Los organismos miembros del Pacto por una Mejor Salud ratificaron su preocupación por lo que consideraron la “postración” del sistema de salud en Colombia, debido al deficiente manejo que le ha dado el gobierno de Gustavo Petro durante los 24 meses que completa este miércoles 7 de agosto.
En una carta dirigida al Jefe de Estado y a la opinión pública, enumeraron varios puntos que tienen a la salud en un momento crítico. Lo más relevante es que 34 millones de afiliados están en riesgo, ya sea por EPS intervenidas, retiradas o por problemas en el acceso a la atención.
Frente a esto, las diferentes cifras que dan cuenta de la atención que reciben los usuarios muestran un claro deterioro. Varias clínicas y hospitales han cerrado servicios y han disminuido su oferta de camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otros cuidados especializados.
Pese a que entre el primer cuatrimestre de 2023 se presentó un aumento del 17 % en las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de los usuarios de la salud frente a 2022, ya en los primeros cuatro meses de 2024 hubo un nuevo aumento, consistente al 11 %, frente a los datos del año pasado.
Las radicaciones de tutelas también se han incrementado en más de un 40 %. También hay desabastecimiento de medicamentos y ha habido un aumento de pacientes con enfermedades de alto costo, por lo que las cuentas por este ítem también han tenido una tendencia al alza.
“De otra parte, todos los gremios prestadores se han pronunciado sobre el bajo recaudo y el crecimiento de cartera, y han solicitado al Gobierno Nacional estrategias efectivas de liquidez, las cuales no han sido atendidas”, sostiene el documento.
Esto concluye en un desfinanciamiento estructural del sector de la salud, con malos cálculos o déficit en la financiación de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y los presupuestos máximos para pagar las atenciones no cubiertas por la UPC.
En resumen, no hay recursos suficientes que se hayan girado desde el Gobierno y casi todas las aseguradoras del sector salud se encuentran en números rojos y un deterioro financiero creciente a marzo de este año. Esto ha incidido en la atención de los colombianos y se espera que continúe empeorando, de no emprenderse las estrategias efectivas, lo que no ha ocurrido de momento.
“El Gobierno Nacional no ha cumplido en su totalidad con los Autos A2881 y A2882 de 2023, mediante los cuales la Corte Constitucional le ordenó ponerse al día con los pagos a las EPS por deudas atrasadas en los años 2021 y 2022 por presupuestos máximos y recobros”, complementa la carta.