una persona externa y que no confiaban en mí y que todo el tema del manejo de recursos y token era el señor SEBASTIÁN CAICEDO y quien tenía firma en el banco era el señor RICARDO ROA, en su calidad de gerente de campaña, y solo por autorización de él se hacían pagos”.

Así respondió Lucy Aidee Mogollón Alfonso, quien en la documentación oficial figura como la tesorera de la campaña Petro Presidente, a una de las preguntas que le hicieron los investigadores del CNE: ¿Cómo ejerció la función de control en el manejo de los ingresos y egresos de la campaña y tal labor se realizaba en coordinación con la gerencia de la misma?

“Todas las órdenes eran dadas por la gerencia de campaña y la única persona para ejecutar y ordenar gastos es el gerente de campaña”, añadió la interrogada, quien, en relación a si hizo advertencias sobre el manejo de los contratos, precisó: “Se le manifestó muchas veces que había cosas que no se debían hacer; tocaba estar detrás de las personas para la entrega de documentos y soportes. Primero se hacía el pago y luego se pasaban soportes”.

De otro lado, con relación a las tareas asumidas y el pago que recibieron los testigos electorales, los investigadores del CNE interrogaron a Édgar Murillo Sanabria, coordinador de testigos electorales de Arauca.

“Hubo una asignación que se les dio a los testigos para efectos de gastos de alimentación y transporte del día E. Entiendo yo que, a través de una empresa de giros, les llegaba a su cuenta personal a través de esos giros la asignación o valor que se les asignaba. Yo personalmente, como coordinador de testigos en una empresa de giros, presenté mi número de cédula, aunque nunca lo hice por eso, y efectivamente recibí un valor creo de $ 250.000 para quien coordinaba esos temas, para los testigos electorales, que no recuerdo exactamente el valor ni puedo dar nombres porque en este momento no recuerdo”, respondió aclarando luego que eso fue para la primera vuelta.

Luego dijo: “Para la segunda vuelta no hubo ningún emolumento, porque la campaña, perdón, la Colombia Humana, no avisó con tiempo que ese era un trabajo totalmente voluntario y así efectivamente se hizo, con una merma de personas que estuvieran en ese trabajo de voluntariado, porque la gente espera que por lo menos se le reconozca lo del almuerzo el día E”.

A su vez, Cristian Albert Uscátegui Sánchez, voluntario de la campaña que fue requerido igualmente por los investigadores, indicó que “a nivel nacional, quien coordinaba la campaña era el señor Xavier Vendrel”, quien en su momento protagonizó un escándalo, dado que se denunció que fue uno de los tres ciudadanos españoles que obtuvo la nacionalidad colombiana dce manera exprés, debido a su cercanía con el presidente Petro y su esposa, Verónica Alcocer.

Caso concreto

De acuerdo con la ponencia, el 29 de julio de 2022 Juan Carlos Lemus Gómez, en su condición de auditor de la coalición Pacto Histórico, presentó en físico ante el CNE el informe individual y consolidado de ingresos y gastos de la campaña en primera vuelta, en donde se reportó como total de gastos la suma de $28.517.124.029, al que el 19 de octubre el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales le realizó varias observaciones.

Ante ello, el 17 de noviembre, María Lucy Soto Caro, en calidad de auditora interna de la campaña, presentó una modificación integral del informe de Lemus Gómez, bajando la cifra a $ 28.384.680.001, que luego fue ratificado por el mencionado auditor.

Y, según el documento del CNE, lo mismo sucedió en la segunda vuelta: El 19 de agosto de 2022 Lemus reportó un total de gastos de $12.843.706.922; el 18 de octubre la misma entidad le hizo observaciones de orden contable al informe y el 29 de noviembre Soto Caro presentó una modificación de los gastos ubicándolos en $13.199.709.794.

Ahora bien, tras analizar en detalle el caso de los $ 500 millones provenientes de Fecode, el informe presenta su primera conclusión. “No resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales, toda vez que tal conducta distorsiona el equilibrio en el régimen democrático” y ratifica que dicha donación “no era permitida, al estar proscrita como fuente de financiación”.

Estos y otros hallazgos son los que están contenidos en la ponencia del CNE que ha llevado a Gustavo Petro a asegurar que se trata de un golpe blando en contra de su gobierno.