Así viven los excombatientes de las Farc en el Valle del Cauca

El Valle del Cauca se ha convertido en un departamento receptor de población en proceso de reincorporación y la población es principalmente urbana.

Esas son dos de las conclusiones que arroja la ‘Caracterización de la población reincorporada del Valle del Cauca’ que la Universidad del Valle adelantó entre diciembre 2018 y febrero de 2019, por solicitud de la Mesa de Reincorporación del Valle, que agrupa las instituciones que trabajan por la implementación del proceso de paz con las Farc en la región.

En efecto, el 54 % del total de 368 excombatientes registrados en la región por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización no nació en el departamento, pero hoy habitan, especialmente, en los estratos 1 y 2 de los municipios de Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Dagua y Tuluá, aunque en general hacen presencia en 22 municipios. De ellos, el 49,3 % tiene intención de quedarse “para siempre” en el Valle del Cauca.

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De igual forma, del universo de reincorporados, el 79 % son hombres y el 21 % mujeres. El 33,3 % se reconoce como afrocolombiano y el 12,4 % como indígena. Además, el 20 % reporta algún tipo de discapacidad y el 51 % estuvo en la cárcel por cuenta de su vinculación con la extinta guerrilla.

El estudio de la Univalle también dejó en claro que el 72 % de esos excombatientes vive en zonas urbanas y el 28 % en el campo. El 68 % paga arriendo, el 21 % vive en casas de familiares y amigos y solo el 6,3 % es propietario.

Según el informe ejecutivo de la caracterización, “las principales dificultades que perciben los reincorporados son la inseguridad, la estigmatización y discriminación; la dificultad para la inserción laboral y consecución de ingreso; el incumplimiento por parte del Gobierno, y la pobreza, los bajos ingresos y el alto costo de vida”.

Por ello, allí se plantea la necesidad de que desde diferentes entidades “se apoyen procesos y actividades de reconciliación, así como una reincorporación con enfoque comunitario que le permita también a la comunidad donde se está asentando esta población beneficiarse de este proceso y hacerlo parte activa del mismo”.

De hecho, en la zona rural de Tuluá se ha establecido un espacio de convivencia entre excombatientes y víctimas del conflicto que se ha convertido en modelo a nivel nacional, que cuenta con el apoyo de entidades como la Secretaría de Paz del Valle, el Pnud y la Fundación Paso Colombia, entre otras.

Pero siguiendo con las cifras, se encuentra que del total de excombatientes asentados en la comarca, el 51,7 % vive únicamente de la renta básica, el 24 % complementa ese ingreso con actividades informales hasta sumar un millón de pesos, en tanto que el 23 % tiene ingresos de hasta tres millones de pesos. El 48,8 % trabajó alguna vez y el 11,1 % no está interesado en trabajar.

Al respecto, el informe indica que “los datos muestran que los hogares de los reincorporados están en un alto grado de vulnerabilidad respecto a los ingresos, ya que hay una alta dependencia de la renta básica (la cual hasta el momento está establecida hasta agosto de 2019) y de la informalidad laboral, lo cual significa empleos de baja calidad, no cotización para pensión, no cuentan con cesantías y sus ingresos no están asegurados”.

Por ello los expertos de Univalle recomiendan seguir avanzando en la formación para el trabajo, en la vinculación laboral formal a través de programas específicos en la empresa privada y en el acompañamiento a los proyectos productivos colectivos.

En cuanto a la preparación académica, el 28,7 % de los excombatientes es bachiller y el 22,5% tiene secundaria incompleta o no lo ha terminado. El14,4 % tiene primaria completa, el 22,5 % incompleta y el 7,1 % no está escolarizada. Se destaca que el 48,4 % está estudiando, dentro de los cuales el 60,3 % son mujeres.

Finalmente, el estudio muestra que el 53 % de los excombatientes que actualmente residen en el Valle del Cauca participan en algún grupo político y el 40 % no está interesado en participar en política.

Era un día normal de octubre del 2018 y en la casa de don Humberto el ambiente era de fiesta. Desde muy temprano las ollas ardían en el fogón de leña preparando fríjoles, arroz y cerdo frito para una treintena de almas.

La gran mayoría llegaría de Santa Lucía, Moreloro, Moralia y Venus, San Antonio, poblaciones todas de las zonas altas de Buga y Tuluá. Pero también habría comensales venidos de Cali, de la Gobernación del Valle y del Pnud.

Estos eran los más importantes. O mejor, lo que ellos traían era lo más importante y el motivo de la alegría: una guadaña, una bomba de fumigar, algunos fungicidas y el compromiso de buscar financiación para los proyectos que ellos, los 33, tenían en la cabeza.

Un criadero de pollos, animales que les garantizaran leche y carne, tierra para sembrar mora y tal vez un criadero de trucha. Todo lo habían soñado en El Oso, Tolima, adonde tuvieron que irse a hacer la dejación de armas, porque en el Valle del Cauca no dejaron montar ninguna zona veredal.

Un año alcanzaron a aguantar allá, muy cerquita de Marquetalia, donde se dice que todo empezó para las Farc. Pero sus raíces, su familia y hasta sus historias de guerra estaban en las estribaciones de la Cordillera Central.

Por eso, tan pronto lo pactado en La Habana les dio libertad de movilización, regresaron al Valle del Cauca sin saber que protagonizarían una historia que sería pionera a nivel nacional: ellos, los 33, conformaron una suerte de zona veredal espontánea en la que no solo tenían cabida excombatientes sino también víctimas del conflicto.

“Queremos trabajar con los campesinos que no tuvieron nada que ver con el conflicto para compartir nuestras ideas frente a los proyectos que nos han ofrecido el Pnud y la Secretaría de Paz”, dijo aquel día Deimer, uno de los presentes en la casa de don Humberto, ubicada en la vereda San Antonio.

Allí había varios exintegrantes de la columna móvil Víctor Saavedra, que para la mitad de la década del 2000, cuando la guerra se desbordó en la región, tenía influencia en esas lomas.

También asistieron varios exmilicianos y hasta moradores de la zona que, al ser señalados como “colaboradores” de la entonces guerrilla, prefieron enlistarse como miembros activos de las Farc y obtener los beneficios de la Paz.

Estaban contentos, pero también había miedo. Incluso algunos mencionaron en voz baja que grupos “extraños” habían sido visto merodeando por las montañas cercanas y que la falta de electricidad contribuía a que las noches no fueran muy plácidas.

Sin embargo, el temor fue adobado por la expectativa que les generaron los anuncios que les hizo el secretario de Paz del Valle, Fabio Cardozo, y que ellos plasmaron en una esperanzadora hoja de ruta que pegaron en la pared de la casa anfitriona.

“Con la ayuda de los beneficiarios,en aproximadamente 20 a 24 meses estén saliendo a mercado 27 bovinos de 400 kg. aprox.”, se leía en el ítem “Resultados esperados”.

Hoy, casi un año después, Alonso, uno de los reincorporados, dice que todo se cumplió. Que recibieron los terneros, las herramientas, los pollos, los insumos y que van a hacerse a una guardiola para secar café y tratar de montar un laboratorio para comprar el grano, con la ayuda de la ONG Paso Colombia.

Pero ni así hay ambiente de fiesta. Hace dos meses, el 14 de mayo, uno de los 33, quien en épocas de guerra fue conocido como Wilson Saavedra y ahora lideraba uno de los proyectos productivos, fue asesinado a la hora del almuerzo en un restaurante de la zona urbana de Tuluá.

Es por eso que algunos de sus excompañeros dicen que los cinco tiros que él recibió también hirieron la esperanza de un futuro en paz y trajeron de vuelta la zozobra a las faldas de la Cordillera Central.

Lo cierto es que a los cuatro hijos de Wilson, que vivían con él en Venus, nadie los ha vuelto a ver. Y también que muchos temen bajar de la montaña y han optado por tomar sus propias medidas de seguridad.

Incluso, la familia de Alonso le ha pedido que renuncie a su cargo de presidente de la cooperativa que hace dos años tan animadamente constituyeron en Planadas, al comprobar que hay personas que les toman fotos cuando bajan a hacer diligencias a Tuluá y que los siguen desde carros desconocidos.

Pero él tiene fe. Tiene sueños. No importa que de los 171 pollos que recibió se hayan muerto 40 “por falta de asistencia técnica”. Quiere sembrar tomate de árbol y seguir luchando por la cooperativa a la que ya se han sumado 33 víctimas, porque está convencido de que esas iniciativas productivas son las que les darán de comer cuando dejen de recibir el escaso salario mínimo pactado en los Acuerdos.

“Uno da hasta lo último, porque como líder tiene que seguir creyendo en el proceso de paz, pero no niego que el cuerpo mantiene temblando”.

Cerca de centenares de excombatientes se mueven en medio de los casi dos millones de personas que día a día transitan por las calles de Cali.

William, de 42 años y quien vive en el barrio Siloé, es uno de ellos. Su aspecto calmado y su hablar pausado no revelan que perteneció a la guerrilla del M19 y que en lugar de desmovilizarse terminó como miembro de la columna Gabriel Galvis de las Farc.

Lo que su familia, sus amigos y la sociedad ve hoy es a un hombre para el que la pintura parece haberse convertido en su salvación.

De esa labor y de su desempeño como electricista devenga lo necesario para subsistir, más allá de los $745.000 que cada mes recibe del Gobierno, gracias a que pudo adecuar un taller de pintura en el barrio Lleras, desde donde se ha extendido su fama en el oficio.

De hecho, El País lo encontró trabajando en la remodelación de un restaurante del barrio San Fernando, al que llega en su carro Hiunday y armado solo del cuchillo que necesita para pelar los cables de la electricidad.

Cuenta que uno de sus proyectos es comprar una casa en un barrio más residencial, tal vez Alameda o Champañat, no tanto porque esté aburrido de Siloé sino porque asegura que su identidad de excombatiente no ha pasado desapercibida para todos, como él quisiera.

Cuenta que han sido varios los seguimientos de los que ha sido objeto. “Un día, cuando tenía la moto, vi que me estaban siguiendo en un carro, así que me hice el bobo, di la vuelta y les salí adelante. ‘No me sigan’, les dije a las tres personas que venían en el carro; me miraron y se fueron”.

Por eso dice que cree poco en las medidas de seguridad que el Gobierno anuncia para evitar la muerte de más excombatientes. Su mejor defensa son las oraciones de su hija, quien lo invitó a asistir a la Iglesia Pentecostal. “Sé que Dios me lo cuida”, le repite casi a diario.

Pero por si acaso, tal vez el futuro de William se siga escribiendo en inglés. Su otro hijo, residente en México, quiere que se vaya vivir con él a Estados Unidos. Y aunque sería, dice, lo más contrario al que sigue siendo su pensamiento en términos de sistemas políticoeconómicos, no lo descarta.

Asegura, sin embargo, que primero tiene que cumplir su cita ante la JEP, porque reconoce que haberse acogido a la Ley de Amnistía fue la que le permitió salir de la cárcel de Vistahermosa, adonde fue recluido tras ser sorprendido cumpliendo tareas de miliciano para la exguerrilla.

Y también en Cali transcurre la vida de Horacio, quien tras pasar más de cuatro décadas como miembro de las Farc, hoy, a sus 61 años, es un estudiante más de Univalle.

Después de haberse agrupado en Planadas, Tolima, para hacer la dejación de armas, este antioqueño prefirió emigrar para el Valle del Cauca “porque aquí tenía más posibilidades de acceso a la educación tanto para mi como para mi hijo”, cuenta mientras lee sobre ‘Gobernanza & Posconflicto’ tanto para su vida como para uno de sus cursos de sociología.

Él, que para la época de los fallidos diálogos en El Caguán, fue nombrado como jefe de Sistematización sin haber encendido un computador en su vida, ahora es el responsable de la reincorporación en el Valle del Cauca.

Y desde ese cargo reclama que haya una política realmente estructurada en esa materia, que aminore la incertidumbre y la inseguridad que afecta tanto en el nivel físico como en el jurídico a los 368 reincorporados que intentan que la vida les dé una nueva oportunidad en este departamento.

Aunque el Valle del Cauca no cuenta con Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en varios municipios se han ido estableciendo comunidades de excombatientes.

Es por ello que, además de Tuluá, en Buga, Buenaventura, Dagua, Jamundí y Sevilla también se encuentran actualmente decenas de reincorporados que conviven en un mismo espacio y alrededor de proyectos productivos.

Justamente el pasado fin de semana se oficializó una nueva iniciativa en Sevilla, que beneficiará a campesinos

y a excombatientes, con el apoyo de la Alcaldía, la la Secretaría de Paz del Valle, el Pnud, el Programa Mundial de Alimentos y la Fundación Paso Colombia.