En la mañana de hoy la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia comunicó que “se inhibió de continuar la investigación en contra de 117 congresistas denunciados por presuntos hechos de corrupción” durante el trámite que reglamentaría el Acuerdo de Paz.
Estos hechos fueron denominados como el ‘cartel de la mermelada’ o ‘la mermelada tóxica política’ en medio del desarrollo del proyecto de ley que reglamentó todo lo relacionado con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado entre 2013-2014.
El Tiempo en su portal dio a conocer que el ente regulador dio a conocer que las denuncias se originaron por “supuestos actos de corrupción de entrega de dádivas, burocracia, cupos indicativos y contratación a miembros del Congreso para el trámite de esa ley”.
De acuerdo con eso, la Corte detalló que decidió no continuar con la investigación porque no encontró ningún indicio de que señalara que los congresistas “hubieran recibido ese tipo de dádivas ni beneficios”.
Añadió, asimismo, que “también encontró que las actividades desarrolladas estuvieron amparadas por la inviolabilidad parlamentaria”.
En la cuenta de Twitter de la Corte Suprema de Justicia, el ente detalló que “En la misma decisión, ratificó que en este proceso no tiene competencia para investigar a los ministros Mauricio Lizcano y Luis Fernando Velasco, ni al embajador Armando Benedetti, pues esta radica en la Fiscalía Nacional”. Los dos primeros son ministros de despachos, por lo cual la competencia es de la Fiscalía General de la Nación.
La denuncia data de 2013, cuando veedurías y ciudadanos como Ricardo Cifuentes Salamanca y Eduardo Carmelo Padilla interpusieron la acción por presuntas irregularidades en el trámite. El Espectador explicó que en la indagación se abrió a orden del magistrado Eyder Patiño, quien pidió abrir una investigación preliminar a todos los miembros del Congreso, según la Corte, para corroborar y verificar la supuesta mermelada.
De acuerdo con la queja planteada por Patiño, los congresistas, a cambio de puestos de trabajo para sus familiares, cupos indicativos, y la adjudicación estratégica de contratos, habrían aprobado proyectos de ley sin el debido estudio.
Además, El Espectador explicó que los denunciantes, miembros de la ONG Corporación Foro Ciudadano, adjuntaron en su momento a la queja varios fragmentos de noticias periodísticas y agregaron que los proyectos que se aprobaron a cambio de la “mermelada” estaban relacionados con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc que en ese entonces se estaba negociando en La Habana, cuando el expresidente Juan Manuel Santos lideraba el proyecto junto con Humberto de la Calle como vocero del proceso hasta que se firmó el acuerdo.
Adicionalmente, para la investigación se adjuntaron las pruebas que solicitó la Corte para documentar el caso, y le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría información de posibles denuncias por este mismo tema.
También, el alto tribunal buscaba la forma de comprobar si en la Casa de Nariño hubo reuniones con miembros de las bancadas de los partidos políticos, y estudiaron la cuenta de Twitter del exvicepresidente Francisco Santos, pues, una de las pruebas que se adjuntó en la denuncia incluyó varios de sus trinos denunciando que congresistas estaban recibiendo sobornos a cambio de apoyar iniciativas del gobierno.
Según la Corte Suprema, no existen material probatorio suficiente para sustentar el proceso. Por lo tanto, archivó el expediente 117 congresistas de la época. Entre ellos se encuentran: Miguel Bernardo Elías Vidal, Juan Carlos Vélez Uribe, Juan Manuel Galán Pachón, Maritza Martínez Aristizábal, Olga Lucía Suárez Mira, Roy Barreas, Sandra Elena Villadiego, Álvaro Pacheco, David Barguil, Jorge Alfredo Gnecco Zuleta, Yolanda Duque, entre otros expuestos en el siguiente documento.