La muerte de Ricardo Cardona, juez de paz de la comuna 20, al oriente de Cali, la semana pasada, estaría asociada a un tema de servidumbres entre los sectores de Polvorines y La Buitrera, un caso “inofensivo” de los muchos que atienden estas personas en sus respectivas comunidades, y que, al parecer, le habría pasado cuenta de cobro, según fuentes allegadas a la víctima.
Las amenazas contra los jueces de paz y líderes en la ciudad son preocupantes. Muchos de ellos intimidados por su labor de impartir justicia en equidad en territorios con graves conflictos sociales y de seguridad como las comunas 20, 21, 13, 14, 15 y 16.
Gloria Sánchez, juez de paz de la comuna 10 y presidenta del sindicato de Jueces de Paz de Cali, Sintrajuspaz, afirmó que “no tienen ni las condiciones, ni las garantías” para realizar su trabajo en la ciudad.
Explicó que los jueces de paz son una Jurisdicción Especial de Justicia que depende del Consejo Superior de la Judicatura y de las autoridades locales en cada territorio. “Nuestro funcionamiento se da en dos etapas: conciliar en equidad, que ambas partes sientan que han ganado, pero si después de las audiencias no se logra un acuerdo, como jueces de la República de la Jurisdicción Especial de Paz, debemos emitir un fallo o sentencia”, sostuvo.
El asunto es que los jueces de paz no solo resuelven conflictos por temas de arrendamiento, ruido o desavenencias entre familiares o vecinos. Su alcance va mucho más allá y esto es lo que realmente los pone en la mira de algunos grupos de delincuencia común organizada (narcotráfico y bandas dedicadas a la ocupación o venta irregular de predios).
Sin embargo, según Sánchez, la mayoría de los jueces de paz deben desempeñar su labor en condiciones deplorables: parques, panaderías, en el andén, e incluso, en su propio domicilio, arriesgando su integridad personal.
“No hay voluntad política, el Consejo Seccional de la Judicatura compró equipos de cómputo, escritorios y sillas, pero debe ser la Alcaldía la que designe un lugar y aún no lo hace y nosotros continuamos atendiendo con actas hechas a mano y en la calle, solo algunos tenemos acceso a los Cali”, manifestó.
Expresó que, con lo que le pasó a Ricardo Cardona y al presidente de la JAC del barrio Pilar Tayrona, al oriente de Cali, quien recibió un disparo en la cabeza, “uno aquí se siente muy desamparado. Uno está vivo es de milagro”.
Incluso, hay dos jueces de paz de la Comuna 21 que deben andar con chaleco antibalas, uno de los cuales fue víctima de un atentado este año.
Se trata de Jhon Olave, de 31 años, quien atiende procesos en los barrios Valle Grande, Potrero Grande, Pizamos I, II y III, Desepaz, entre otros. Todos en el oriente de Cali.
Según dijo, las amenazas vienen desde 2021 luego de que denunciara a un grupo que promovía invasiones.
Olave cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y porta un chaleco antibalas, pero el pasado 2 de enero “le hicieron 3 disparos a la puerta de mi casa y pusieron una papa bomba, estaba solo y los de la UNP demoraron dos horas en llegar, y la Policía también se tardó”.
Advierte que las condiciones de seguridad son mínimas. “La Alcaldía ofrece cinco días fuera de tú casa y después de ese tiempo, ¿qué va a pasar uno?”, se preguntó.
Las amenazas son por muchos temas: tierras, ‘ollas’ de expendio, oficinas, por güireo. “Muchas oficinas que son bandas de acá, han buscado dejarme con la boca callada para que no siga ‘sapeando’. Los jueces de paz en Cali estamos 100% solos, aunque somos la autoridad que más casos atiende, la Alcaldía como el Gobierno Nacional no han dejado solos”, insiste.
Según Sintrajuspaz, en Cali, en promedio, se atienden 96 mil casos al año, lo que ayuda no solo a descongestionar la justicia ordinaria, también las Inspecciones de Policía y Comisarías de Familias.
Casos no tan ‘leves’
Ricardo Montoya, juez de paz de la comuna 11 y presidente de Asojueces del Valle, indicó que en los 24 años que lleva esta actividad en la ciudad “hemos tenido toda clase de riesgos”, porque atienden en sus propias casas y “en esos temas de dualidad, de controversia, siempre queda alguien inconforme”, subrayó.
Aclaró que los conflictos que manejan no son de poca monta, porque atienden convivencia familiar, suspensión de la vida común entre cónyuges, separación de bienes, liquidación de sociedad patrimonial de hecho, capitulaciones matrimoniales, fijación de la cuota de alimentos, incluso algunos asuntos penales en los que se les da autonomía al juez de paz para conocerlos y que no pasen de 100 salarios mínimos, es decir, unos $140 millones, como violencia intrafamiliar, lesiones personales, hurto, calumnia, etcétera.
“Como jueces de paz estamos al libre albedrío en cuestiones de seguridad, empezando por los sitios donde atendemos, pues los CALI no cuentan con la seguridad respectiva. En mi caso, he tenido amenazas que ya están interpuestas en la Fiscalía, pero hasta el momento no hay resultados, y más de un juez de paz ha tenido toda clase de problemas”.
Edgar Gómez, juez de paz de la Comuna 20, argumentó por su parte, que la hipótesis que se está manejando sobre las causas de la muerte de Cardona, es la violencia que se está gestando contra líderes, gestores de paz y jueces de paz en la ciudad.
El concejal Henry Peláez, opinó que “no hay ningún tipo de seguridad para los jueces de paz que hacen un trabajo para la comunidad, sin ningún tipo de remuneración, pero sí tienen muchos conflictos en tanto que ellos tienen que fallar en equidad y esto se dirime en un parque, un polideportivo, una iglesia o un Cali y la gente muchas veces sale a disgusto. Es una situación muy compleja”.
La subsecretaria de Paz y Cultura Ciudadana, informó que la competencia de esta entidad con respecto a los jueces de paz es “hacer promoción, difusión y pedagogía sobre la Justicia de Paz y el rol de los jueces de paz”.
En cuanto a los computadores y la asignación de un lugar de trabajo para los jueces, dijo que este es un tema que le compete a la Alcaldía en general, mientras que la parte de seguridad le corresponde a la Secretaria de Seguridad y Justicia.
“Nosotros tenemos una ruta de atención de líderes y lideresas, y cuando un juez nos dice que tiene amenazas se le indica cómo activar la ruta y se le hace un acompañamiento al respecto”, precisó la funcionaria.
Finalmente, la Secretaría de Seguridad, indicó que no cuenta con un equipo especial de atención a jueces de paz porque su actuar es mucho más amplio. “El Equipo de Acción de Emergencias, EAE, atiende a líderes y lideresas defensores de derechos amenazados en el ejercicio de sus funciones”.
Y agregó que dicho equipo “actúa como medida preventiva para sacar a las personas del contexto de riesgo, articulando con otras instituciones, la activación de la ruta de atención que tenga lugar”.
Aplazan reunión con el Alcalde
Para el próximo martes, 4 de febrero, se tenía prevista la reunión con el alcalde Alejandro Eder, y varios de sus secretarios, para plantearle las necesidades que tienen, además de pedirle garantías para ejercer su labor, toda vez que la misma busca restablecer el tejido social, sin ninguna contraprestación económica.
Sin embargo, Gloria Sánchez, juez de paz de la comuna 10, confirmó que el viernes recibió un comunicado en el que le informaban que la reunión fue aplazada para el próximo 17 de febrero y que a la misma solo podían asistir máximo, cinco jueces de paz. “Es indignante”, aseguró Sánchez.