En las últimas horas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, dio un duro reporte sobre la crisis que se vive en el Catatumbo: a los miles de desplazados se suman cifras duras sobre las personas asesinadas.
Según el más reciente corte realizado por la organización, se tiene registro de al menos 32.000 personas desplazadas por la ola de violencia en esta región del país.
Cúcuta sería la ciudad a la que más personas se habrían trasladado para asentarse en busca de refugio de los constantes enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, con aproximadamente 15.000 desplazados.
A esta le seguiría Ocaña, con más de 11.000 censados, Tibú, donde permanecen cerca de 5.300 víctimas y otros grupos más pequeños se habrían trasladado hasta otros municipios del departamento del Norte del Santander.
El lamentable panorama se acompaña con el reporte del homicidio de cinco firmantes de paz y la desaparición forzada de varios de ellos, así como el secuestro de otro grupo. Además, se han entregado 35 cuerpos a medicina legal, dos de los cuales no han sido identificados.
Marín también dio a conocer que el confinamiento permanece vigente en varias zonas de la región y la operación adelantada por la Fuerza Pública y las Naciones Unidas para extraer a quienes se encuentran en riesgo extremo, continúa.
Sin embargo, no todo son noticias tristes. Marín afirmó que, después de varios días, se logró retomar las acciones humanitarias para llevar ayudas hasta los puntos focales del conflicto.
“Se acompañó una misión que salió desde Cucutá hasta Tibú para desarrollar un comité de justicia transicional extraordinario en este municipio.” expresó la defensora, quien informó además que se llevaron 15 camiones con ayudas humanitarias hasta este municipio.
A esto, se sumaron otras tres misiones, dos de estas acompañadas por la iglesia católica, una de la cuales permitió la liberación del exalcalde del municipio de San Cayetano y la entrega de 11 personas, entre las cuales se encontraba un menor de edad.
Marín manifestó también que “la Defensoría del Pueblo y cuatro alcaldes recibieron a 20 personas que se encontraban secuestradas desde el 16 de enero”.
Asimismo, fue levantado el confinamiento que se tenía contra un grupo de personas, conformado por siete mujeres, una niña de 5 años y un adolescente de 12, quienes permanecían sin accesos a medios de subsistencia.
También se reportó una evolución respecto a las comunidades indígenas Yukpa y Barí, que continúan en riesgo de desplazamiento. No obstante, la Gobernación reportó que dará acceso humanitario a las familias que se encuentren en esta situación dentro de estas comunidades étnicas.
Finalmente, aseguró que el ELN habría declarado posible desarrollar más operaciones de carácter humanitario para desescalar el control territorial que tiene sufriendo a la población del Catatumbo.