Para analizar y dar una respuesta eficiente a la crisis de orden público que se vive en varias regiones del país, especialmente en el Catatumbo y el Chocó, el presidente Gustavo Petro convocó a un consejo de seguridad en la Casa de Nariño.

La cita tuvo lugar sobre las 10:00 de la mañana de este martes, 25 de febrero, y de ella hicieron parte la nueva directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez; el jefe de Despacho, Armando Benedetti; los ministros de Defensa, el saliente, Iván Velásquez, y el entrante, Pedro Sánchez; el ministro del Interior (e), Gustavo García; el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño; la Cúpula Militar y la Policía.

Según lo informado desde el Ministerio de Defensa, durante la jornada se analizaron los principales desafíos que enfrentan las autoridades en materia de orden público y seguridad en el país, lo cual se llevó a cabo con un enfoque estratégico para fortalecer la protección de los ciudadanos y avanzar en la construcción de paz”, indicó la cartera.

Dicho ministerio también precisó que en este consejo de seguridad se revisaron y ajustaron las operaciones en las zonas más afectadas por la criminalidad, “garantizando una respuesta efectiva del Estado frente a las amenazas del narcotráfico, el terrorismo y otras formas de violencia”, resaltó el comunicado.

Para la cartera de Defensa, el compromiso del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública es claro: proteger la vida y la integridad de todos los colombianos, fortaleciendo la presencia del Estado en los territorios y promoviendo soluciones sostenibles para la paz y la seguridad”.

Es de recordar que en los últimos días, varios departamentos del país se han visto obligados a vivir las graves secuelas del conflicto armado a manos de las organizaciones criminales.

De hecho, en un informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que 809 municipios del país están bajo alerta debido a la presencia de estos grupos y que en al menos 11 regiones se han reportado desplazamientos y confinamientos masivos.

Uno de los territorios que más se ha visto afectado, además del Catatumbo, es el Chocó, que por cuatro días fue víctima de un paro armado liderado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a pesar de que fue levantado, los ataques terroristas no han cesado.

En el Catatumbo, la crisis se ha agravado con el desplazamiento de 55.000 personas. | Foto: Defensoría del Pueblo

Por este motivo, desde el Consejo Gremial insistieron en su pedido al Gobierno sobre respuestas concretas ante el aumento de la violencia en Colombia, las cuales atentan contra la vida, la seguridad de los habitantes y la infraestructura pública de las regiones.

*Redacción de El País y de Colprensa.