Casa por cárcel para la expersonera de Tuluá, Beatriz Eugenia Jiménez

La decisión judicial fue adoptada, luego de una audiencia en donde Juez escuchó los argumentos que expuso el Instituto de Medicina Legal, en el sentido de que en la cárcel de Tuluá.

El Juez Cuarto Penal Municipal, Jhon Édison Jaramillo, le concedió el beneficio de casa por cárcel, a la expersonera del municipio de Tuluá, Beatriz Eugenia Jiménez González, dentro del proceso que se adelanta en contra de la exrepresentante del Ministerio Público por el presunto delito de peculado por apropiación.La decisión judicial fue adoptada, luego de una audiencia en donde Juez escuchó los argumentos que expuso el Instituto de Medicina Legal, en el sentido de que en la cárcel de Tuluá, en donde se encuentra la exfuncionaria desde el pasado 20 de diciembre, no podía recibir el debido tratamiento por una cirugía baríatrica a la que se había sometido la imputada.Como se recordará, la expersonera de Tuluá se vio envuelta en una investigación relacionada con un presunto trámite fraudulento en un contrato para la reparación de 15 bancas del parque de la Sagrada Familia, ubicado en el barrio Nuevo Alvernia.Además, a Jiménez González se le acusa de los delitos de falsedad ideológica en documento público y celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, tras cinco denuncias que fueron formuladas por un ciudadano tulueño.En los mismos hechos está involucrada la contadora y pagadora de esa dependencia, Sonia España Loaiza, a quien el mismo juzgado le había concedido el beneficio de casa por cárcel, por ser madre de dos menores de edad.Las exfuncionarias fueron investigadas por haberle adjudicado un contrato por $7,5 millones a Pablo Cristian Rodríguez Martínez, un humilde carpintero de Tuluá a quien se le encargó la reparación de las 15 bancas de ese parque.De acuerdo con el testimonio que el contratista rindió en la Fiscalía, de esa cantidad de dinero solamente recibió la suma de $ 600 mil en pago por sus servicios más $ 900 mil para la compra de materiales.Otro de los agravantes, es que a su nombre giraron otro cheque por valor de tres millones quinientos mil pesos que cobraron en el banco Caja Social, dinero que le fue entregado a las funcionarias, “tal como se lo dieron en el banco”.En su declaración, Rodríguez Martínez manifestó que unos documentos que le mostraron en la Fiscalía, no correspondían ni a su letra ni a su firma.En la audiencia, se dijo además que la abogada, Luz Piedad Ruíz, quien actualmente se desempeña como personera encargada de Tuluá, se negó a ser la interventora de la obra, como se lo solicitó la titular del despacho, debido a que la funcionaria consideró que la naturaleza de la Personería no era la de ejecutar obras públicas.