En medio de la audiencia de imputación de cargos y petición de medidas de aseguramiento que se desarrolló este jueves 25 de julio contra los presuntos responsables del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la fiscal Andrea Muñoz afirmó que el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue quien coordinó el direccionamiento de los contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).
Adicionalmente, sostuvo que el funcionario se reunió con Olmedo López Martínez, exdirector de la entidad. Ante la acusación, Bonilla expresó ayer en sus redes sociales: “Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía, para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos”.
Y agregó: “Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia, porque mis actos se defienden solos. Los mecanismos de la Hacienda Pública y su trámite en el Estado colombiano se han confundido con actos ilegales, que una investigación rigurosa debe distinguir”.
“Por ahora, debo decir al país que preguntar por un trámite no es ‘direccionar’; que ejecutar un presupuesto, no es entregar plata; que reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos”, se lee en el pronunciamiento del titular de la cartera de Hacienda.
También indicó que “el Ministro y su despacho han cumplido con sus funciones y por eso pedí ser escuchado, que se recaudaran todos los documentos que despejan dudas y se entrevistaran a los funcionarios”.
Finalmente se lee: “Cuando esto se haga, estoy seguro de que la Fiscalía llegará a una sola conclusión: los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”.
La fiscal delegada mencionó la presunta participación del actual director del Departamento de la Función Pública, César Manrique; del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; de su ex asesora María Alejandra Benavides; del actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.
Y aseguró que Bonilla tuvo un rol decisivo en la entrega de contratos de la UNGRD a congresistas pertenecientes a las comisiones terceras del Legislativo, relacionadas con temas de presupuesto.
“Usted, señor Sneyder, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla”, expresó la fiscal.
“Usted, señor López, coordinó la entrega de $ 3000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz, quien para la época de los hechos era la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, y la entrega de 1000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre”, dijo la fiscal Muñoz.
Por último, ante el papel que cumplió Manrique, actual director de Función Pública, mencionó lo siguiente: “Se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiples órdenes de proveedurías y contratos direccionados a los empresarios a los que se les adjudicarían los contratos a cambio del pago de coimas”.