¿Tiene sentido despenalizar la dosis mínima en el país? Analistas hablan de razones jurídicas y morales

Por Olga Lucía Criollo, Editora Política

“El tema hay que mirarlo desde dos perspectivas: una legal y otra moral. Desde la jurídica, lo que ha hecho el presidente Petro es validar los parámetros que la Corte Constitucional ha establecido, al buscar despenalizar el consumo en dosis mínimas”.

Así empieza el análisis del politólogo Alejandro Echeverry sobre la polémica que ha generado la derogación del Decreto 1844 de 2018, que establecía multas a la dosis personal, pese a que el alto tribunal ha dejado en claro que “las personas pueden seguir consumiendo en dosis pequeñas cualquiera de las drogas que hay en el mercado ilegal”.

“Cosa diferente es si están consumiendo en un parque público, donde sí pueden ser sancionados, no por el consumo sino por el uso inadecuado de ese espacio público”, continúa planteando con respecto a uno de los puntos que más ha sido cuestionado desde la oposición al actual Ejecutivo.

Y resalta que el nuevo Decreto, el 2114, expedido el pasado 7 diciembre con la firma de los ministros del Interior, Defensa y Justicia, “no deja de perseguir la producción, porque una cosa es la despenalización del consumo y otra la despenalización de la producción, proceso que en Colombia todavía no se ha iniciado”.

Así las cosas, Echeverry explica que las personas, en su libre albedrío, tienen la posibilidad de consumir las dosis mínimas establecidas por la Corte para cualquier producto “y la Policía no puede sancionarlas por poseer esos consumos. Lo que sí puede hacer es poner multas en el Código de Policía por el mal uso en los parques, que siempre ha sido un problema”.

En opinión del analista, la política de represión de la lucha contra la droga fracasó en varios países, incluido Colombia, “porque el problema de la droga se convirtió en un problema represivo y no de salud pública. Hoy, las tendencias mundiales muestran que todas esas drogas deben ser despenalizadas tanto en su producción como en su consumo”.

El otro debate

Sin embargo, con respecto al debate moral, reconoce que en la sociedad hay un temor de que se esté promoviendo la posibilidad de que niños y jóvenes puedan consumir cocaína, marihuana u otra sustancia. “Pero eso hay que combatirlo, no desde la lógica represiva sino desde la lógica pedagógica y educativa, entendiendo que somos una sociedad muy parroquial y conservadora en ciertos temas”, argumenta.

De su lado, el consultor político Álvaro Benedetti plantea que, al igual que en la era de Juan Manuel Santos, el actual Ejecutivo “ha querido abrirle la puerta a la legalización de las drogas, con la mesura que implica desde las reformas institucionales, pero tratando de advertir que la lucha contra ellas ha fracasado y que quienes terminan padeciendo el rigor de la justicia son los pequeños cultivadores, que no tienen mayor alternativas para generar ingresos, mientras los grandes carteles y traficantes están inermes” ante ella.

Es por ello que el analista manifiesta estar de acuerdo con la llamada liberalización para el consumo recreativo, que está especialmente relacionado con los jóvenes, pero insiste en que el problema del microtráfico y del comercio de estupefacientes tiene que tener otro tipo de medidas.

“Ya el Gobierno no puede seguir especulando sobre cómo atender esa problemática, que tiene una raíz y es poder atacar específicamente las cuentas: a dónde van los dineros, ahí está el verdadero problema. Es decir, estamos buscando el muerto río abajo, si queremos buscar seguir satanizando el consumo individual y atacando la producción en la base. Lo que hay que atender es el problema de los carteles y de las mafias como tal, y en eso el Gobierno tiene un acierto”, añade.

Y Benedetti cierra advirtiendo que “como el licor y otro tipo de ‘vicios’, deben atenderse con pedagogía, estamos en mora de hacer campañas muy rigurosas asociadas a un consumo responsable, tal y como se hizo un poco más de un siglo atrás con el alcohol”.

Error en la comunicación

Ahora bien, para Echeverry, “el gran error” que ha cometido el presidente Gustavo Petro en este caso, y en otros anuncios que ha hecho y que también le ha generado muchas dificultades a su gobierno, “es que no tiene una comunicación asertiva del decreto”.

“Le ha faltado tener un buen equipo de comunicaciones que logre, de una manera mucho más amigable y sencilla, explicar muchas de las decisiones controversiales que él tiene, sobre todo partiendo del principio de que hay una oposición muy fuerte que se ha pegado de estos errores de comunicación para engrandecer unos problemas que desde el orden jurídico son muy claros, pero que desde el orden moral se pueden discutir de otra manera”, precisa.