Alerta: aparecen más construcciones en reservas ambientales de la zona rural de Cali

“Como por acá hay tanto árbol, lo que hacen es construir en medio de todo, y cuando ya tienen la casa lista los cortan como si nada”. La denuncia la hace un habitante del corregimiento El Saladito . El señor, quien prefiere omitir su nombre, “porque cuando se habla de invasiones uno se arriesga”, asegura que sobre ese corredor cada vez aparecen más edificaciones irregulares: “son áreas de protección ambiental y no debería construirse ahí”, precisa.

Marleny Angulo, corregidora de El Saladito, señala que tienen cerca de 28 procesos abiertos por las construcciones que se han dado en el sector. “La mayoría son personas que vienen y construyen un rancho, después lo mejoran. Esa es una zona de reserva forestal y así sea propiedad privada tienen restricciones, pero la gente no entiende eso y siguen construyendo”.

En la vereda Montañuelas hay otros 30 procesos abiertos, según la corregidora, y se han realizado 19 desalojos. Sin embargo, Carmenza Bolaños, líder de ese asentamiento, asegura que en su territorio hay 160 viviendas y nadie más puede entrar: “aquí no hay invasiones, cualquier casita nueva o cualquier cosa inmediatamente se llama al comandante. Las personas que están aquí tienen más de 30 años”.

La alerta por la proliferación de invasiones y construcciones irregulares en áreas de protección ambiental de Cali se ha agitado en las últimas semanas, tras las denuncias hechas desde entidades como la CVC y el Concejo de Cali.

“En Pance hay que hacer una intervención integral, nosotros no podemos seguir permitiendo la invasión de ese sector, hay muchas viviendas subnormales”, dijo el director de la CVC, Marco Antonio Suárez.

Para el concejal Fernando Tamayo, los procesos que tienen que ver con los Farallones de Cali “están absolutamente abandonados”.

El cabildante señala que en una carta enviada por habitantes de los corregimientos de Los Andes y Pichindé, se denunció que por la falta de guardabosques (contratados por el Dagma), varios predios dentro del Parque Farallones están siendo objeto de intento de invasiones, conatos de incendios y extracción de material vegetal.

“Al proceso con el que venía la administración anterior, de utilizar guardabosques, que eran personas de los mismos sectores que se encargaban de la vigilancia de la tala, de las invasiones, no se le ha dado continuidad, entonces ha generado que la preservación de los Farallones venga decayendo. Lo otro es que se están tumbando indiscriminadamente bosques nativos para posteriormente invadir, pero también para generar todo un cartel de venta de madera”, señala Tamayo.

Según habitantes de Los Andes, que tampoco quisieron revelar su identidad, a finales de enero en el predio de conservación Piedragrande se generó un incendio, que afectó parte del bosque, mientras que en el predio La Yolanda, las autoridades desmontaron una estructura en madera que se levantó sin permiso.

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Actualmente, Parques Nacionales Naturales tiene activos 264 procesos sancionatorios por diferentes presiones que se están generando en el Parque Farallones de Cali. De estos, 156 corresponden a temas de infraestructura (incluye las construcciones irregulares), 38 a minería, 44 a talas y 26 por otras situaciones como el turismo no regulado o quemas.

Esta situaciones se han reportado en los corregimientos de Los Andes, Pichindé, La Leonera, Felidia, Buitrera, Villacarmelo, Pance y en las cuencas de los ríos de Jamundí y Dagua. La mayoría de sancionatorios se han aplicado en Los Andes, con 127 procesos, de los cuales 83 son por infraestructura.

Robinson Galindo, director territorial de Parques Nacionales, señala que la reciente pavimentación de la Vuelta de Occidente entre Venteaderos y Pichindé, sin la existencia de puestos de control en ese tramo, ha hecho que el problema de las invasiones tome más fuerza y en los últimos seis meses se han construido alrededor de 50 viviendas de manera irregular.

“Son invasiones porque la mayoría de estas personas no tienen documentos. No es una invasión masiva, pero 50 casas nuevas tanto en zona de reserva como en parques es bastante en tan corto tiempo, y uno le pregunta a la gente por los papeles y la mayoría son compraventas, pero saben que eso no está permitido”, dice Galindo y añade que en la mayoría de casos se trata de habitantes de la zona “que van haciendo construcciones nuevas, cogen un pedacito al lado y de ahí empiezan a construir o a vender a gente de afuera”.

Sin embargo, el término de ‘invasión’ es rechazado por habitantes de estas zonas protegidas, como Ayadith Ortega, presidenta de la Junta Administradora Local de Los Andes, quien asegura que “una invasión es cuando entra una población de una forma agresiva a tomarse un espacio”.

“Aquí no hay invasiones, hay unos poseedores, gente que siendo compradores de buena fe adquirieron predios, unos predios donde el Estado coadyuvó porque incluso hay gente con escrituras públicas, entonces la falta de presencia del Estado hizo que estas poblaciones estén de forma irregular en esos sectores, pero es una población que lleva 15, 20, 30 hasta 40 años allí y ya adquirieron unos derechos”, afirma.

La líder añade que detrás de las denuncias de intentos de invasión hay intereses relacionados con contratación: “resulta que el Dagma se inventó dar unos cupos de trabajo a unas personas para supuestamente ser cuidadores de los bosques y del corregimiento (guardabosques), como esta gente no se ha contratado y hay muchos que están con cabida política, decidieron hacer una carta, donde incluso no toda la comunidad que firmó sabía para que era, y decir que debido a que no hay esta gente en el terreno hay invasiones nuevas y hay de todo”.

El Director regional de Parques Nacionales asegura que lo que está ocurriendo en estas zonas de reserva debe ser abordado de manera interinstitucional y precisamente, el próximo mes se realizará la firma de un acuerdo para la conservación de los Farallones, donde participarán entes como la Gobernación, Alcaldía, CVC y Parques Nacionales.

Sobre el reclamo por los guardabosques, Carlos Calderón, director del Dagma, asegura que la entidad está en el proceso de contratación de 21 guarda- bosques. “El programa los mantenemos y vamos a fortalecer, porque estas personas son imprescindibles para el cuidado de nuestros predios de conservación”, dice Calderón.

Frente a las invasiones, César Lemos, asesor del despacho del Alcalde para el tema de asentamientos humanos precarios, afirma que el tema es una prioridad para esta administración y se está trabajando en una estrategia integral que quedará plasmada en el Plan de Desarrollo.

Una de las tareas que se hará es formalizar la Unidad de reacción para el control de invasiones, que no existe dentro de la estructura administrativa.

“Pero no se trata solo de contener las invasiones, sino de ir más allá y recuperar todos los espacios que están siendo invadidos desde hace muchos años en áreas protegidas y en zonas de alto riesgo, y darle solución a las personas que habitan estos sitios”, precisa Lemos.