Los hallazgos de restos humanos hallados en Medellín pertenecían a personas víctimas de desaparición forzada entre los años 2001 y 2003, según señala la Jurisdicción Especial para la Paz, y de acuerdo con el informe, estos fueron recuperados por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) en La Escombrera de la Comuna 13, los cuales ya fueron entregados a Medicina Legal y corresponden al menos a cuatro personas, entre los cuales se encuentra una joven de género femenino.

La entidad removió 37.022 m³ de tierra y escombros, equivalentes a 2.278 volquetadas de material, lo cual le permitió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegar al área de interés forense en La Escombrera | Foto: El País

Todas las víctimas presentan signos de violencia peri mortem, es decir, como causa de muerte, y lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia. En al menos uno de los casos, existe evidencia suficiente para afirmar que la víctima fue reducida a un estado de total indefensión y sometida a malos tratos, sin descartar la comisión de torturas”, declaró la JEP.

El documento señala que La Escombrera no solo fue un sitio destinado a la desaparición, sino también un lugar de ejecución”, ya que al menos dos de las personas fueron asesinadas en el mismo lugar donde fueron enterradas. Respecto a las víctimas, de los 4 cuerpos hallados, la mitad ya obtuvo el perfil genético y las otras dos personas, tienen las estructuras óseas conformadas en un 85 %, lo que aumenta la probabilidad de hallar su identidad.

La JEP resalta la ayuda de las familias buscadoras.

De acuerdo con la institución, los hallazgos alcanzados, fueron posibles por la lucha y resistencia de madres, padres, esposas, hijos y de las organizaciones de víctimas de la Comuna 13, quienes llevan años solicitando la intervención del estado ante las desapariciones forzadas en los años 2000.

Ante esto, la entidad resalta que, “sugerir que fueron las propias familias quienes enterraron a sus seres queridos en La Escombrera es desconocer y negar la magnitud del sufrimiento que han atravesado por décadas”.

“Una de las cosas más importantes aquí es que logramos unir a las entidades para que trabajaran por nuestras familias, para traer la maquinaria, para que buscaran", expresó Luz Elena Galeano, familiar de desaparecido. Imagen de referencia | Foto: Defensoría del Pueblo

Desde julio de 2024, las familias buscadoras han participado activamente en la intervención en La Escombrera, asistiendo de lunes a viernes para observar el proceso forense, realizar veeduría y recibir informes diarios junto a un equipo psicosocial. Además, el tribunal señaló que dichas personas registran cada hallazgo en bitácoras y continúan impulsando acciones por justicia y verdad.

"Desde 2019, la JEP ha llevado a cabo un minucioso trabajo de recopilación de documentos, testimonios y expedientes con el objetivo de determinar los lugares en los que las víctimas habrían sido inhumadas irregularmente", señaló el primer informe | Foto: Defensoría del Pueblo

Así mismo, en el marco del trámite judicial, la JEP ha escuchado las preocupaciones de las víctimas sobre seguridad y memoria. Además, resaltó que gracias a la persistencia de los familiares, se logró la ampliación del polígono de búsqueda y la destinación de recursos por parte de la Alcaldía de Medellín. La Unidad de Búsqueda y la UIA han desarrollado estudios y el plan de intervención forense para la recuperación de cuerpos.

El plan de intervención estructuró en cinco fases:

  • Fase 1: Investigación humanitaria y extrajudicial (2020).
  • Fases 2 y 3: Estudio interdisciplinar del suelo. (2020 – 2021).
  • Fase 4: Propuesta de intervención (2021 – 2022).
  • Fase 5: Intervención técnico forense (2022 - 2025).
La entidad recomienda para acelerar el proceso de identificación de los hallazgos óseos, aportar muestras de ADN de los familiares desaparecidos en esta zona del país | Foto: JEP

“Lo más satisfactorio es que se va a acabar la angustia de una familia que lleva años sufriendo, buscando a su ser querido”, dijo Margarita Restrepo, quien se encuentra buscando a su hija Carol desde el 2002.

Por último, la JEP determinó que entre 2001 y 2004 se realizaron 34 operaciones militares en la zona, algunas en colaboración con grupos paramilitares. Por lo mismo, busca esclarecer los crímenes de desaparición forzada ocurridos entre julio y septiembre de 2002, en el marco del Subcaso Antioquia – Caso 08, que investiga delitos de la fuerza pública y paramilitares en el conflicto armado. Como parte del proceso, altos mandos militares han sido citados a declarar.