Los tropiezos en la implementación del acuerdo de paz en el primer año del gobierno de Duque

“Quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, donde se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la Paz, porque todos la queremos. Por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que recibimos, desplegaremos acciones para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición. También corregiremos fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación. Las víctimas deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad”.

Este fue el norte que Iván Duque Márquez trazó, respecto a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, el 7 de agosto de 2018, cuando asumió la Presidencia de Colombia.

Ese día, en el discurso de posesión, también dijo que “la Paz la tenemos que construir todos y para ello debemos tener claro la importancia de contar con una cultura de legalidad sustentada sobre el Estado de Derecho. Solo una sociedad donde la seguridad y la justicia garantizan la aplicación de la ley, logra derrotar la violencia”.

Y, dirigiéndose de manera tácita a las bases de excombatientes, agregó: “Creo en la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera. Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas. Estoy convencido y comprometido con buscar para la base de esas organizaciones, oportunidades productivas y velar por su protección”.

Un año después de esos anuncios y esas promesas, las opiniones están divididas entorno a qué tanto ha cumplido el Gobierno Duque esos compromisos.

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“Considero que le ha ido mal, porque basta ver lo que ha sucedido con los líderes y lideresas sociales y que no ha parado la persecución a las comunidades rurales que trabajan por la defensa de la Paz y por sacar adelante lo pactado”, sostiene Victoria Sandino, exguerrillera y hoy senadora por el Partido Farc.

Agrega que se refiere específicamente a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y de género (PDET), pero también a lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos.

“Lo que ha ocurrido en la práctica es que el Gobierno ha pretendido cambiar de manera unilateral el enfoque que tenía la Paz y el Acuerdo mismo. Es decir, para el Gobierno el Acuerdo que se firmó no es válido”, explica y anota que también “se ha visto en los cambios que han pretendido hacerle a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP”.

Sin duda las objeciones que el presidente Iván Duque presentó con respecto a la Ley Estatutaria de la JEP marcaron uno de los momentos más álgidos en lo que tiene que ver con la implementación de lo convenido entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la que era la guerrilla más antigua del continente.

El Ejecutivo, a su vez, insistía en que no se trataba de “volver trizas los Acuerdos” sino de desarrollar la política de ‘Paz con Legalidad’ de la que Duque habló al asumir la jefatura del Estado y que iba más allá de cambiar el nombre de las dependencias oficiales encargadas de materializar el Acuerdo del Teatro Colón.

Lo cierto es que las cifras entregadas por el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, indican que en los primeros doce meses de Gobierno esa entidad pasó de 2 a 29 proyectos productivos colectivos aprobados, por un valor de $21.335 millones y que vinculan a 1934 exintegrantes de las Farc.

Añade que, además, del total de proyectos, ha desembolsado recursos para 17 iniciativas por un valor de $9300 millones. y que se aprobó el Plan Estratégico del CNR 2019-2022, una herramienta de planificación para la gestión y seguimiento de las acciones relacionadas con la implementación del proceso de reincorporación.

“El Plan Estratégico funcionará como una hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución del proceso de reincorporación, sus objetivos y metas”, explicó Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Sin embargo, Henry Acosta, facilitador de los diálogos entre el Gobierno Santos y la guerrilla de las Farc, manifiesta que el actual Ejecutivo “comunica permanentemente que todo va muy bien, que están cumpliendo, unas opiniones muy positivas respecto a la implementación del Acuerdo Final, pero lamentablemente eso no es cierto”.

Según él, “de casi catorce mil excombatientes, solo a 180 se les entregó los ocho millones de pesos para la reincorporación y los proyectos colectivos” y señala que, paradójicamente, el primer proyecto que se aprobó fue para 70 exintegrantes de la antigua columna Teófilo Forero, en El Pato, Caquetá, que es donde estaba ‘El Paisa’, que fue el comandante más perseguido durante la época de las Farc y ahora.

“Los excombatientes no tienen manera de generar ingresos para tener una vida social y económica digna, no les dan empleo en las ciudades y no pudieron tener proyectos de vigencia prolongada”, afirma Acosta, antes de reconocer que hay ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) en los que hay algunos proyectos pequeños, “que adelantaron juntando el 90 % del salario mínimo que recibirán hasta agosto”.

“Por eso más de mil exguerrilleros están formado bandolas de 10, 20, 30 o 40 integrantes, fuera de los 1500 que tiene ‘Gentil Duarte’ y de los más de mil que tienen ‘Iván Márquez’, ‘Romaña’, ‘El Paisa’ y otros excomandantes. Es decir, hay 2500 excombatientes disidentes mal contados en el monte, ya armados y manteniendo la ideología fariana”, agrega quien le ha hecho seguimiento a la implementación de los Acuerdos.

Tal vez por eso Bibiana Clavijo, directora de Análisis Político de la firma Con-Propósito, habla de un balance de la Paz agridulce.

“Dulce en la medida en que ya se están viendo avances en los territorios, sobre todo orientados a los proyectos productivos y oportunidades de educación que están tendiendo algunos excombatientes de las Farc. La parte agria es que uno no ve una intención total del Gobierno por implementar de forma efectiva muchos puntos del Acuerdo y, por otro lado, las víctimas aún están muy expectantes de la reparación, porque si bien ha habido algunos pocos avances en verdad, la JEP hasta ahora está calentando motores y en reparación los resultados han sido pocos”, explica la investigadora.

Más allá de los inconvenientes presentados por la captura, liberación y desaparición de ‘Jesús Santrich’, Correa asegura que “lo más importante es que haya voluntad para materializar los Acuerdos. A grito herido lo está pidiendo la comunidad internacional y gran parte de la población colombiana y el Gobierno no puede ser sordo a todos esos clamores”.

A pesar de lo anunciado en su posesión, donde se indicó que se dedicaría a implementar los Acuerdos de Paz bajo un criterio técnico, durante el último año los colombianos hemos sido testigos de un gobierno que si bien no ha hecho “trizas” la Paz, si ha hecho de ella uno de sus principales campos de confrontación política. El intento de extradición de ‘Santrich’, pero en especial las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP -que implicó, por cierto, una paralización de importantes proyectos de ley en el Congreso-, entre otros temas, dieron testimonio de ello. De este modo, queda la sensación de que en la mayoría de estos frentes el Gobierno, antes que unir al país, lo que logró fue polarizarlo aún más.

Entre tanto, preocupa el afianzamiento de las organizaciones armadas ilegales en los territorios que deberían ser cobijados por las fuerzas estatales tras el Acuerdo de Paz. Es por ello que convendría reorientar el enfoque que el Gobierno le ha dado al tema, focalizando sus esfuerzos en lograr mayor efectividad en la contención de los grupos armados ilegales, así como en temas como la restitución de cultivos ilícitos, apoyando los proyectos productivos de los excombatientes y dando protección efectiva a los líderes sociales. Para ello se requiere “desplebicitar” la Paz, haciendo que esta sea percibida por los ciudadanos como una solución y no, como un problema más.
Carlos Charry, docente Universidad del Rosario

1. “Vamos a cumplirles a los que genuinamente están realizando su proceso de reincorporación”, les dijo Duque a los excombatientes al visitar un ETCR.

2. La captura de ‘Jesús Santrich’, tras ser pedido en extradición por EE. UU. por narcotráfico puso a prueba el Acuerdo de Paz en abril de 2018.

3. En marzo de este año Duq ue presentó seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP y prometió acoger el fallo de la Corte Constitucional al respecto.

4. Dos meses después, el alto tribunal determinó que las objeciones sí se habían hundido en el Congreso de la República, por lo que el Presidente firmó la ley.

5. Tras ser dejado en libertad y posesionarse como representante a la Cámara, ‘Santrich’ desapareció de la vida pública, lo que fue visto como un golpe al proceso de paz.