Procuraduría acompañó proceso de entrega de predio administrado por la SAE en San Pedro, Valle del Cauca

La Procuraduría General de la Nación acompañó la entrega voluntaria del predio ‘El Líbano’, ubicado en San Pedro, Valle del Cauca, que era administrado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que había sido ocupado de manera irregular por miembros de la Confederación Jacobo Arenas.

La intervención del ente de control fue clave durante la promoción de mesas de diálogo para mediar entre las familias ocupantes y las autoridades nacionales y locales, para atender las necesidades de la comunidad y garantizar que el proceso se desarrollara en el marco del respeto por los derechos humanos.

Algunas de las acciones lideradas por la Procuraduría fue la realización de reuniones interinstitucionales, seguimiento al estado de las personas ocupantes del predio y visitas de verificación.

“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga gestionó un proceso de diálogo, en el que se desarrollaron varias reuniones institucionales, se escucharon requerimientos y se adelantaron visitas de verificación, entre otras acciones, y que obtuvo como resultado un acuerdo con las personas que habitaban en dicho lugar, quienes aceptaron abandonarlo de manera pacífica”, indicó el ente en un comunicado.

Agregó que “aproximadamente 50 familias aceptaron la entrega del inmueble, con la promesa de ser priorizados en próximas adjudicaciones de predios que haga el Gobierno Nacional, con el objetivo de cumplir con sus expectativas de adelantar diferentes tipos de proyectos productivos”.

Asimismo, en la jornada de entrega voluntaria del predio ‘El Líbano’ participaron de forma activa servidores de la Personería Municipal e hicieron presencia, el alcalde municipal, el inspector de policía y el comandante de la estación de policía de San Pedro y otras autoridades.

Finalmente, durante el proceso se resaltó por parte de la Procuraduría la importancia de “garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial en cuestiones de salud y educación, dado que muchos de ellos llevaban alrededor de un año sin poder asistir a ningún colegio”.

Por ello, también instó a las autoridades locales y nacionales a adoptar medidas para garantizar la inclusión de esos menores en el sistema educativo y que puedan tener un servicio de salud. Además, de solicitar que se mantenga un seguimiento a las familias desalojadas, para evitar que esa población adapte condiciones de vulnerabilidad extrema tras su desalojo del predio.

Este es uno de los cientos de casos similares de ocupaciones informales y restitución de predios. En ese sentido, la Procuraduría reafirmó su compromiso de seguir acompañando estos procesos.