Vivir en medio de los bandidos: así es el nuevo calvario que padecen los campesinos colombianos

Hambre, sed, pero más que otra cosa, miedo. Eso siente usualmente Santiago C., un habitante del resguardo Las Delicias, a pocos kilómetros de la vereda San Gregorio, zona rural del municipio de Buenos Aires, en Cauca. El miedo es porque todos los días puede morir por una bala, como le pasó en enero a Breiner David Cucuñame, quien apenas tenía 14 años, y días después a Albeiro Camayo, uno de los líderes de la zona y antiguo coordinador de la guardia indígena.

El hambre y la sed es porque allá los que mandan son los armados, específicamente la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y ellos muchas veces ordenan que la población se confine en sus territorios.

En su resguardo han resistido, la guardia ha hecho control territorial, tratando de mantener a los guerrilleros al margen de sus fronteras, pero el problema es que el enemigo ha mutado, ha evolucionado y ahora es más difícil de reconocer porque vive entre ellos.

Santiago cuenta que desde el 2016, después de la desmovilización de la extinta guerrilla de las Farc, la disputa por quedarse con el control del territorio hizo más feroces a los combatientes, pues empezaron a usar la violencia para hacerse a más espacio y poder sembrar cultivos ilícitos.

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8.231.887 colombianos han sido afectados por el desplazamiento forzado por cuenta del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas. Este es el delito que más ha impactado al país desde el inicio de la violencia política.

Dice que no sabe de dónde sale tanto dinero, pero que cada vez son más los habitantes de la zona que sucumben a los enormes pagos que están haciendo por sembrar hectáreas de coca para extraer cocaína.

Asegura que entre los verdugos de Breiner David hay al menos cuatro habitantes de la vereda San Gregorio, y que uno de ellos incluso iba al mismo colegio, pero fue reclutado y ahora, en lugar de libros, carga un fusil.

Lo que también está ocurriendo es que foráneos están comprando extensiones de entre siete y diez hectáreas de tierra, pero nadie parece conocerlos ni saber cómo llegaron allí.

En el Pacífico la situación es similar. La Defensoría del Pueblo dice que los habitantes del Consejo Comunitario del Bajo Calima, en Buenaventura, y las comunidades del Litoral del San Juan, en Chocó, están atenazadas por la presión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN, que rompieron una alianza criminal que tenían y ahora están matándose.

Pero, igual que un virus, la violencia se extiende y crece. En poblaciones como López de Micay, Guapi, Puerto Merizalde, Yurumanguí y Timbiquí, el azote se llama Frente 30 de las disidencias y Segunda Marquetalia.
De acuerdo con Víctor Campaz, defensor delegado para la región pacífica, hay denuncias de que hay combates que han dejado muertos y heridos en estas poblaciones. Los enfrentamientos son por el control territorial.

274.000 personas fueron afectadas por distintas dinámicas asociadas a la violencia armada en el primer trimestre de este año, lo que representa un 621 % más que el mismo periodo de 2021.

El funcionario dice que uno de los efectos más preocupantes de esta situación es el desplazamiento. Asegura que, en lo que va corrido del año, solo del sector rural de Buenaventura 740 familias abandonaron sus hogares, muchos de ellas se trasladaron a Cali. Otras 136 se movieron para el casco urbano del puerto.

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU para Colombia (Ocha, por sus siglas en inglés) entre enero y febrero 13.700 personas fueron desplazadas en eventos masivos. En 2021, la cifra total sumó 147.567, de los cuales 63.400 siguen sin regresar a sus hogares.

Asimismo, 48.000 personas estuvieron en situación de confinamiento, lo que significa un incremento del 394% respecto al mismo lapso de tiempo del año pasado. De ese total, el 87 % se encuentra en el Chocó.

El Defensor Regional dice que el reciente paro armado que impuso la guerrilla del ELN, entre el 23 y el 26 de febrero, interrumpió las actividades cotidianas de pesca, caza y agricultura, de las que dependen las comunidades para alimentarse porque mantienen comercio con Buenaventura. En Cauca esa guerrilla realizó once acciones violentas en ese periodo, entre ellas ataques a medios de transporte e infraestructuras viales, entre otros.

Actualmente, 767 personas de 287 núcleos familiares se encuentran desplazados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Todo se debe al conflicto entre grupos armados.

Los violentos usan otro método para controlar áreas grandes de terreno y evitar el asedio del Ejército y es sembrar minas antipersonales, lo que contribuye a que las comunidades se confinen por miedo a ser víctimas.
Según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el primer trimestre de este año se registraron 218 víctimas de explosivos, que incluyen minas antipersonal, artefactos explosivos de detonación controlada y artefactos lanzados. Del total de afectados, nueve nueve perdieron la vida.

Lo más preocupante es que en el mismo periodo del año pasado el organismo registró 157 eventos, lo que significa un aumento del 38,8 % en las víctimas en 2022.

Ese control territorial por parte de los ilegales acarrea otro grave problema para los habitantes de esas zonas y es la vulnerabilidad de niños, niñas y jóvenes al reclutamiento forzado.

Entre marzo de 2020 y enero de 2022, la Defensoría del Pueblo reportó 114 casos. Los departamentos en donde se registra esta situación son Caquetá (33), Cauca (18), Antioquia (9), Putumayo (10) y Tolima (8).
Además, el 24 % de las víctimas pertenecen a poblaciones étnicas; un 4% a la población afrodescendiente y 20 % a pueblos indígenas. Y, del total de los casos, el 83 % ocurrió en zonas rurales.

Todo este purgatorio que viven muchos colombianos, no solo en el Cauca y el Pacífico, sino en enormes extensiones del territorio nacional, es creado porque, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, actualmente en el país hay activos seis conflictos armados: cuatro entre el Gobierno de Colombia y el ELN, el Ejército Popular de Liberación (EPL), también conocidos como Pelusos; Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como Clan del Golfo, y las estructuras de las antiguas Farc. Y el EPL y el ELN también están en confrontación. Pero más allá del número, lo trágico es que, como siempre, el miedo, la sed y el hambre la sienten los inocentes.

Esta semana, en un solo día, siete personas murieron en enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia y la Fuerza Pública en Cauca.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el pasado 2 de enero cada día un promedio de 38 personas han tenido que salir de sus terrenos.
Esto ocurre por la constante situación de violencia entre los grupos armados ilegales, que ha generado desplazamiento forzado.

Con la muerte de cuatro personas el fin de semana pasado, entre ellas dos menores de edad en Arauca, ya son 146 los homicidios que se han reportado en lo corrido del año en este departamento, de los cuales 5 eran líderes sociales.

Las confrontaciones entre el ELN y facciones disidentes de las Farc han manteniendo en confinamiento, amenaza y riesgo de desplazamiento a los habitantes de 14 veredas de Puerto Rondón, 17 en Tame, 15 en Arauquita y 9 en el municipio de Arauca.

Desde que se inició el año, en total 3860 personas se han desplazado internamente en Arauca y más de 3300 tuvieron que huir de Venezuela a los departamentos colombianos, huyendo de conflictos en su área.