Francisco Javier Martínez Ardila fue, hasta el 22 de febrero, fuente de rumores sobre presuntos hechos de corrupción. Pero finalmente, las sospechas que se habían puesto en discusión en redes sociales y medios de comunicación se confirmaron de manera parcial, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo capturó en Medellín.
La Fiscalía imputó cargos a Francisco Javier Martínez o “Pacho Malo”, el excoordinador del CTI en Buenaventura, por los delitos de concierto para delinquir y acceso abusivo a sistemas informáticos. En criterio del ente acusador, el funcionario representa un riesgo para el proceso y los testigos, por eso es necesario privarlo de la libertad.
Durante la imputación de cargos en la audiencia que se lleva a cabo, este sábado, 24 de febrero, el ente acusador presentó el material probatorio en contra de Martínez que incluyó interceptaciones de teléfono, documentos y testimonios que advierten cuál era su vinculación con una organización criminal dedicada al contrabando en el puerto de Buenaventura, donde justamente trabajaba como coordinador del CTI.
La Fiscalía además advirtió varios hechos que llamaron la atención de los investigadores, uno de ellos es que aparentemente Martínez era informado por sus compañeros en el CTI de las actuaciones que se venían adelantando por parte de la dirección contra la corrupción, y en algún momento incluso dejó de hablar por su teléfono celular con los otros Implicados en el escándalo.
“Precisamente el investigador expone que estos abonados dejaron de arrojar resultados justamente después de que el caso fue presentado en una mesa de trabajo convocada por los directivos de la seccional y dijo también, para el mes de enero de 2017, o explicó, habrían sido citados a la dirección seccional para informar acerca del caso y sus avances con la presencia de varios servidores de la entidad”, precisó la fiscal.
Esto se trata de hechos que en el punto de vista de la Fiscalía argumentan la necesidad de una medida de aseguramiento, como una advertencia adicional de unos discos que contenían los análisis a las interceptaciones hechas a las llamadas de los implicados y que no aparecieron en el expediente.
Teniendo en cuenta estos argumentos y en criterio de la fiscal a cargo del proceso, resulta necesaria una medida de aseguramiento de un centro carcelario para garantizar que el procesado, es decir, el excoordinador del CTI en Buenaventura, no afecte la investigación ni se acerque a los testigos para que cambien su versión.