La polémica en torno al mural “Las cuchas tienen razón”, pintado en el puente de La Luna, al sur de Cali, no cesa. Este lunes, el diputado del Valle del Cauca Rafael Rodríguez presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra dos líderes del ‘petrismo’ en la ciudad.
La queja fue dirigida en contra del representante a la Cámara Alfredo Mondragón y la concejal de Cali Ana Erazo, argumentando que habrían promovido el uso irregular de bienes públicos con fines políticos.
Rodríguez calificó como una “violación de principios constitucionales y legales” las acciones de los servidores públicos, quienes, según él, debieron censurar en lugar de avalar estas intervenciones. “La infraestructura debe ser respetada y gestionada exclusivamente por la administración pública. Como servidores públicos, Mondragón y Erazo no tienen facultades para utilizar bienes del Estado en actividades políticas. Este caso requiere sanciones ejemplares para garantizar la transparencia en la gestión pública”, afirmó el diputado.
La denuncia, que ha dividido opiniones, señala la necesidad de proteger los recursos del Distrito y evitar que sean empleados como herramientas de expresión política. Rodríguez enfatizó que, en su criterio, este tipo de intervenciones vulneran los principios de legalidad y ponen en riesgo el orden institucional.
Un incidente que escaló la controversia
El caso tomó un giro aun más delicado tras los hechos ocurridos este lunes, cuando un militar retirado amenazó con un arma a los jóvenes muralistas que trabajaban en la obra. Este hecho motivó una respuesta contundente del representante Alfredo Mondragón, quien no solo condenó la agresión, sino que también cuestionó la liberación del responsable por parte de las autoridades.
“El militar que armado fue a vandalizar los murales en Cali debe ser investigado. Exigimos al alcalde Alejandro Eder garantías para la juventud popular de artistas y a la Fiscalía que inicie de inmediato la judicialización del caso”, expresó Mondragón desde la estación de Policía donde el hombre estuvo detenido inicialmente.
Además, el congresista reveló que el agresor supuestamente trabajó hasta hace poco para la Personería de Cali y que al momento de los hechos se desplazaba en una motocicleta oficial. “Lo que no pudieron con pintura gris, quieren lograrlo con balas. ¡La juventud popular no se rinde!”, afirmó, agregando que su libertad pone en peligro a los artistas y representa un grave precedente.
Mientras el mural continúa generando debate, la Alcaldía de Cali respaldó la intervención gráfica como una “expresión temporal” y anunció su modificación tras un proceso de diálogo con artistas y comunidades locales. En el Concejo Municipal, la concejal Daniella Plaza Saldarriaga llamó a que este tipo de iniciativas sirvan para unir a los caleños en lugar de polarizarlos.
Por otro lado, los defensores del mural insisten en que representa un acto legítimo de memoria y reivindicación social, dedicado a las madres de los desaparecidos en la Operación Orión. Sin embargo, las denuncias de Rodríguez han reavivado el debate sobre los límites de la gestión pública y el uso de bienes estatales en contextos políticos.