Este jueves 25 de abril, la directora de Hacienda de Cali, María Mercedes Prado, se reunió con los concejales de la Comisión de Presupuesto para discutir cómo se financiaría el plan de desarrollo de la Administración de Alejandro Eder, proyecto que se empezará a debatir en el Cabildo a partir de este viernes.
La preocupación del Gobierno local radica en que, por ejemplo, el presupuesto de $ 5,1 billones para 2024 genera limitaciones para el plan de desarrollo 2024-2027 y, según indicaron, no permite financiar de forma adecuada ni siquiera iniciativas estructurales, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los comedores comunitarios o la rehabilitación de las vías deterioradas de la ciudad.
“Tenemos un déficit presupuestal para cubrir gastos de operación y prestación de servicios que de no financiarse paralizaran la administración local, puesto que el déficit actual es de $ 1,4 billones”, manifestó la directora de Hacienda.
De forma concreta, se necesitan $ 4 billones de pesos adicionales para el plan plurianual (los cuatro años). Entre las estrategias de ajuste fiscal para lograr los recursos están generar eficiencia en el gasto, maximizar los ingresos, optimizar la estructura financiera de la entidad y mejorar las cifras de recaudo. También se ajustarían las rentas de libre destinación.
Sin embargo, la opción que se está evaluando y que más atención concentra sería la realización de dos nuevas operaciones de endeudamiento para Cali, las cuales se harían con agencias multilaterales a plazos de 14 años y con cuatro años de gracia, explicó Prado Daza.
Cabe recalcar que Cali ya cuenta con una deuda pública, en este caso con diferentes bancos del país. De hecho, se haría necesario realizar un reperfilamiento de este crédito, incluso aunque no se avance en las propuestas de nuevas deudas. El aplazamiento de pagos en las obligaciones actuales permitiría generar cuotas anuales más manejables, lo que liberaría en los cuatro años de gobierno de Eder cerca de $ 515 mil millones para usar en otros rubros.
Endeudar más a Cali no es algo para tomarse a la ligera, así lo tomaron los concejales. Además, bajo el mecanismo en que lo planteó la Administración, acudiendo a organismos multilaterales y externos, tendría que solicitarse el aval por parte del Ministerio de Hacienda para poder proceder.
Aun así, los cabildantes se mostraron receptivos. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Alexandra Hernández, comentó que “esas necesidades puntuales demandan recursos que seguramente podrían salir de la banca nacional o internacional, según lo determine el Alcalde y su equipo de gobierno”, mientras recordó que hay que fijar las prioridades en materia de inversión para la COP16, que para la fecha de aprobación del plan de desarrollo solo quedarían poco más de cuatro meses para el evento.
Por su parte, el concejal Fabio Arroyave afirmó que, desde su curul, estará atento a los requerimientos financieros del Gobierno local. “Si el Alcalde lo determina, puede radicar el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 y paralelo, los proyectos de ajuste fiscal, entre ellos, la solicitud de autorización para deuda publica o modificación al Estatuto Tributario”.
Pese al temprano visto bueno que se vio representado en las declaraciones de los concejales, también llamaron la atención de la Alcaldía sobre no generar pánico innecesario sobre la situación fiscal del Distrito, en especial al considerar que hay recursos de destinación específica que dejó el gobierno anterior, además de unos $ 500 mil millones del balance.
Al respecto, Audry María Toro aseveró que no hay razón para asustarse “porque la mayoría [de programas] están financiados con estampillas o fuente de destinación específica y la clave es el recaudo que se logre en el año (...) no hay por qué alarmarse, menos afirmar que hay desfinanciamiento, porque lo que se debe hacer es gestión”.
A su turno, el cabildante James Agudelo reconoció que Cali es una ciudad que requiere de fuentes de financiación y generar nuevos recursos, pero apuntó que cuando no se cuenta con un gran presupuesto, se deben cubrir las prioridades, como los programas sociales, mientras se hace la gestión financiera para lo demás. “Por eso el Concejo puede apalancar y estudiar esas alternativas con el gobierno, pero no podemos seguir generando alarmas de que no hay recursos cuando se debe administrar y gestionar”, añadió.