Aunque fue en noviembre del año pasado que la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali suscribió un contrato con Corfecali en el que se encargó el apoyo en actividades logísticas y la “implementación de una adecuada comunicación institucional de la gestión pública hacia la comunidad”, por $3.260 millones, las dudas respecto al convenio no cesan.

Esta vez las alarmas volvieron a encenderse entre veedores ciudadanos por la falta de claridad en torno a los resultados de un estudio de línea base para medir la percepción ciudadana frente a las acciones de la Alcaldía que fue encomendada dentro de dicho contrato y que no se han dado a conocer a la opinión pública.

Esto, luego que a través de un derecho de petición radicado ante la entidad oficial por el politólogo Nicholas Benedetti, desde la Alcaldía se contestara que dicha información no podía ser suministrada.

“Desde la publicación del contrato me llamó la atención la solicitud de la encuesta, por eso quiero saber qué se estaba midiendo y los resultados. Mandé el derecho de petición y me respondieron que los resultados no se podían revelar porque, supuestamente, esto comprometía la propiedad industrial de la empresa encuestadora. Esto es muy raro, porque yo no estoy solicitando metodologías, solo los resultados; se están negando a entregar la información con argumentos espurios. ¿Qué están escondiendo?”, cuestionó Benedetti.

En su respuesta al derecho de petición, la jefa de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, Luz Marina Cuéllar, afirmó que “conforme se estableció en la cláusula 24 del contrato No. 4112.060.26.1.342 celebrado con Corfecali, esta Corporación se obligó a guardar la debida y completa reserva y confidencialidad sobre la información y documentos que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del presente contrato”.

Corfecali debió subcontratar al Centro Nacional de Consultoría para que realizara las diferentes encuestas.

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Al respecto, el analista, quien impondrá una tutela para buscar obtener los resultados de dicho estudio, añadió que lo ocurrido “es muy grave porque lo que se está aduciendo es que Corfecali, que es una empresa pública, puede tener contratos de confidencialidad sobre recursos públicos y sus resultados. Sobre esa excusa, cualquier entidad pública podría decir que tiene reservas y no tiene porqué compartir información, lo cual es una afrenta al derecho de información”.

Para Elmer Montaña, abogado, “es un disparate darle la categoría de secreto a un contrato que no lo merece. Las informaciones que están reservadas están tipificadas en la ley, que son temas de seguridad nacional, víctimas y otros, no las encuestas de percepción que son pagadas con recursos públicos”, y agregó que “se está poniendo un manto de secretismo a los resultados de una encuesta que, por ejemplo, qué tal hubiera dicho que los caleños no estaban de acuerdo con el alumbrado navideño o la Feria Virtual. ¿Cuál fue el resultado de eso? Esto nos permitiría conocer realidades que hoy la Administración Municipal está empeñada en que no se conozcan”.

El País se comunicó con la Jefa de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, quien manifestó que entregaría respuestas a través de un abogado. Sin embargo, hasta la noche de este jueves no fue posible obtener réplica.