La física y las matemáticas, dice un funcionario del Inpec mientras revisa unos documentos, son exactas. Enseguida, leyendo en voz alta el papel que buscaba, añade:

– La cárcel de Villahermosa de Cali, que pertenece al Inpec, tiene capacidad para 2046 presos. Actualmente hay 5993. Eso quiere decir que el porcentaje de hacinamiento es del 193%.

– No hay cómo meter un preso más…

– Usted lo ha dicho. El sistema ha colapsado. En Colombia se determinó que el Estado (las cárceles del Inpec) se debe encargar de los presos condenados. Los entes territoriales, es decir las alcaldías, se deben encargar de los sindicados, los que aún están en juicio. Cali debería tener una cárcel propia para recibirlos, pero no la tiene. Entonces todos los presos, tanto sindicados como los condenados, son enviados al ente nacional, al Inpec. Por eso está colapsado el sistema y por eso le digo que la física y las matemáticas son exactas. Los jueces prefieren otorgar la medida de detención domiciliaria – en el caso de los sindicados – o prisión domiciliaria - cuando se trata de condenados – debido al nivel de hacinamiento de la cárcel de Villahermosa.

51% es el promedio de hacinamiento en las cárceles del occidente del país (Valle y Cauca).

En Cali hay 4315 presos que tienen casa por cárcel. Entre ellos, 1163 son sindicados de algún delito, por lo cual continúan en juicio. En ese caso un juez les determinó DETENCIÓN domiciliaria. El resto, 2985, ya fueron condenados. Los jueces les dieron medida de PRISIÓN domiciliaria.

Otros 167 presos, que están en su casa (en teoría), son vigilados a través de dispositivos electrónicos, monitoreados desde una central en Bogotá.
Para asegurarse de que esas 4315 personas permanezcan en sus hogares cumpliendo las condenas, el Inpec apenas cuenta con 6 guardianes que realizan visitas periódicas a las casas. Eso quiere decir que a cada guardián le corresponde visitar a unos 720 presos. Si se propusiera visitarlos a todos, tendría que hacer 102 visitas al día, durante una semana, incluyendo sábados y domingos.

Algo similar sucede al interior de la cárcel de Villahermosa. Para vigilar a los casi 6000 presos que están recluidos allí, el Inpec dispone de 300 guardianes. Esos 300 guardianes se distribuyen en tres turnos de 8 horas. Y entre los que quedan, algunos tienen incapacidades médicas, o días de descanso, o vacaciones, o deben cumplir tareas administrativas. Es decir que por turno, para cuidar 6000 presos, la cifra de guardianes ni siquiera alcanza los 100. Pero ese es otro problema.

Para intentar ejercer un mayor control a las personas que tienen detención o prisión domiciliaria, los seis guardianes dedicados a esa tarea en el Inpec Cali están siendo reforzados con agentes de Policía y el CTI, que en todo caso realizan visitas “puntuales”, “esporádicas”.
En esos controles sin embargo encontraron lo que suponían: los presos con casa por cárcel en Cali están en la calle.

“El resultado de esas visitas que hemos empezado a hacer con la Policía es dramático. La mayoría está incumpliendo la medida. Eso no significa que hay una mayoría que incumple y una minoría que cumple. Significa que el día que verificamos, algunos, muy pocos, estaban en su casa por suerte, por una coincidencia. Lo puedo afirmar con todo el conocimiento de la problemática: la tasa de cumplimiento de la medida de detención o prisión domiciliaria es casi de cero en Cali”, dice Andrés Villamizar, el secretario de Seguridad de la ciudad.

En los registros del Inpec se lee que durante el año pasado no alcanzaron a visitar a todos los presos que tienen casa por cárcel. Durante el 2018 realizaron 2588 visitas, apenas un poco más de la mitad del número de detenidos con la medida.

El año pasado, además, quienes tienen vigilancia electrónica salieron de su casa 2861 veces. Es la estadística de ‘transgresiones’ registradas por el Inpec Cali.

193% es el hacinamiento de Villahermosa. Entre los más altos del país. 

Los números traducen lo que está sucediendo: los delincuentes que deberían permanecer en sus casas siguen tan orondos en las calles, delinquiendo. Hace apenas unos días, un joven de 24 años fue detenido por hacer disparos al aire en el Cementerio Central con una pistola 9 milímetros. Tenía detención domiciliaria.

Lo mismo sucedió con el presunto homicida del teniente Dúver Orlando Daza Gil, jefe del esquema de seguridad de la Gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro. Al momento de cometer el crimen, tenía una medida de detención domiciliaria vigente.

Ronald Viera García, asesinado este jueves cuando iba en un Kia Picanto por la Calle 1A Oeste del barrio Lourdes, también registraba detención domiciliaria.

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De las 2588 visitas que hizo el Inpec el año anterior, en 849 ocasiones “el preso no estaba en el domicilio”; 120 direcciones no correspondían al hogar donde decía estar el presunto delincuente; 14 de los controles se hicieron por teléfono.

En la línea continúa Andrés Villamizar, el secretario de Seguridad de Cali. “Hay varias cosas preocupantes. En un país normal uno pensaría que las personas con domiciliaria, son personas que cometieron delitos menores, por llamarlos de alguna manera. En Cali sin embargo hay un número importante de personas condenadas por homicidio doloso incluso, que significa que mataron a alguien no por accidente sino con la intención de hacerlo, y tienen medida de detención domiciliaria. Realmente hay personas de altísima peligrosidad que están con esta medida y eso es algo que a mí me parece inconveniente e incluso, irregular”.

Según la información que tiene el Secretario de Seguridad, también hay cabecillas de grupos delincuenciales, personas involucradas con delitos como extorsión, narcotráfico, que gozan de la detención o prisión domiciliara. Y por supuesto, no la cumplen.

“Y hay un elemento todavía más grave, que lo han reportado las autoridades: luego de hacer las verificaciones en la casa, donde se comprueba que la persona no está cumpliendo con la medida de detención o prisión domiciliaria, se le informa la novedad a los jueces, que son los que deben levantar la medida. Pero en muchos casos no lo hacen. Hay total impunidad frente a la violación de la medida”.

Álvaro Pretel, experto en seguridad ciudadana, hasta hace unos días Coordinador del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, advierte que hay una correlación entre los sitios donde se registran más homicidios en Cali, con los lugares donde viven las personas que están bajo la medida de casa por cárcel.

6% es el hacinamiento en la cárcel más grande de la región Occidente: Popayán. Tiene capacidad para 2524 presos, y actualmente hay 2669.

Este jueves casualmente el Secretario de Seguridad de Cali se dirigía a una reunión en el Ministerio de Justicia para encontrarle salidas al lío carcelario. Cali es la ciudad con una de las peores tasas de hacinamiento comparando los datos de las demás cárceles del país.

Es tan cierto que no hay dónde ingresar un preso más, que actualmente hay 589 personas recluidas en estaciones de policía. Las estaciones deben funcionar como una cárcel: se deben desplegar agentes para vigilar las visitas familiares, médicas, los traslados a juzgados...

La propuesta de la Alcaldía para aliviar la problemática es diseñar un plan choque con el Ministerio de Justicia, que no es otro que trasladar en el corto plazo a por lo menos 1000 presos de la cárcel de Villahermosa, a cárceles que tengan un nivel de hacinamiento mucho menor.

Aquello, por ley, solo se podría hacer con los presos condenados. El Inpec tiene la autonomía de trasladarlos a cualquier cárcel del país. En el caso de los sindicados, no. La ley dice que estas personas deben estar en la ciudad donde se desarrolla su proceso.

Eso quiere decir que, de aprobarse el traslado de presos, de Villahermosa podrían salir hasta 3093 personas.  A largo plazo, sin embargo, Cali deberá tener una cárcel municipal, algo que ya se está estudiando.

Por lo pronto el joven detenido en el Cementerio Central por hacer disparos con una pistola nueve milímetros fue acusado de porte ilegal de armas, fuga de presos, y un juez le levantó la medida de detención domiciliaria por una detención “intramural”.