Una tensa calma se vive en Francia, luego de más de un mes de protestas en contra de la reforma pensional impuesta por el gobierno de Emmanuel Macron.
Ayer el líder del principal sindicato francés condicionó la aceptación del diálogo propuesto por la ministra, Élisabeth Borne, a que deje de lado su impopular reforma de las pensiones, en pleno conflicto social.
“Si la mano tendida es rediscutir el trabajo y las pensiones y dejar de lado de momento la reforma, nos sentaremos a dialogar”, aseguró Laurent Berger, del sindicato reformista CFDT.
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En una entrevista con AFP, Borne dijo estar a disposición de los sindicatos para calmar los ánimos, teniendo en cuenta que para hoy las organizaciones sindicales hicieron un nuevo llamado a la comunidad y se tiene prevista una nueva jornada de huelga nacional y de protestas.
Las autoridades esperan la participación de 650.000 a 900.000 manifestantes, según una fuente policial.
El Ministerio del Interior estimó que 1.089.000 personas protestaron el pasado jueves (3,5 millones, para el sindicato CGT).
Durante una reunión de crisis llevada a cabo ayer, entre miembros del Gobierno y dirigentes del oficialismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, abogó por “continuar tendiendo la mano”, según dijo uno de los participantes.
Cerca de 900 mil manifestantes se espera que salgan a las calles de Francia a continuar manifestándose en contra de la reforma impuesta por el Gobierno.
Conflicto social
Francia se encuentra sumida desde enero en un fuerte conflicto social que se agravó el 16 de marzo, cuando el mandatario liberal decidió adoptar por decreto el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030.
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Desde su adopción definitiva cuatro días después, el Gobierno intenta avanzar en otros asuntos, cerrando el capítulo de esta reforma, pero las manifestaciones, cada vez más duras, continúan.
Muestra del malestar reinante, es que el museo del Louvre, el más visitado del mundo, ayer no pudo abrir sus puertas, ya que sus trabajadores y empleados de otros sitios culturales bloquearon su apertura.
Aunque el Gobierno busca cómo apaciguar la situación y trazar una hoja de ruta sobre sus próximos proyectos, se muestra inflexible ante el rechazo popular.
“La ley de las pensiones quedó atrás”, reiteró su portavoz, Olivier Véran.
Esta reforma, clave para el segundo mandato de Macron hasta 2027, enfrenta los recursos presentados por la oposición ante el Consejo Constitucional, que debe fallar ahora sobre su validez antes de que el Presidente francés pueda promulgarla.
De otro lado, las protestas obligaron a anular la visita del rey británico Carlos III que estaba prevista esta semana.
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Las acciones de protestas continúan: liceos y universidades bloqueados, un paro en depósitos y refinerías que provoca la falta de combustible en un 15% de gasolineras o más de 7.000 toneladas de basura acumuladas en las calles de París, entre otras.
Según el sindicato SNUipp-FSU, para hoy se prevé que al menos un 30% de los maestros de primaria hagan de nuevo huelga.
Igualmente, el transporte público de París y el servicio de trenes deberían registrar de nuevo anulaciones.
Las protestas han dejado hasta la fecha un total de 457 personas detenidas y 441 policías heridos. Consejo de Europa denunció uso excesivo de la fuerza.
Uso excesivo de la fuerza
Tras semanas de masivas manifestaciones pacíficas, las protestas se endurecieron el 16 de marzo, cuando el presidente anunció su decisión de adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento.
Desde entonces, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, recorren por la noche las calles de París y otras ciudades quemando contenedores de basura. Hasta ahora un total de 457 personas han sido detenidas y 441 policías y gendarmes resultaron heridos durante las protestas en las diferentes ciudades francesas.
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Desde Bruselas, Macron condenó esos actos y dijo que “no cederá a la violencia”. Sin embargo, el Consejo de Europa denunció que las autoridades están bajo observación internacional por un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció que se investigan once casos de presunta violencia policial.