La casa a la que las autoridades ya pusieron el ojo está ubicada en la Comuna 22. Se trata de una residencia con piscina cuya propietaria alquila por $1.200.000 el día y en el que se reúnen varias personas para celebrar rumbas en tiempos de cuarentena.

“Ya tenemos identificada a la señora, pero cada vez que nos dirigimos al lugar, alguien da la alerta y la celebración se desactiva de inmediato. Estamos haciendo inteligencia para desmantelar esta actividad en flagrancia”, contó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali.

De acuerdo con el funcionario, desde que la cuarentena inició el pasado 25 de marzo en Cali, las autoridades han recibido cerca de 50 quejas por supuestas rumbas, pero no todas las quejas resultan ser ciertas.

“Por ejemplo, hemos ido en tres ocasiones al barrio Miraflores, en el oeste de la ciudad, por el caso de un hombre y su esposa que ponen música a todo volumen, que los vecinos nos reportan como rumba. Sin embargo, solo se incumple la cuarentena cuando hay una aglomeración de más de 10 personas o en una casa hay personas foráneas al hogar, lo que ayuda a esparcir el virus. En ese caso de Miraflores y otros similares, en cambio, lo que hacemos es solicitar que ponga el volumen en un nivel moderado”, explicó Dranguet.

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De hecho, la Policía solo puede imponer comparendos en flagrancia, pues es la única forma de determinar si las características particulares del caso ameritan una sanción de ese tipo, por lo que los videos o fotos por sí solos no bastan.

Hasta la fecha, las autoridades han logrado desmantelar siete rumbas. Dos de ellas tuvieron lugar en el barrio Mariano Ramos, en el oriente, en donde se reunieron grupos de 30 y 25 personas cada uno en la noche del pasado viernes 17 de abril.

“Eran dos rumbas que se celebraban parte en el espacio público y parte en la casa. También hemos desmantelado ese tipo de actividades en Comuneros, en donde estaban reunidos cuatro jóvenes, así como hace tres días uno en el sector de Floralia, en el norte de Cali, en donde descubrimos 27 personas. A partir de los siete operativos, se han instaurado cerca de 40 comparendos”, señaló el Subsecretario.

Pero los comparendos por $936.320 no son la única sanción existente, dado que también se encuentran las de tipo penal, con sentencias entre los cuatro y ocho años de cárcel.

“Un claro ejemplo de cuándo se podría imponer una medida de ese tipo es el hallazgo de 11 personas (entre ellas un menor de edad) dentro de un motel del norte de Cali, porque eso se constituye como un hecho que contribuye a la propagación del virus, pero ya es cuestión de la Fiscalía cuál será el procedimiento a tomar”, afirmó Dranguet.

Pero las denuncias ciudadanas no solo apuntan a rumbas que se realizan en espacios públicos, sino también al interior de unidades residenciales, en donde habrían aglomeraciones de personas foráneas de dicho sector.
Un habitante del barrio Gran Limonar, en el sur de Cali, le contó a El País:

“El viernes pasado, al menos 10 personas o más se reunieron en un apartamento para celebrar una rumba que inició a las 11:00 de la noche, se detuvo a eso de la medianoche luego de que viniera la Policía, pero que al rato continuó hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente”.

Según el ciudadano, las personas que estaban en el lugar ni siquiera eran habitantes de la unidad, por lo que el propietario los habría ingresado en su carro hacia el parqueadero para que la portería no se diera cuenta.
“Esta es la segunda vez que ocurre algo así en el sector y también tengo entendido que estos episodios se han replicado en los barrios Ingenio, La Hacienda y San Joaquín”, afirmó.

Para evitar que estos hechos ocurran, algunas unidades ya han tomado precauciones al respecto, como impedir la visita de personas ajenas al conjunto, prohibir el uso de puntos de esparcimiento en estos lugares y compartir mensajes constantes de prevención ante el coronavirus.

312 833 8914
es el número que la Alcaldía ha dispuesto para denunciar incumplimientos a la medida de aislamiento preventivo obligatorio, pero también para resolver dudas al respecto del tema.

Piden cárcel a irresponsables

A raíz de casos de pacientes diagnosticados con coronavirus que estarían incumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio en casa, la secretaria de Salud del Valle, María Cristiana Lesmes, pidió a las autoridades de la región que se impongan sanciones más fuertes, dado que dicho incumplimiento se convierte en un hecho de tipo penal.

“Estamos observando casos de personas que con coronavirus diagnosticado van a trabajar y ponen en riesgo a las demás personas, esto es motivo de denuncia penal y lo voy hacer ante la Fiscalía porque estamos ante una pandemia y es responsabilidad de todos guardar la cuarentena”, afirmó la funcionaria.

Una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($49.032.850) y desde cuatro a ocho años de prisión son las sanciones establecidas por violar la medida sanitaria que busca impedir la propagación del virus.

“Esto es un asunto de responsabilidad personal, para nosotros como autoridad es imposible pararnos en la puerta de la casa de cada uno para evitar que no salgan”, aseveró Lesmes, quien indicó que el incumplimiento es la razón principal por la que el Valle sea el departamento con más casos de contagiados por Covid-19 (sin contar a Bogotá).