Los efectos colaterales que traería la pandemia del Covid-19 en la capital del Valle plantean un reto enorme para la estrategia de seguridad y convivencia que deberá implementarse para los próximos años.
El cierre de establecimientos comerciales, el aumento del desempleo y las deudas acumuladas en los hogares presagian el incremento de delitos como el hurto y otros relacionados con la convivencia ciudadana.
En esa dirección apunta el nuevo Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc) que busca reducir los factores de riesgo asociados a la criminalidad que surja del coletazo de la pandemia y los otros delitos que preocupan a la Administración y a la Policía Metropolitana.
Entre ellos el crimen urbano, por la cantidad de estructuras de delincuencia organizada que operan en Cali; las contravenciones, que son las violaciones al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana; la violencia contra la mujer y el tema de pandillas, según explica el secretario de Seguridad y Convivencia, Carlos Alberto Rojas.
El Plan Integral de Seguridad es un instrumento que deben presentar todos los alcaldes del país en los primeros seis meses de su gobierno y que está contenido en el Plan de Desarrollo y que en el caso de Cali destina alrededor de $170.000 millones anuales.
“Es la hoja de ruta a través del cual se planifican todas las acciones y los recursos que serán entregadas al Ejército, la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal para sus acciones con respecto a la seguridad ciudadana. Es una planeación que debemos respetar para no actuar de manera aleatoria o arbitraria en seguridad”, explica Rojas.
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Hay tres pilares, según el Secretario de Seguridad, en los que se asienta todo el componente de seguridad ciudadana: gestión del conocimiento, por lo que se le ha apostado a fortalecer el Observatorio para garantizar un conocimiento especializado que ayude a tomar decisiones asertivas en temas de criminalidad urbana; el desarrollo de capacidades institucionales, que permita tomar decisiones inmediatas y no esperar un consejo de seguridad para actuar y la educación para el uso adecuado del espacio público.
Los puntos calientes
El Plan Integral contempla la intervención de los ‘puntos calientes’ de la ciudad y que están relacionados con elevadas cifras en delitos como el homicidio, el hurto y el microtráfico en sitios turísticos y zonas gourmet.
Incluidos varios lugares de la Comuna 2, donde se han reportado 922 hurtos en lo corrido del año en sectores como Granada, Chipichape; en San Fernando y El Lido en la Comuna 19 y en la Comuna 17 en Valle del Lili, El Ingenio y El Caney.
En materia de homicidios, la atención se concentra en Potrero Grande (15 casos), Promociones Populares (11 casos), El Vergel y Manuela Beltrán con 10 casos cada uno y los barrios Comuneros I, Mojica y El Retiro con 9 homicidos cada uno.
La idea es solicitar la ayuda del Gobierno Nacional para fortalecer la presencia policial en Cali con al menos 400 hombres para lo cual se habilitará un campus policial en el barrio Las Delicias y se fortalecerá el esquema de cámaras de seguridad en los sectores críticos.
Cuando acabe el confinamiento, dice el concejal Fernando Tamayo, habrá una situación complejísima en Cali por el desempleo, por la situación de pobreza en la que va a quedar la ciudad “y con un agravante, y es que en algunos sectores se ha dejado de cobrar el ‘gota a gota’, pero terminada la pandemia se viene una situación terrible en el sentido de apretar y exigirle a la gente los pagos”.
“En el tema de seguridad no veo por dónde ser propositivo; la Administración ha sido muy laxa y esto no se arregla con palmaditas en el hombro. Debe haber un plan integral de atención, pero también mano fuerte para devolverle a la ciudadanía la confianza de que le podemos quebrar el espinazo al delito; porque sin confianza no hay colaboración y sin colaboración estamos perdidos”, señala Tamayo.
Por su parte, el concejal Harvy Mosquera considera que la Administración deberá incluir indefectiblemente en el Plan Integral de Seguridad, “estrategias con enfoque preventivo, soportadas en la información y el análisis de datos, que permitan actuar anticipándose al delito. No podemos permitir que continúe la dinámica reactiva de nuestra autoridad”.
La Política Pública
El Secretario de Seguridad indicó que Cali ha tenido en los últimos años proyectos y programas, pero no una política pública de seguridad ciudadana. “Hemos decidido incluir en este nuevo plan la construcción de la primera política pública de seguridad para Cali por un periodo de diez años.
“Mucha gente me pregunta por qué el tema de la seguridad no cambia radicalmente y no cambia porque seguimos pensando a corto plazo acciones puntales desconectadas y no pensamos de manera estratégica la seguridad ciudadana”, dijo Rojas.