Se redujeron los ataques contra la Fuerza Pública, pero aumentaron intimidaciones a la población civil: Mindefensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió este martes al incremento de los ataques a la población civil por parte de las disidencias de las Farc, asegurando que, si bien el Gobierno Nacional no da su brazo a torcer en la búsqueda de la Paz Total, eso no significa que vayan a permitir que esos y otros grupos ilegales sigan atentando contra la seguridad de los colombianos, razón por la que no van a frenar las operaciones en contra de quienes incumplan el cese al fuego pactado con el Ejecutivo.

El pronunciamiento de Velásquez se da a propósito del asesinato de cuatro niños indígenas en el Putumayo a manos del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central y quienes estaban escapando de ser reclutados. Situación que ha generado indignación y rechazo en diferentes sectores de los colombianos.

Tras conocerse la lamentable noticia, el presidente Gustavo Petro decidió suspender, el pasado lunes, el cese de hostilidades acordado con las disidencias de alias Iván Mordisco: “si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”. Y señaló que “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”.

En ese sentido, el ministro informó en diálogo con Blu Radio que las operaciones ya estaban activadas en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

“Hay una evaluación respecto de la presencia de Fuerzas Militares en estos cuatro departamentos, las ubicaciones en las que podría encontrarse el Estado Mayor Central, pero, en todo caso, lo fundamental de las Fuerzas Militares y Policía Nacional es poder brindarle tranquilidad, seguridad a la población”, dijo Velásquez a ese medio de comunicación.

También, indicó que en casi seis meses que lleva el cese de agresiones, esas disidencias redujeron los ataques contra la Fuerza Pública, pero intensificaron las intimidaciones a la población civil

“Una acción que se ha definido ya desde el Consejo de Seguridad que tuvimos en Caquetá y en el Meta es un plan de choque contra la extorsión en estos departamentos en los que, como se ha conocido y lo reconocemos, ha habido un incremento real en esta práctica extorsiva, particularmente desde el Estado Mayor Central. Sí, moviendo otro tipo de economías, presiones que siempre se habla”, observó Velásquez.

Y continuó: “Lo que nuestras Fuerzas Militares tienen que hacer, precisamente en protección a la comunidad, es impedir que prácticas de esa naturaleza, violatoria del Derecho Internacional Humanitario, puedan seguir siendo ejecutadas por el Estado Mayor Central y cualquier otra organización armada ilegal”.

Luego de conocerse la decisión del Gobierno de suspender el cese de operaciones en contra de esa guerrilla, las disidencias emitieron un comunicado en el que advertían que se “desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.

“En la práctica, el cese al fuego siempre fue unilateral porque los operativos militares, que de nuevo dejan entrever el paramilitarismo como política de Estado, jamás cesaron. Las pruebas y evidencias, así como los distintos casos a verificar, fueron dejados en manos del gobierno nacional, entre ellos a Danilo Rueda, quien demuestra inoperancia en tramitar lo necesario para detener la máquina de guerra estatal”, añadió las EMC-FARC.

Además, recalcaron que siempre ha existido “una voluntad de paz” desde el 22 de septiembre de 2022, cuando anunciaron el cese de acciones ofensivas contra las fuerzas militares y, posteriormente, cuando aceptaron un cese al fuego bilateral “con el fin de crear un ambiente propicio para una eventual mesa de diálogo”.