Las causas de fondo de la tragedia que dejó más de 50 muertos en la cárcel de Tuluá

La tragedia ocurrida el pasado martes en la cárcel de Tuluá, en la que 51 internos murieron tras un incendio originado en una riña y un posterior intento de fuga, llega 24 años después de que la Corte Constitucional decretara la primera emergencia carcelaria en Colombia y las autoridades empezaran a ventilar la necesidad de reformar el sistema penitenciario.

De esa necesidad urgente se habló también tras la masacre de 32 internos en el año 2000 en la cárcel La Modelo de Bogotá; luego con los 23 asesinatos del 2014 en la cárcel de Barranquilla y más recientemente con la fuga de alias Matamba, y las imágenes del condenado empresario Carlos Mattos de paseo por Bogotá en una camioneta del Inpec.

La salida más fácil a cada escándalo, al que se suman las fugas; las fiestas de los internos en sus celdas con familiares y amigos; las peleas por el control de pabellones; el hacinamiento y las precarias condiciones de los internos, es casi siempre la misma: apartar del cargo al Director del Inpec o el responsable de cada reclusorio.

Esta crisis no se soluciona, explica el senador Carlos Fernando Motoa, apaciguando las aguas con la solicitud de renuncia de los directores del centro penitenciario, como estamos acostumbrados.

El Inpec solo se hace cargo del personal privado de la libertad en cárceles, no en inspecciones de Policía.

“Se debe presentar una reforma integral dentro de la reforma a la Justicia. Y no solo es la corrupción, en el interior del Inpec hay cerca de 85 sindicatos y eso también dificulta la interlocución y la puesta en marcha de un plan de mejoramiento”, señala Motoa.

Pero esa urgencia no trasciende los titulares de noticieros o portadas de diarios y es solo hasta que se presenta una nueva situación como la del martes pasado, cuando los ojos del mundo se posaron sobre lo ocurrido en el Pabellón 8 de la cárcel de Tuluá cuando la discusión regresa a la agenda.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, le aseguró a El País que “no hay duda que se requieren cambios estructurales” pero “estamos reduciendo la reincidencia a un 21% y trabajamos para que las personas privadas de la libertad, una vez cumplan su pena, tengan un proyecto productivo que les permita dejar la criminalidad y reintegrarse a la sociedad”.

20,24% es la tasa de hacinamiento promedio en las entidades carcelarias que tiene el país.

Algunos analistas, por el contrario, creen que el sistema penal y carcelario está diseñado para que se configure una crisis tan perfecta como la que hoy estamos viviendo ante la falta de una verdadera política criminal.

Si bien la responsabilidad directa de lo que ocurre en las cárceles recae sobre el Inpec, el modelo administrativo y el sistema de justicia aportan sustancialmente a la situación compleja en las penitenciarías.

El resultado no podía ser otro cuando la única manera que tiene el Estado para contrarrestar el aumento de la criminalidad y enviar un mensaje de seguridad al país es creando nuevos delitos y aumentando penas.

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Eso conlleva que más personas sean enviadas tras las rejas y por periodos más largos, mientras los cupos que se abren con la construcción de nuevas cárceles o pabellones sean siempre pocos y aumente el hacinamiento y se desmejoren las condiciones de los internos.

Gustavo Petro dijo que las cárceles parecen ser para cobrar venganza a quienes cometen un delito.

Según el abogado penalista Juan Francisco Navarrete, el hacinamiento es fomentado por el populismo punitivo, “donde erróneamente se ha creído que las crisis sociales generadas por las conductas criminales se pueden conjurar con el endurecimiento de las penas o la tipificación y castigo de más conductas, producto de coyunturas de connotación pública”.

“El populismo penal conlleva una tácita condición de proselitismo político que promociona la idea de que la represión penal es la herramienta apropiada para el control social, pero en realidad lo que se busca es que haya simpatía por la aparente atención a las crisis que el legislador reclama como un logro de gestión”, advierte el abogado Navarrete.

Situación agravada con los líos administrativos del sistema, como lo explica Elkin Cárdenas, vocero de la Unión de Trabajadores Penitenciario, UTP, en el Valle del Cauca. “Tenemos un cáncer que se llama la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) que es una planta convertida en un colchón burocrático, político, creado para manejarle los recursos al Inpec”.

81.175 cupos tienen las cárceles en Colombia y albergan hoy a 97.605 internos. 16.430 más.

“Con la Uspec le aplicaron la eutanasia al Inpec porque es una entidad que no funciona; y no lo dice el sindicato, lo dice la Procuraduría y la Contraloría. Y no va a funcionar mientras siga siendo una entidad politizada, donde la gente venga a mirar qué se puede llevar, la que maneje los recursos”, señala el vocero del sindicato UTP.

Curiosamente, la Uspec se creó en noviembre del 2011 para administrar los recursos del Inpec y evitar casos de corrupción. Su finalidad es “garantizar el respeto a la dignidad humana; el ejercicio de los derechos fundamentales y el bienestar de la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión”. La evidencia muestra lo contrario.

Otro de los guardianes, quien pidió no revelar su identidad asegura que nada de eso se ha cumplido porque las condiciones dentro del Inpec para los privados de la libertad y el personal de guardia y custodia son igual de precarias.

“El peor sistema de salud lo tienen los internos. Solo los atienden a través de tutelas y no les pagan ni a los médicos ni a las enfermeras; nunca hay medicamentos; es deplorable ver la alimentación que entregan los contratistas y hay que esperar hasta ocho meses para que autoricen un candado o los mismos elementos para el funcionamiento de la guardia”, dice.

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Harvy Mosquera, exdirector de la regional Suroccidente del Inpec, agrega que ante las falencias en los establecimientos penitenciarios y carcelarios es imposible postergar más la intervención al Inpec. “Esa reforma debe incluir la eliminación de la Uspec, una entidad intrascendente, lenta y poco visionaria. Así como la conformación de un Equipo de Control Interno Disciplinario, robusto y empoderado”.

El analista y politólogo Fernando Giraldo sostiene que los sitios donde más se violan los derechos humanos son las cárceles. “Los dos temas que registran más tutelas, demandas y reclamos ante la Procuraduría son de personas reclamando servicios de salud y en segundo lugar las cárceles exigiendo también sus derechos”.

“El sistema de salud de las cárceles da ganas de llorar. Pueden ser personas que cometieron algún delito grave, pero no por eso pueden ser tratados como en muchos casos lo hacen”, dice Giraldo.

Elkin Cárdenas explica también los líos con los cupos carcelarios. “La Uspec tiene la plata y el Inpec tiene los problemas. Se necesitan cupos y en Buga hay un pabellón que llevan cinco años construyendo y no lo han podido terminar; por eso digo que el Uspec es un cáncer que tenemos en el sistema carcelario”.

Una persona privada de la libertad le cuesta al Estado alrededor de $1,5 millones cada mes.

“Cuando pasó en pandemia el amotinamiento en la cárcel La Modelo de Bogotá, no habían gases ni medios para controlar un motín dentro del establecimiento. Los gases estaban vencidos, los chalecos vencidos y uno tiene que ver cómo consigue un candado para poner en las puertas, pero cuando salimos a denunciar, somos víctimas de amenazas y atentados”.

Un estudio del Departamento Nacional de Planeación del 2011 concluyó que la población carcelaria crece más rápido de lo que el Estado puede construir cárceles y que ese esfuerzo presupuestal es insuficiente en la casi única estrategia para enfrentar la crisis: hacer más cárceles.

“En este gobierno hemos trabajado fuertemente para reducir el hacinamiento. Yo lo he dicho que quisiera hablar menos de cárceles y más de construcción de escuelas, hospitales e inversión social, pero desafortunadamente tenemos un alto índice de delincuencia y una normatividad amplia en materia y tenemos que dar respuesta a la necesidad de oferta penitenciaria”, explica el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

A la fecha hay 39.629 internos en el país realizando actividades educativas.

Con ese propósito se trabaja en la adecuación de nuevos cupos, sumados a los siete mil creados en el presente Gobierno y la construcción que se adelanta de tres establecimientos penitenciarios en Sabanas de San Ángel (Magdalena), en Pereira y en Riohacha para cinco mil cupos más.

Juan Sebastián Hernández, investigador del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Dejusticia, considera que los cupos son necesarios, pero que el país necesita una nueva estrategia de política criminal que atraviesa a todos los actores del sistema judicial y penitenciario.

“Esa estrategia pasa por reducir el número de personas que van a prisión llevando a las cárceles solo a quienes han cometido delitos graves y sancionando a otros responsables de conductas leves con penas alternativas como multas, prisión domiciliaria o trabajo social”, explica Hernández.

Agrega que “es necesario reducir la cantidad de tiempo que una persona pasa privada de la libertad y como tercera medida, un cambio en el modelo de enfrentar la criminalidad mediante la resocialización y no la venganza social”.

Empresas como Éxito, Arturo Calle y Mario Hernández apoyan los programas de resocialización.

-Aunque el Gobierno Nacional celebró como un triunfo una leve disminución en los casos de hacinamiento en el país tras la pandemia, analistas consideran que esos logros son discutibles.

-De acuerdo con los expertos consultados, en pandemia no se redujo el hacinamiento por efecto de una política seria, sino como resultado que muchos de los capturados no eran recibidos en los penales y se le trasladó el lío a los calabozos de la Policía.

-Tras un consejo de seguridad realizado en la ciudad de Cali con motivo de lo ocurrido en Tuluá, las autoridades locales le pidieron al Gobierno Nacional descongestionar los calabozos de la policía porque presentan hacinamiento de más de un 500%.

128 establecimientos carcelarios tiene el país repartidos en 28 departamentos y en 6 regionales.

1. Corrupción: Más allá de la corrupción probada en el interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por casos de guardas que negocian la fuga de presos o el ingreso de elementos o sustancias indebidas en las cárceles del país, hay también carteles ocultos en ese cuerpo de guardianes que, se supone, deben velar por la seguridad de los recintos.

“Es triste reconocerlo porque hay gente con mucha vocación, pero hay otros que han conformado redes dedicadas al tráfico de drogas, que controlan líneas de extorsión desde el interior de los reclusorios o que terminan convertidos en parte de organizaciones criminales que tienen algún poderío dentro de los pabellones o patios”, revela bajo el anonimato uno de los integrantes del Inpec en el Valle.

Hace poco fue desarticulada una red de guardianes de la cárcel Modelo de Cúcuta que cobraba $1000 pesos por el ingreso de cada gramo de marihuana al penal y $2000 por cada gramo de cocaína.

“Lamentablemente son permanentes los hechos de corrupción evidenciados en el Inpec, es elevado el número de funcionarios destituidos y tal vez, irreparable la desconfianza que tiene la ciudadanía frente a la Institución. Por eso la necesidad de una reforma”, agrega el exdirector de la regional Suroccidente del Inpec, Harvy Mosquera.

Como corrupción califican también que una entidad que apenas supera los 10.000 integrantes, tenga 85 sindicatos establecidos.

2. El control de patios: En las principales penitenciarías del país están reflejados varios de los problemas que en materia de seguridad aquejan a la sociedad colombiana: microtráfico, amenazas, extorsión, homicidio, hurto y lesiones personales, entre otros.

Los pabellones y patios de los mayores centros penitenciarios, explica el analista Freddy Patiño, se han convertido en una extensión de territorios conquistables para las organizaciones delincuenciales que se disputan las rentas criminales.

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“En cada uno de los patios hay una figura conocida como ‘pluma’ y que en muchos casos con la complicidad de personal del Inpec, sigue siendo un líder criminal dentro de la cárcel. Una dignidad que solo se gana tras una manifestación de máxima violencia”, explica.

Los ‘plumas’ son la ‘autoridad’ y actúan con grupos de hasta 20 escoltas que se encargan además de hacer el trabajo sucio para conservar el orden dentro del patio y evitar que otro grupo intente asumir el preciado mando. Un vocero con línea directa con los funcionarios del Inpec y los mismos directores de las penitenciarías a la hora de expresar reclamos.

“En las prisiones, los que mandan son las famosas plumas de cada patio. El Inpec se convirtió en poco más que el intermediario entre bandidos. Provee una seguridad básica donde debería, por lo menos, garantizar el imperio de la ley. La ironía de que en la prisión es donde más manda el hampa es francamente insoportable”, señala el analista Gustavo Orozco.

3. Hacinamiento: El hacinamiento conlleva inevitablemente al desmejoramiento de las condiciones de salubridad del personal privado de la libertad y es un mal endémico en casi la totalidad de las cárceles del país.

Uno de los casos más graves lo registra la cárcel Villa Hermosa de Cali, que alberga a 4.557 internos, cuando su capacidad máxima es de 2046. Es decir, un nivel de sobrepoblación carcelaria del 122,7%, de los más altos del país.

Para el caso del Valle del Cauca, su capacidad de albergar a personas condenadas o sindicadas en sus nueve establecimientos carcelarios es de 10.627 cupos, pero a la fecha se encuentran 14.260 personas privadas de la libertad. Una sobrepoblación de 3.633 personas que representan en promedio un hacinamiento del 34,2%.

En concepto del abogado penalista Juan Francisco Navarrete, el hacinamiento carcelario es producto, entre otras graves causas, de una pésima administración por parte del Estado, la falta de infraestructura y un modelo obsoleto que no cumple con los fines previstos para las penas con lo que la violación a las garantías mínimas de los reclusos ha obligado a la Corte Constitucional a darle un deshonroso lugar entre el estado de cosas inconstitucionales”.

La desproporción, agrega el senador Carlos Fernando Motoa, radica en que se están construyendo más cárceles, “pero es más el número de condenas y de detenidos por los delitos que la ley ordena la privación de la libertad. De modo que es una relación indirectamente proporcional”.

4. Politización: Muchos de los cargos directivos y de funcionarios en las cárceles del país hacen parte de las tortas burocráticas que manejan congresistas y dirigentes políticos a su antojo o necesidades.

La propia Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), politizada y creada para administrar los recursos del Inpec y blindar esa entidad de la corrupción, acumula varios escándalos por los mismos males que prometió combatir.

Irregularidades en la adjudicación de contratos de alimentación e infraestructura, celebración de contratos sin las respectivas pólizas o con pólizas falsas, tráfico de influencias y actos de corrupción en los contratos de alimentación para la población privada de la libertad, entre otros.

Curiosamente varios de los funcionarios que velaban por el correcto manejo logístico del sistema carcelario en el país han terminado experimentando la crisis dentro de sus propias celdas.

Y en manos de la contraloría y la Procuraduría hay también varios procesos contra funcionarios por irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.

“Creo que el Inpec necesita una reforma urgente y esperaríamos que el electo presidente realice esa cirugía de manera radical. Que acabé con esa cantidad de sindicatos, que se profesionalice a los miembros de la guardia penitenciaria y con los directores que al caso convenga si bien civiles, policías o militares para acabar con eso que a todas luces es ilícito”, concluye el analista en seguridad John Marulanda.