El lío de convivir con bares, discotecas y otros vecinos insoportables en Cali

No poder conciliar el sueño porque el alto volumen de la música no los deja dormir. Llegar en su carro a las 11:30 p.m. a su lugar de residencia y no poder ingresar porque la entrada de la casa o de su garaje está bloqueada por otros vehículos. Perder a inquilinos porque ya no resisten vivir con tanta algarabía. Tener que observar los fines de semana muchachos vomitando, orinándose o drogándose en los andenes. Ver cómo los vecinos de hace marras se marchan del vecindario porque ya no resisten más la bulla y los atropellos…

Estas son solo algunas de las situaciones que padecen habitantes del tradicional barrio San Antonio, pero que también son la queja constante a lo largo y ancho de sectores residenciales de Cali como San Cayetano, El Peñón, Granada, Las Quintas de Don Simón o El Limonar, por culpa de bares y discotecas que se han convertido en vecinos insoportables.

Julián Ciro, uno de los voceros de la comunidad de San Antonio señala que, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial no permite en el barrio bares ni discotecas, en el sector hay varios establecimientos que están operando como tales. Incluso algunos tienen la fachada de restaurantes, tiendas o cafés.

Antes de reunirse con El País, aseguró Ciro, hizo un recorrido en el barrio e identificó cinco bares y una discoteca. “Caminar por la Calle Primera con Cuarta Oeste de nuestro barrio es como caminar en Granada. Demasiadas casas desocupadas y la presencia de bares. No es un solo vecino, es la comunidad la que está afectada por lo que está pasando, por eso hay preocupación. “¿Qué trae un bar? Ruido, inseguridad, carros parqueados en doble fila. Hay la necesidad de que los entes de control ejerzan su función”.

Entre las quejas más reiteradas de los residentes de San Antonio –algunos se abstuvieron de dar sus nombres – está la contaminación auditiva y las vibraciones que deben soportar en sus casas o en los patios de las mismas por la música electrónica que emana desde el bar Skyline, ubicado en el tercer piso del Hotel Terraza San Antonio.

Sobre este espacio en particular una fuente le indicó a El País que al establecimiento se le hizo medición de presión sonora el 19 de marzo de 2017 y se encontró que en él se superaban los niveles máximos permisibles para el sector, por lo cual se impuso una multa preventiva consistente en la suspensión de la actividad de expendio y consumo de licor en el tercer nivel y el uso de equipos de amplificación.

Sin embargo, según una vecina, las fiestas allí han seguido. “Antes abrían hasta las 2:00 o 3:00 a.m. y como los vecinos se han quejado mermaron el horario. Pero, por ejemplo, hace poco hicieron algo que llaman The Brunch que fue todo la noche del sábado y todo el día domingo”.

Asegura otro residente del tradicional barrio que en la Carrera Primera entre calles 4 y 5, donde hay bares que cierran la zona, 17 familias abandonaron sus casas porque la situación se volvió insoportable. “¿Quién puede vivir hasta las 3:00 a.m., oyendo música? Hay 17 casas abandonadas en una cuadra”, dice.

En Las Quintas de Don Simón la Junta de Acción Comunal asegura que la comunidad teme que su barrio, que es netamente residencial, llegue a convertirse en una nueva Carrera 66, zona de rumba en la Comuna 17, ya que llegó hace meses “un bar” al sector, ‘El sitio del Cantante del Gol’, ubicado en el Centro Comercial Acuarela (el Outlet de la 80).

De acuerdo con la JAC, los fines de semana en ese establecimiento había karaokes y el ruido era de unos decibeles altísimos. Por la presencia de ese bar, los residentes de los conjuntos residenciales Torres de Santorino, Girasoles y Tonoli son los más afectados, asegura una vocera de la JAC.

El periodista y comentarista deportivo Javier Fernández Franco, propietario del “Café bar”, manifestó a El País que a su negocio lo pueden ir borrando de la lista de vecinos insoportables porque pronto empezará la remodelación del sitio: le va a hacer encerramiento, pues el Centro Comercial se lo permitió, y lo va a insonorizar con vidrios y superboard para que no se escuche ruido. “Esto fue un convenio que hice con el Dagma”, expresa. Y aclara que solo en una ocasión se hizo bulla en el sitio por una fiesta improvisada, no autorizada por él. Y asegura que en el establecimiento solo cuenta con dos pantallas de televisión: “y no creo que el volumen de dos televisores haga gran escándalo”.

Pero si el sitio de Javier Fernández ya no será un problema, todavía a los de Las Quintas de Don Simón les queda un lío más grave por resolver: un lavadero de carros en la Calle Trece, por la bomba que está al lado del Supermercado Olímpica, que cuando está cerrado funciona como un rumbeadero para jóvenes que pueden ir llegando a las 4:00 o 5:00 de la tarde; allí consumen licor, estupefacientes y ponen la música a todo volumen hasta las 4:00 de la mañana. “La Policía nos dice que llamemos al dueño del predio, hemos querido hablar con él para ver si hace un cerramiento pero este nunca aparece; los dueños del lavadero son solo inquilinos. Ya no sabemos qué hacer”, expresan en la JAC.

Indignado por la situación que se vive en El Peñón está el comunicador social Ricardo Hincapié, quien señala que el barrio se llenó de discotecas ilegales, pues el POT no permite que haya ese tipo de establecimientos en el sector.

De acuerdo con este edil de la Comuna 3, las seis discotecas establecidas en El Peñón están vulnerando derechos a los residentes del barrio como a un medio ambiente sano, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho económico sobre sus propiedades, ya que, dice, sobre este último punto, los apartamentos del sector se desvalorizaron, porque, ¿quién quiere vivir en un barrio que tiene seis discotecas?, se pregunta.

“Tenemos sitios sobre la Carrera 2 Oeste, entre Calles 1 y 3 Oeste, que uno no sabe hasta dónde son bares y hasta dónde discotecas, son establecimientos nocturnos que expenden licor hasta altas horas de la noche. En la carrera 2 Oeste tenemos cinco establecimientos entre ellos, Roset y Sagsa que van hasta las 4:00 a.m., jueves, viernes y sábado, y domingo si el lunes es festivo”.

Yo me tuve que ir del barrio, cuenta, donde viví 17 años. La calidad de vida se deterioró tanto que nos tocó vender en 2015 el apartamento de 230 metros cuadrados por $220 millones. No es solo afectación de los derechos fundamentales sino económica. El Municipio está permitiendo que 2, 3, 5 empresarios ganen dinero, se enriquezcan a costa de los 50, 60 o 70 propietarios de apartamentos que hay en los alrededores. Es macabro lo que está pasando”.

Sobre la insistente queja de los ciudadanos afectados por discotecas y bares vecinos, de que las autoridades municipales no actúan rápidamente contra estos, Samir Jalil, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, comenta que los casos cobijados por la Ley 232 son largos y dispendiosos por todos los recursos que esta ley obliga por aquello del debido proceso, por lo que el cierre de un establecimiento puede durar dos o tres años.

“Al entrar en vigencia la Ley 1801 (Nuevo Código de Policía) esta nos obliga a que los procesos que ya vienen con la ley anterior (la 232) se sigan con el anterior esquema. Por eso es que hay gente que dice que si ya está el Nuevo Código de Policía por qué no cierran rápido este tipo de negocios. Es porque la ley nos exige a nosotros seguirlos con ese procedimiento”.

Ahora, aclara, el Código de Policía entrega en primera instancia el control de los establecimientos a la Policía del sector: que vea que tengan todos los papeles en regla, especialmente el del uso del suelo que lo da Planeación. Quien no cumpla se le aplicará una suspensión de 3 a 10 días; si reincide recibirá una suspensión hasta por tres  meses. Esta suspensión tiene recurso de reposición ante el inspector de Policía, quien le puede contestar en audiencias que ya son verbales, por eso los procesos son más rápidos. Y si el afectado pide recurso de apelación en segunda instancia el caso llega a la oficina de Inspección Vigilancia y Control.

“Nosotros determinamos si el proceso que tuvo la Inspección de Policía estuvo ajustado a la Ley y si es así, reconfirmamos la sanción y entra en vigencia, o sino, se cae la sanción”, concluye Jalil.

El funcionario agrega que la entidad que dirige hace, en coordinación con diferentes entidades de la ciudad, operativos conjuntos, semanalmente, contra este tipo de establecimientos.

40 medidas preventivas ha impuesto el Dagma por impacto de ruido. 35 de ellas consistieron en la suspensión del uso de equipos de amplificación y de expendio y consumo de licor. Realizaron 4 decomisos y 1 amonestación escrita.

30 de las medidas preventivas fueron impuestas a barras, estancos, discotecas y bares, es decir, el 70 % fue para este tipo de comercio.

​490 operativos contra el ruido ha realizado el Dagma en el primer semestre del año.
​
319 visitas ha hecho el Dagma a fuentes de ruido, 234 de ellas a sitios como bares y discotecas.

Usuarios de El País envían sus reportes y denuncias mediante algunos videos: