El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, declaró emergencia social y económica ante la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo a raíz de las confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc.
A través de estos decretos, la Administración Departamental avanzará en la ejecución de un Plan de Acción para atender con mayor prontitud la emergencia humanitaria.
La administración departamental expidió los decretos 0042 y 0043 del 20 de enero de 2025 con el fin de tomar medidas urgentes para fortalecer la atención de las víctimas y desplazados que han llegado a albergues de los municipios de Ocaña, Tibú y Cúcuta.
“Son acciones que permiten mover el presupuesto para poder adquirir alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y todo lo que necesita la comunidad”, explicó Villamizar sobre las medidas tomadas por su gobierno.
Aunque resaltó que estas medidas permitirán atender de manera más efectiva a los miles de ciudadanos afectados por esta crisis humanitaria, instó al Gobierno Nacional a brindar el apoyo que necesita la región.
“También estamos a la expectativa de gobernadores amigos que nos van a ayudar y estamos a la expectativa de apoyo del Ministerio de la Igualdad, de la Unidad Nacional de Víctimas y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, añadió Villamizar, quien también llamó al respaldo de “los buenos corazones de la gente del departamento Norte de Santander”.
La declaración de emergencia en el departamento se dio luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el decreto de estado de conmoción interior y emergencia económica debido a la situación en el Catatumbo.
Según la Defensoría del Pueblo, el número de desplazados en esa región podría superar los 14.000, una cifra que seguiría creciendo debido a la complejidad del panorama de orden público. De hecho, últimos reportes ya elevan el conteo a 19.000 afectados.
“Lo que vemos es que estamos hablando de la crisis humanitaria más grande que ha tenido el Catatumbo en su historia. Se hablaba de 11.000 personas desplazadas, pero según los cálculos que estamos haciendo, pueden ser 14.000 y es probable que crezca, ojalá que no”, explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Con respecto a las víctimas mortales, Marín Ortiz indicó que, según información oficial, se han realizado 31 necropsias a cuerpos recuperados, pero el número total de fallecidos podría ser mucho mayor.
”En el PMU se hablaba de 31 necropsias, esas son las que oficialmente uno puede decir que se han comprobado que fueron personas que murieron en esas operaciones. Pero, como no se ha podido ingresar a sacar todos los cuerpos, todo lo otro es información que nos están dando las autoridades y las comunidades, lo que nos lleva a cálculos de entre 60 y 80 personas”, detalló sobre el balance provisional.