Los casos abiertos y las decisiones tomadas por la JEP en casi dos años de funcionamiento

En casi dos años de funcionamiento, un total de 12.168 personas se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, 9.713 son integrantes de las antiguas Farc, 2.375 son de la Fuerza Pública, 68 son agentes del Estado y 12 por protesta social.

Así lo dio a conocer el tribunal de paz durante la rendición de cuentas de sus actividades durante el presente año, que tuvo lugar en Neiva, en consideración a las graves afectaciones del conflicto armado que ha vivido esa región del país.

En ese acto se indicó que en estos dos años de funcionamiento la JEP abrió siete macrocasos: 01, secuestro por parte de las Farc; 02, sobre la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas; 03, sobre ‘falsos positivos’; 04, sobre la situación territorial de Urabá; 05, en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca; 06, sobre victimizaciones de la Unión Patriótica, y 07, sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado.

Ante estos casos, los comparecientes rindieron más de 200 versiones.
Entren tanto, la acreditación de víctimas, individuales y colectivas, ya supera las diez mil personas. Solo en Urabá fueron acreditadas cinco mil familias, en el caso 04, y en cuanto al 03 ya se han adelantado 160 versiones por parte de integrantes de la Fuerza Pública y se han acreditado alrededor de 400 víctimas.

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En el caso 01, se indicó que 350 mandos altos y medios, guerrilleros rasos y milicianos de las antiguas Farc aportaron verdad durante las seis versiones colectivas realizadas entre el 18 de noviembre y el 10 de diciembre por la Sala de Reconocimiento de la JEP.

Al respecto, el tribunal de paz afirmó que los excombatientes reconocieron su responsabilidad en los secuestros y brindaron detalles sobre la operación de varios bloques de la extinta guerrilla en Barrancabermeja (Santander), Llano Grande (Dabeiba-Antioquia), Icononzo (Tolima), Icononzo (Tolima), Pondores (La Guajira) y Miravalle (Caquetá).

De esta manera, explicó la Sala, los exintegrantes de las Farc respondieron a las 1.709 víctimas acreditadas que demandan verdad por este caso, de las que 754 ya solicitaron el traslado de dichas versiones para hacer observaciones y aportar pruebas.

“La Sala ordenó las ampliaciones bajo un esquema territorial, según las estructuras que componían a la antigua organización guerrillera y que tienen lugar en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr”, aseguró la JEP.

Sobre el mismo caso ya se han acreditado 49 personas con residencia en Huila y han presentado informes los excongresistas Jorge Eduardo Gechem Turbay, Orlando Beltrán, Consuelo González de Perdomo, Gloria Polanco y el exconcejal Armado Acuña.

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Según la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, hasta la fecha el tribunal de paz ha proferido 16.500 decisiones. Estas abarcan desde la aceptación o rechazo del sometimiento de quienes han pedido pista hasta la apertura de los siete macrocasos.

El primero fue abierto en julio del 2018 y el más reciente, el 07, en marzo de este año. Sobre ellos, Linares aseguró que antes de que inicie el segundo semestre del 2020 habrá una resolución inicial de conclusiones.

Este es el documento que emite la Sala de Reconocimiento, encargada de abrir los casos, para determinar si los comparecientes vinculados aportaron de manera suficiente verdad sobre los hechos del conflicto y aceptaron sus responsabilidades en estos.

A partir de esa resolución, los casos pasan al Tribunal para la Paz, que será el encargado de emitir las sentencias contra los comparecientes.

Aunque la magistrada no se comprometió a decir cuál será el que llegue primero a esa instancia, los más avanzados hasta ahora son el de secuestro y el ejecuciones extrajudiciales, por lo que es probable que sea uno de estos.

Por otra parte, en este tiempo la JEP ha enfrentado procesos polémicos, como la garantía de no extradición otorgada a ‘Jesús Santrich’, quien luego se rearmó y fue excluido de la Jurisdicción como “disidente armado manifiesto” del Acuerdo de Paz, al igual que ‘Iván Márquez’.

También debió operar los primeros meses del año sin la Ley Estatutaria, debido a las objeciones que el presidente Iván Duque planteó en marzo a seis artículos de la misma, lo cual finalmente fue resuelto, mediante un fallo, por la Corte Constitucional.

Ahora bien, debido a la importancia de la audiencia de la versión colectiva de los exmiembros de las Farc con respecto al secuestro, la JEP determinó llevar a cabo ampliaciones territoriales, así como realizó una audiencia en la cual las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) cuestionaron las versiones que los militares habían entregado hasta entonces sobre esas ejecuciones extrajudiciales.

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Otras acciones del tribunal de paz fueron las audiencias públicas en las que se indagó por los cuerpos de personas desaparecidas en la Comuna 13, de Medellín, la zona de influencia de Hidroituango, y varios puntos de San Onofre, Sucre, a partir de las cuales los magistrados tomaron unas primeras medidas cautelares para proteger los restos de esas víctimas.

El más reciente caso conocido corresponde “al hallazgo de una fosa en el cementerio de Dadeiba (Antioquia), con “más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, según la JEP.

La Jurisdicción reveló igualmente que hasta la fecha ha realizado la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales. También se recuperaron “numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas”.

De otro lado, el tribunal informó que trabaja en medidas reparadoras y restaurativas que deben realizar los comparecientes, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y de género.

Por todo ello, en días anteriores la Corte Penal Internacional reconoció los avances de la JEP, entre otras instituciones del país, respecto a delitos como los de violencia sexual y ‘falsos positivos’, en su evaluación sobre la “admisibilidad” de Colombia.

Cabe resaltar que en su más reciente informe sobre el avance de la implementación de los compromisos de género en el Acuerdo de Paz, el Instituto Kroc señaló que la JEP, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ha sido uno de los organismos que más ha avanzado en esa materia.

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Hasta ahora, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP ha expulsado a siete miembros de las antiguas Farc por incumplir sus compromisos con el Acuerdo Final de Paz: Hernán Darío Velásquez Saldarriaga; Iván Luciano Márquez Marín; Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich; Henry Castellanos Garzón; José Manuel Sierra Sabogal; José Vicente Lesmes y Leyder Johany Noscué Bototo, alias Mayimbú.

Por este último caso, anunciado el pasado 19 de diciembre, se reactivaron las órdenes de captura en contra de Noscué, dado que para la Sala resultó plenamente aprobado el incumplimiento grave del implicado a su compromiso de abandonar las armas y renunciar al conflicto armado.

A ‘Mayimbú’ se le acusa de ser líder de las columnas de disidencias de las Farc ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Jaime Martínez’ y de amenazas, asesinatos y ataques contra las comunidades del Cauca. Precisamente, uno de los grupos a su cargo sería el responsable del asesinato de Karina García, una candidata a la Alcaldía del municipio de Súarez en las elecciones de octubre pasado.

La exclusión de la JEP implica la pérdida de todos los beneficios y garantías otorgados en virtud del marco normativo que desarrolló el Acuerdo Final de Paz, incluidas la suspensión y la cancelación de órdenes de captura, amnistías, indultos y libertades.

La Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, rendir versión dentro del caso 03, ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.

La versión se llevará a cabo el 12 de febrero de 2020, a las 8:00 a.m., en la sede de la JEP, a donde podrán asistir las víctimas acreditadas que así lo soliciten.

A su vez, la Sección de Revisión rechazó la solicitud de garantía de no extradición presentada por Segundo Villota Segura, requerido por narcotráfico por Estados Unidos.

Villota pretendía presentarse como integrante de las antiguas Farc y miembro de una comunidad indígena del Cauca.