Familiares de diputados del Valle asesinados piden veeduría internacional a declaraciones en la JEP

Familiares de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por las Farc solicitaron vigilancia internacional para que se garantice la reserva de las versiones entregadas por los excombatientes a la JEP hasta que no se dicte sentencia sobre el caso.

En un comunicado divulgado este miércoles, trece allegados de los asambleístas manifestaron “nuestro malestar e indignación por las filtraciones que la JEP y las Farc hacen de información reservada entregada en las diligencias privadas”, refiriéndose a publicaciones hechas tras la comparecencia, el pasado viernes, de Héctor Julio Villarraga, conocido como ‘El Grillo’.

Como se sabe, el excombatiente señalado de estar a cargo de la custodia de los diputados al momento del asesinato de once de ellos, ocurrido el 18 de junio de 2007, fue citado a entregar una versión libre y privada a la que solo tendrían acceso las víctimas del caso acreditadas ante la JEP y sus abogados.

Sin embargo, al día siguiente El Espectador aseguró haber tenido acceso a uno de dos videos grabados a los asambleístas cuando estaban en cautiverio, los cuales, junto a una carta, fueron entregados al tribunal de paz por la defensa de la extinta guerrilla el día de la audiencia.

“Las Farc filtran información a la prensa buscando que esta saque notas en su favor, en las que presentan dicha información como un acto de colaboración y humanidad de su parte, cuando lo cierto es que su obligación como comparecientes es aportar todas las pruebas posibles, con el fin de reconstruir la verdad de los hechos, a perjuicio de pasar a la justicia ordinaria, en la que pueden pagar condenas de hasta más de 20 años de prisión”, sostienen en el comunicado.

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Agregan las víctimas que “ese tipo de filtraciones ocasionan que se afecte la verdad y se pierda la espontaneidad que se requiere. Es muy riesgoso que, sin tener el pleno conocimiento del contexto, se generen opiniones que pueden obstruir y alterar la Justicia, además de ejercer una presión indebida sobre los magistrados”.

Es por ello que, aseguran, enviaron solicitudes a Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, que ya tienen conocimiento del caso de los asambleístas del Valle del Cauca, para que designen veedores que le hagan seguimiento al mismo.

Pero el señalamiento también es contra la Jurisdicción Especial de Paz, que el lunes expidió un boletín de prensa con detalles de lo dicho por ‘El Grillo’, incurriendo, según los firmantes del comunicado, “en flagrante violación a la reserva del sumario”.

“Es importante resaltar que la Justicia jamás se presenta en titulares de prensa sino en sanciones ejemplarizantes. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -Sivjrnr- debe ser respetado por la JEP y por los sujetos intervinientes. La seguridad de todos debe ser jurídica, los comparecientes y testigos no solo necesitan de un escolta, sino de la reserva de la información”, dicen en su reclamo.

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La Oficina de Prensa de la JEP negó que funcionarios de esa entidad hayan filtrado los videos que habrían sido grabados como parte de las pruebas de supervivencia de los diputados.

Durante más de siete horas se extendió la versión libre en la que Héctor Julio Villarraga reconoció su responsabilidad en la muerte de los políticos vallecaucanos, según información de la JEP.

“Asisto aquí para narrar lo que aconteció con los diputados del Valle porque el Acuerdo Final nos obliga a ello. Así como estuvimos tan comprometidos en la lucha armada, lo estaremos con el esclarecimiento de la verdad, en procura de sanar las heridas del conflicto”, expresó el excombatiente y agregó: “Les pido perdón al país y a los familiares de las víctimas por el dolor tan grande que les causamos. Ellos fueron secuestrados y murieron en nuestro poder”.

El boletín de prensa también indica que Villarraga describió en detalle cómo, siendo comandante del Frente 60, movilizó a los 12 diputados, entre mayo de 2002 y 2007, a través de los Farallones de Cali, la selva del Pacífico, los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), Argelia, López de Micay y El Tambo (Cauca) y Leyva, El Charco e Iscuandé (Nariño), luego de haberlos recibido de manos del Frente Urbano de las Farc “en muy malas condiciones de alimentación, ropa y salud”.

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Según la información del tribunal de paz, ‘El Grillo’ describió los vejámenes a los que sometieron a los asambleístas: marchas de hasta doce horas a través de la selva; alimentación precaria basada en legumbres y granos; exposiciones prolongadas a las inclemencias del clima; poca o nula privacidad cuando realizaban sus necesidades fisiológicas, y los momentos en que eran atados con cadenas a sus camas o árboles como castigo, entre otros.

En respuesta a las preguntas de los familiares de las víctimas, presentadas por la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del Caso 01 (Secuestro) de la JEP, Villarraga dijo que el objetivo principal del secuestro era mantener con vida a los diputados del Valle, pero que, atendiendo las instrucciones del entonces integrante del secretariado de las Farc, ‘Alfonso Cano’: “la orden era ejecutarlos si se presentaba un intento de rescate o si enfrentábamos una situación en la que podríamos perder el control” y que ‘Cano’ “era la única persona del Secretariado que recibía las novedades del grupo de los diputados”.

Negó haber recibido órdenes de Pablo Catatumbo o alias Pacho Chino, entonces comandantes del Bloque Occidental, pero aceptó que trabajó en cooperación con otros frentes y bloques del entonces Comando Conjunto de Occidente “por asuntos logísticos”.

Y sobre el momento del asesinato, Villarraga narró que la centinela que prestaba guardia en la zona le había informado sobre la extraña incursión de un integrante del Frente 29. “Pensé que el compañero de ese Frente había desertado y nos había llegado con el Ejército, porque disparó contra nuestra guardia”, precisó y dijo que los diputados fallecieron tras una sola ráfaga de disparos que tardó un minuto.

Ningún guerrillero murió en el hecho y, según el boletín de la JEP, Villarraga, siguiendo órdenes de ‘Cano’, limpió y enterró los cadáveres y procedió a entregar las coordenadas para que fueran entregados a una misión humanitaria encabezada por la Cruz Roja, lo que sucedió casi tres meses después en Cali.

De acuerdo con la JEP, los familiares de los diputados habían pedido que la versión de ‘El Grillo’ fuera pública, pero no se aceptó eso para evitar la revictimización de las víctimas.

Un total de 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de Hidroituango, según estableció la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El hallazgo se dio en el marco de las medidas cautelares de protección de lugares de inhumanización de víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, con los cuales la JEP busca establecer la verdad de los hechos ocurridos en esa zona del país.

A partir de esos datos, el tribunal de paz logró concluir que “en esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”.

Estas desapariciones habrían sido ejecutadas principalmente por los Bloques Mineros y Metro de los paramilitares, y los frentes 18, 36 y 5 de las Farc, además de unidades de la Fuerza Pública.

Los datos recogidos permiten constatar que este grave crimen tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996, con la irrupción de las AUC en Antioquia, en especial en Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 % de las víctimas).

La JEP avanza en la práctica de pruebas para contrastar la información allegada en relación con la existencia de lugares de inhumación en el área de influencia del proyecto de Hidroituango.