Mediante un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigación disciplinaria contra el entonces director del Fondo Programas para la Paz de la Presidencia de la República, Pablo Francisco Pardo, por las posibles irregularidades cometidas en la firma de un contrato con la firma ‘Pubblica’, para la realización de eventos, por más de $10.000 millones y que habría sido adicionado luego en más del 50% del valor.
Los hechos, denunciados por un medio de comunicación nacional, están relacionados con el negocio jurídico suscrito para “la prestación de servicios operacionales y de funcionamiento que garanticen la organización, administración y realización de eventos y/o actividades que garanticen la ejecución de los requerimientos encaminados al logro y mantenimiento de la paz en las regiones”.
El contrato, celebrado el 8 de noviembre de 2023, tenía como plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos. Es decir que, según el denunciante, “el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República gastara $10.000.000.000 en eventos en tan solo 53 días”.
El Ministerio Público busca establecer si se presentaron deficiencias en la planeación y la suscripción de este acuerdo y en su adición, dado que esta habría superado el 50 % de su valor inicial.
Con este propósito la Segunda Delegada para la Contratación Estatal requirió información sobre el estado actual del bilateral, el porcentaje de cumplimiento físico y la justificación técnica, jurídica y financiera que habría llevado a la cuestionada adición.
El Fondo Programas para la Paz del gobierno del presidente Gustavo Petro surgió del Fondo Paz, creado en 1997 con el propósito de alcanzar la paz hacia el futuro en Colombia y entre los propósitos del Fondo está la transformación territorial a través de la inversión social y la garantía de los derechos y se encarga de coordinar las acciones para la transformación territorial.
Viene realizando inversiones en los lugares más apartados, excluidos y afectados del país por las distintas violencias en los lugares más apartados del país con inversiones en sectores como salud, educación y agua potable, entre otros.