¿Quiénes son los salpicados por Aida Merlano en sus declaraciones a la Corte Suprema?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió copias de la declaración hecha por la excongresista Aida Merlano a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que adelanten las investigaciones que consideren pertinentes, según sus competencias.

Lo anterior, luego de que la semana pasada se conocieran las explosivas declaraciones que entregó Merlano desde Venezuela, en donde aseguró que hubo un entramado criminal con el cual se compraron votos en el Atlántico.

Merlano declaró en el marco de la indagación preliminar que se adelanta en contra del congresista Arturo Char, hermano del candidato presidencial Alejandro Char, por la presunta comisión de delitos electorales.

No obstante, las declaraciones de la exsenadora y hoy condenada van mucho más allá y aseguran que incluso los Char y los Gerlein ayudaron en su plan de fuga desde un consultorio odontológico, dice que intentaron matarla y que incluso en medio de la huida la violaron.

Así mismo, la mujer asegura que Alex Char le entregó la suma de 500 millones de pesos, en un vehículo en marzo de 2018, previo a los comicios del Congreso, asunto que ha sido negado por Char.

En la compulsa de copias de la Corte se involucra a 19 personas, entre las que se encuentran expresidentes de la República y el mismo presidente, Iván Duque. En el documento de la Corte se menciona a Arturo Char, Alejandro Char, Fuad Ricardo Char, Julio Gerleín Echeverría, Faisal Jacobo Cure Orfale y Lilibeth Llinás Delgado.

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En la ampliación del testimonio, según el documento, hubo actos de corrupción administrativa y defraudación de recursos públicos, concretamente en la adjudicación de contratos en la ciudad de Barranquilla, en donde Merlano señala a altos funcionarios y exfuncionarios.

Entre los mencionados para que investigue la Fiscalía está Alejandro Char, quien es señalado por Aída Merlano Rebolledo como una de las personas que organizó, financió y ejecutó el plan que condujo a su fuga el primero de octubre de 2019.

Así mismo menciona que en la alcaldía del hoy precandidato presidencial, este obtuvo cuantiosas ‘coimas’ exigidas a los contratistas que resultaron favorecidos con la adjudicación irregular de contratos para la construcción de obras. Menciona, en concreto, a “Arroyos Barranquilla” y “El Malecón”, y dice que Char habría exigido entre el 10 % y el 15 % de su valor total.

En cuanto a Julio Gerleín, asegura que habría financiado su campaña política al Senado de la República para el período 2018-2022, con recursos que provenían de “coimas” obtenidas por “los Char” de la contratación corrupta de obras públicas en la ciudad de Barranquilla.

La compulsa de copias también menciona a Faisal Jacobo Cure, a quien señala como uno de los principales beneficiarios de contratos de obra pública durante la administración de Alejandro Char.

Cure habría entregado la suma aproximada de 6.000 millones de pesos para financiar su campaña al Senado de la República, y concretamente para la compra de votos, cerrando así el círculo de lo que ella revela como el supuesto “modus operandi criminal”.

En el documento remitido a la Fiscalía y la Comisión, se menciona al exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, quien según la declaración de Merlano se habría encargado de realizar un complot y un montaje judicial en su contra, relacionado con el allanamiento a su sede política conocida como “Casa Blanca”.

En ese mismo se menciona a Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, quienes en según ella, en su condición de candidatos presidenciales habrían recibido dineros “por debajo de la mesa” de los Gerleín y de los Char para la financiación ilegal de sus campañas políticas.

Merlano adujo en la Corte que en el supuesto montaje judicial en su contra, se habrían involucrado también el presidente, Iván Duque y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. No obstante, la Corte no brinda mayores detalles de la forma en la que estos últimos estarían involucrados.

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Así mismo, se menciona a Héctor Amarís Rodríguez, señalado por Merlano Rebolledo como el “hombre del maletín”, quien sería el encargado de cobrar los sobornos o “coimas” que exigía Alejandro Char como contraprestación por adjudicar ilegalmente contratos durante el período donde fue alcalde de Barranquilla.

En el caso de Lilibeth Llinás Delgado, a quien Aída Merlano Rebolledo sindica como protegida de la familia Char y fórmula política de Arturo Char Chaljub en las elecciones del 11 de marzo de 2018.

Delgado, según Merlano, estableció su sede política en un espacio de las instalaciones de “Casa Blanca”, y recibió igualmente algunos recursos para financiar su campaña a la Cámara, los cuales tenían su origen en las “coimas” que la familia Char obtenía de la contratación en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico.

También fueron remitidas las copias para que se investigue penal y disciplinariamente a los abogados Raúl Cadena Lozano, Diego Muñetón y Teodoro Antonio De Yongh Salcedo, quienes fueron señalados por Aída Merlano Rebolledo como los abogados presuntamente enviados tanto por la familia Char como por Julio Gerleín Echeverría a su lugar de reclusión, con el fin de transmitirle a ella ofertas de dinero, a cambio de su silencio, y quienes supuestamente también la intimidaron o amenazaron, con el objeto de lograr que esta no incriminara a Arturo Char en los hechos delictivos en los que habrían incurrido.

Cabe mencionar que el abogado de Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, reveló unos audios de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein, donde hablan de la inversión que hicieron para la campaña de la excongresista hoy prófuga de la justicia.

El audio de tres minutos, revelado a través de la cuenta de Twitter del abogado, probaría que la familia Char y Gerlein financiaron la compra de votos de la condenada excongresista Aida Merlano.

En el material se escucha a Julio Gerlein asegurar que invirtió 12.000 millones de pesos; mientras Merlano señala que los Char se habían comprometido con alrededor de 6.000 millones para la campaña que terminó poniéndola en el Senado.