La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las directivas de la cárcel La Picota, en Bogotá, a superar rápidamente la crisis alimentaria que hay en el centro penitenciario y que tuvo en huelga de hambre a los internos.

Un grupo de funcionarios de la entidad verificó durante esta semana las condiciones alimentarias de los presos, además de la situación de salud de quienes se declararon en huelga de hambre.

Esta mediación permitió suspender temporalmente las jornadas de desobediencia pacífica, para buscar un diálogo con autoridades responsables.

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La población privada de la libertad pide que se realice una mesa de trabajo con el representante legal del consorcio que provee la alimentación, con el interventor del contrato con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Ministerio de Justicia, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el Inpec.

La solicitud se llevaría a instancias de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de buscar una solución adecuada a sus reclamos. En ese espacio, los reclusos han solicitado que la entidad actúe como garante de los compromisos.

La Defensoría indicó además que extiende el llamado a los demás centros de reclusión a garantizar el derecho a una alimentación en condiciones de dignidad humana.