Por medio de un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profundizar en la investigación sobre el presunto “uso indebido de gastos reservados” en el marco del macrocaso 5, relacionado con operaciones militares involucradas en las ejecuciones extraoficiales.
Esta decisión se da tras identificar inconsistencias en las versiones de nueve militares que operaron en 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Los uniformados, pertenecientes al Batallón 57 ‘Mártires de Puerres’ y la Brigada 8, comparecieron ante la JEP y algunos reconocieron que hubo una política de presión para presentar resultados operacionales, mientras que otros afirmaron haber priorizado las desmovilizaciones y capturas.
Frente a esto, el ente de control pretende que con esta nueva gestión, el tribunal implemente estrategias adicionales que permitan “una contrastación más precisa y detallada frente, al parecer, al manejo y uso indebido de gastos reservados y las presiones que ejercieron mandos superiores para que se presentaran resultados operacionales ilegítimos como bajas en combate, más conocidos como “Falsos Positivos”.
En su solicitud, la Procuraduría advirtió que en las declaraciones se mencionaron prácticas como “la instrumentalización de redes de informantes, la manipulación de informes de inteligencia, la falsificación de documentos administrativos y la desviación de fondos de gastos reservados causaron que algunos integrantes se dedicaran a actos delictivos dentro de la unidad militar cuyo propósito era aumentar de forma tangencial los resultados operacionales a través del asesinato de civiles”.
Por ello, el Ministerio Público pidió a la JEP inspeccionar y recolectar documentos operacionales, reportes de inteligencia y registros administrativos, con el fin de fortalecer la verificación de responsabilidades. Es decir, que información sustraída de las correspondientes investigaciones “respalden y verifiquen las afirmaciones presentadas”, por los miembros del cuerpo militar.
Asimismo, la entidad destacó que en el marco de la justicia restaurativa, y con el fin de “restituir su memoria y su dignidad”, hace un llamado a todas las entidades competentes para que realicen la corrección de los registros militares en los que se reportaron a las víctimas como integrantes de grupos armados.
Conforme a esto, la JEP, entidad encargada de investigar, juzgar, reparar a las víctimas y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano, deberá determinar si estas nuevas acciones y evidencias le permitirán avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de posibles responsables dentro de la cadena de mando.