Implementación del acuerdo de paz con las Farc parece estancarse, ¿Se hundirá?

Las Farc como marca de guerra van a desaparecer. Hasta los más escépticos en el proceso de paz coinciden en que quienes dejaron las armas no van a regresar al monte a revivir la guerrilla.

Pero hasta los más afectos al Acuerdo de La Habana también saben que su implementación ha tenido momentos de crisis y que, de agravarse y no encontrar solución, el retorno de la violencia sería una de sus más probables consecuencias.

No es contradictorio. Para la Misión de la ONU en Colombia es claro que las Farc van pasando el examen, en términos de que se desmovilizaron y dejaron las armas. Sin embargo, ese organismo también ha expresado su preocupación por el hecho de que algunos excombatientes se enlisten en las filas disidentes y en otros grupos al margen de la ley.

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Lo que dicen los defensores de la paz es que quienes han salido de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación con ese propósito no son más de 800 de las casi diez mil personas que las Farc certificaron como miembros de su organización. Pero lo que aseguran los que están preocupados porque el Acuerdo “va hacia un despeñadero” es que es urgente que el Gobierno Nacional corrija el rumbo de la implementación.

¿Cuáles son los inconvenientes por los que el proceso de paz parece haberse estancado? ¿Qué riesgos están corriendo los colombianos con los desencuentros que se están registrando entre las partes? ¿Dónde estaría la solución a la crisis?

“A propósito de la situación registrada en Tumaco hace unas semanas, incluso el propio ‘Romaña’ dijo que ellos no iban a volver a las armas, que ya tomaron la decisión y que la van a hacer valer, pero el problema es que para la mayoría de la opinión pública el proceso de paz era simplemente desarmar a las Farc y evidentemente en su conjunto eso no es el proceso de paz y ni siquiera lo más importante”, asegura Alejo Vargas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional.

Para él, lo prioritario es la posibilidad de introducir reformas en la atención a regiones que tradicionalmente han sido excluidas “y eso no se ve claro que se esté haciendo” por parte del Estado colombiano, que “es muy bueno para firmar papeles, pero muy débil para ejecutar cosas”.

En el mismo sentido, Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de la ONU, sostiene que el proceso ha sido sólido en cuanto a que el cese el fuego se mantuvo “con muy pocos incidentes” y concluyó la dejación de armas de las Farc, pero reconoce que actualmente los principales desafíos tienen que ver con “darle a los exguerrilleros las condiciones socioeconómicas, jurídicas y de seguridad para que se puedan reincorporar a la vida civil”.

Uno de los grandes problemas de la implementación es que el Gobierno negoció en nombre del Estado, pero ahora el Congreso y la Justicia reclaman autonomía, lo que ha demorado la puesta en marcha de lo acordado.

Agrega que, contrario a lo que se cree, ese reto no está alejado de otro, que es el establecimiento del Estado en las zonas donde tenía presencia la guerrilla y donde se desarrollaba el conflicto: “Estamos hablando de la Fiscalía y la Fuerza Pública, pero también de las instituciones encargadas de llevar servicios de salud, educación, vivienda”.

Para él, que los guerrilleros tengan trabajo, proyectos, iniciativas productivas, unido a una efectiva presencia estatal, es el mejor antídoto no solo contra la proliferación de disidencias -que en un comienzo se había previsto que podría alcanzar hasta el 30 % del total de subversivos, pero hoy solo alcanza el 10 %- sino contra otros problemas estructurales del país tales como las economías ilegales.

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Es la misma preocupación que expresa el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien hace un llamado para que al proceso de implementación se le ponga “todo el apuntalamiento para que el Estado cumpla, las zonas veredales avancen y se transformen en ciudadelas, como algunos lo han iniciado, para se pueda evitar la deserción y el renacer de nuevas fuerzas violentas armadas por fuera de la ley”.

Él, que se ha distinguido por su respaldo a los diálogos con las Farc y el ELN, lamenta que la implementación de lo acordado en La Habana “esté siendo muy utilizado en forma política” y encuentra también razón en la preocupación que ya han expresado muchos habitantes de las regiones antaño más afectadas por el conflicto armado colombiano.

A su vez, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, para quien los reclamos de la ONU en torno a la poca eficacia de la implementación desde la oficialidad tienen total validez, plantea que el origen de la dificultad está en que mientras en Cuba se pactó una reincorporación colectiva, en el campo y dirigida conjuntamente, “el modelo del Gobierno es individual, en las ciudades y orientada por el Estado”.

De ahí que para él la solución a los escollos de la Paz está en que “el presidente Santos tiene que renegociar ese acuerdo de reincorporación para llegar a una coincidencia entre lo que piensan las Farc y el Gobierno”, entre otras cosas “porque eso fue negociado en el último momento”.

Pero además toca un punto que ya empieza a hacer eco en varios escenarios: “Si no tiene recursos internos (para ejecutar la implementación), pues tiene que buscar préstamos internacionales. Un préstamo en función del proceso de paz, la comunidad internacional lo va a entender. Hay veces que hay que hacer sacrificios y mover recursos pensando que el país los va a pagar a futuro”.

Sin embargo, para Carlos Charry, profesor de sociología en la Universidad del Rosario, la solución es menos costosa y más colectiva: “Lo más importante es que la sociedad civil, a través de las instituciones del Estado, ONG y movimientos sociales, le haga un seguimiento más serio a la implementación, porque los procesos de paz dependen en gran medida de la legitimidad que tengan y este proceso tuvo una fractura muy seria que se identificó con la pérdida del plebiscito”.

En su opinión, la apatía que pareció derivarse de allí no es un asunto de comunicación política por parte del Gobierno, “sino que la sociedad civil tiene que enterarse mucho mejor de la implementación del Acuerdo y de lo que implica para la sociedad” y “presionar a las partes negociadoras, pero especialmente en este caso al Gobierno”, para que se cumpla lo negociado y se logre sostener la disminución de las muertes por el conflicto armado, que es sin duda el mayor logro de la Paz.

Sin embargo, reconoce que es un gran reto, ya que el 75 % de los colombianos vive en regiones urbanas que no sintieron el mayor rigor de la guerra y donde tradicionalmente el Estado ha hecho más presencia.
Así, mientras Charry hace un llamado a la paciencia al recordar que en Guatemala hace dos décadas se firmó una paz con la guerrilla que aún no se termina de implementar, Vargas reitera que el verdadero éxito del posacuerdo no es que las Farc dejen las armas sino la posibilidad de que se hagan los cambios que se necesitan para tener un mejor país para todos los colombianos.

La tarea sigue pendiente...

"El respeto a la vida, que es lo fundamental, no está pasando y está el fantasma de la Unión Patriótica encima”, dice el analista León Valencia, sobre el que considera otro de los grandes riesgos del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
”Han muerto 17 personas ligadas a las Farc ya en proceso de paz, y eso es mucha gente, y han muerto 94 líderes sociales de las zonas de conflicto, donde se van a hacer las circunscripciones especiales de paz y eso es una cosa muy grave”, agrega.
También resaltó que exfarianos se “encuentren” con grupos criminales. “Allí hay un hueco, una cosa negra del proceso, pero ya no será un alzamiento político, siempre una disidencia y una preocupación”.