Una nueva línea de la investigación que adelanta la justicia por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) anunció la Procuraduría al abrir una indagación contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
La Sala Disciplinaria de Instrucción de ese organismo también vinculó al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero; y a los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, y Germán Rogelio Rozo Anís.
Todos fueron mencionados por la Fiscalía, durante la audiencia de imputación contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
En ese contexto, la Procuraduría anunció que analizará la presunta participación de los funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos, con cargo a recursos de esa entidad, a cambio de votos a favor de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno.
“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, precisó el órgano de control disciplinario.
Sobre el caso de Sandra Liliana Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, el Ministerio Público la incluyó en el expediente que se abrió contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, por supuestamente recibir dinero proveniente de un contrato suscrito por la Ungrd para la compra de 60 carrotanques para trasladar agua potable a La Guajira.
*Con información de Colprensa.