¿Por qué los caleños se sienten más inseguros de lo que están en realidad?

Inseguridad pareciera ser la palabra más usada por los caleños. Cada uno expresa a su manera su temor de no estar a salvo de la delincuencia en la ciudad. Pero a la vez los que han sido víctimas de un hecho delictivo son una minoría.

Esa y otras paradojas se deducen del estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Icesi, que halló datos comparativos entre la percepción de seguridad de los caleños y los hechos de inseguridad reales.

A su vez, los indicadores de criminalidad de la Policía Metropolitana de Cali muestran una tendencia a la baja en cinco de los nueve delitos de mayor impacto en la comunidad. Uno de ellos es el de los homicidios; en lo que va corrido de 2017 se han salvado 72 vidas, comparado con el mismo periodo de 2016 y 2015. 

Igual pasa con el hurto a automotores y a motocicletas, con las cifras de asaltos a bancos, fleteo a usuarios de estos y de extorsión, que han disminuido en los primeros cuatro meses del año.

Sin embargo, con los altos índices de hurto a personas y a celulares, la percepción de inseguridad crece “porque son los que más impactan al ciudadano”, comenta el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Otras cifras que suben como el hurto a residencias y al comercio, aumentan esta percepción.

No obstante, el estudio de Icesi, que encuestó a 690 personas y 724 propietarios y/o administradores de establecimientos comerciales, halló lo que calificó como “distorsiones de la realidad”: solo el 15 % de los comerciantes encuestados ha sido víctima real y directa de la delincuencia y el 85 % no ha vivido esa experiencia. Y a nivel individual, la “distorsión” es mayor, por cuanto el 88 % de los encuestados no ha sido víctima de la delincuencia, solo el 12 % lo vivió en carne propia.
Sin embargo, el 64 % de las personas encuestadas se siente insegura en la ciudad, pero el 60 % se siente segura en su barrio porque cree que en su entorno lo conoce la comunidad y lo protege.

El estudio arrojó también que el 84 % percibe la vía pública como la zona más insegura, pero solo el 48 % de los hechos delictivos ocurren allí.

El coronel Jiménez atribuye la percepción de inseguridad a que cuando a una persona le roban su celular o sus pertenencias, le cuenta al vecino, a las amigas, a los familiares, a los compañeros de trabajo y, por supuesto, a través de las redes sociales, con lo cual todos se contagian de esa sensación, así no hayan sido víctimas de ese hurto.

Lina María Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas de la Icesi y de la investigación en mención, coincide en que el estudio arroja que hay “una alta percepción de inseguridad en la ciudad y muy pocas diferencias entre los que han sido víctimas y los que no”.

Ella señala que solo entre 12 y 15 % han sido víctimas, que son cifras muy bajas, pero todos se sienten altamente inseguros, porque cada quien escucha al vecino, al hermano, al primo, al amigo que lo robaron y si además lo replican por redes sociales, eso va generando el clima de inseguridad.

“Los medios de comunicación también contribuyen de manera importante en esta percepción, porque es el tipo de información (delictiva) la más disponible. Los noticieros no van a decir que hoy atracaron menos personas que anteayer o no se van a enfocar en los que no fueron víctimas de delito, sino en el que sí lo fue”, dice la investigadora.

Pablo Uribe, subsecretario para la política de seguridad de la Alcaldía de Cali, sostiene que “hay un trabajo que tenemos que hacer ante la opinión pública, aunque no podemos ser ciegos ante la realidad y es que venimos en una tendencia al aumento del hurto a personas y a celulares. Un homicidio es mucho más grave que un hurto, pero este afecta a muchas personas”.

El general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, destaca que los indicadores de delitos con tendencia a la baja, obedecen a un trabajo técnico científico para cada una de las 384 conductas tipificadas como delictivas.

Se trata del Análisis Integral de Seguridad Ciudadana (Aisec), que aplicando el diagrama de Pareto, permite cruzar información de siete ítems (homicidios, lesiones y todas las modalidades de hurto) para establecer las estructuras delincuenciales que más afectan a la comunidad, en qué delitos y en qué sitios.

En una mesa técnica de la Policía Judicial, Inteligencia, Infancia y Adolescencia, Gaula y Comandantes de Distrito, desde octubre se planean las operaciones y las estrategias para el año siguiente. Estas consisten en una focalización de las comunas más afectadas, una priorización del delito por frecuencia de ocurrencia y de incidencia y la intervención como tal.

Así se estableció que las barras bravas eran unas estructuras para ponerles la lupa, porque a su interior se mueve el microtráfico de estupefacientes, armas, hurtos y homicidios.

E identificaron estructuras delincuenciales generadoras de delitos conexos y lograr así cortar la cadena delictiva. Como las dedicadas al microtráfico de estupefacientes, que generan homicidios y lesiones por control territorial y ajustes de cuentas, o está asociado a la fabricación y porte ilegal de armas, pandillas y reclutamiento de menores para otros actos delictivos, etc.

Con ese diagnóstico, todos los esfuerzos de Policía Judicial e inteligencia se enfocan en esas zonas y en los delitos de mayor incidencia. El plan Camaleón obedece a esa estrategia, en la que policías encubiertos, policía judicial y grupo de reacción y apoyo, se focalizan en intervenir ciertas áreas y logran romper la tendencia de ese delito allí.
Así se ha logrado reducir el número de homicidios, que en 2015, con una tasa de 64,27 por cada 100.000 habitantes, le valió a Cali quedar entre las 50 ciudades más violentas del mundo por la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz.

El general Casas declara que mediciones como la de esta entidad mexicana y otra brasilera son importantes, aunque cuestionó los parámetros de medición. “Para mí lo más importante es el análisis de Cali sobre sí misma en este año 2017, en el que vemos una evolución con una tendencia a la baja del 15 %. Si en 2013, 2014 la tasa de homicidios era de 80 por cada cien mil habitantes, hoy estamos en 51 y la meta es seguir bajando hasta quedar por debajo de la media nacional que es de 24”.

No obstante, los encuestados del estudio de Icesi reclaman mayor presencia policial (52 %) y cámaras de seguridad (40 %). Indicador que le resulta alentador al subsecretario de la Política de Seguridad de la Alcaldía. “Me alienta que la gente quiera contar con la Policía y quiera tener al patrullero al lado, es un avance. Eso significa que hay un terreno abonado para trabajar y generar confianza entre los caleños y las instituciones de la autoridad”, dice.

La directora del estudio destacó que si la gente se siente más segura en su barrio que en la ciudad, la recomendación es hacer más intervenciones en los barrios y así los niveles de percepción de inseguridad pueden disminuir.

La confianza institucional salió mal librada en el estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Icesi. Lina María Martínez, directora del mismo, dijo que halló que las personas no diferencian las instituciones, sino que las meten a todas dentro de la misma bolsa.

Se refiere a que la ciudadanía no diferencia la labor operativa de las autoridades policiales, de la falta de eficiencia en el aparato judicial.
Por ejemplo, el 72 % de los comerciantes encuestados que fue víctima de la delincuencia, no denunció. De ellos, el 31 % no lo hizo por considerar que las autoridades no hacen nada, y el 36 % porque no lo estimó necesario. Y del 28 % que denunció, el 67 % calificó el servicio como regular o malo y el 70 % no cree en la efectividad de la denuncia.

A nivel individual, los indicadores son similares. El 75 % de las personas dice que no denunció y de estas, el 45 % cree que las autoridades no hacen nada. Y del 25 % que sí denunció, más de la mitad (53 %) calificó el proceso judicial como regular o malo. El 72 % no cree en la efectividad de la denuncia.

La Policía confirma que de todos los capturados, solo al 57 % la justicia le da medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, un 27 o 30 % recibe la medida de reclusión domiciliaria y entre el 12 y el 15 % queda en libertad.

Las víctimas calificaron la efectividad del cuadrante con 4,8 (sobre 10) y quienes no han sido víctimas con 5,7. Una de las sugerencias del estudio es que la Policía haga más presencia institucional.
Pero el sistema de justicia es el peor evaluado. Su efectividad obtuvo 2.0 puntos por comerciantes asociados que han sido víctimas de la inseguridad, y 2.1 por víctimas no asociadas. Solo quienes no han sido víctimas lo califican con 4 y 3 puntos, respectivamente.

El 65 % cree que hay que reducir el tiempo del trámite judicial y coincide en que no debería demorar más de media hora. Muchos afectados por hurtos refirieron esperas de hasta cinco horas para poder instaurar una denuncia o ir hasta tres o cuatro dependencias distintas para efectuarla. Igual piden que la respuesta de la Policía no supere de 7 a 11 minutos.

El subsecretario de Política de Seguridad de Cali, Pablo Uribe, admite que los resultados del estudio de Icesi “nos hala las orejas con relación al trámite de las denuncias, tenemos que hacer que sea más ágil, más confiable, que la gente vea que instaura la denuncia y se activa el aparato judicial para protegerlo. El General (Hugo) Casas ha hecho un esfuerzo gigantesco por mejorar la línea 123, pero falta. Y hay que lograr que el patrullero esté al lado del ciudadano, eso nos ayudaría muchísimo no solo a mejorar la percepción de seguridad, sino la seguridad misma de las personas”.

Sin embargo, el estudio arrojó que el 73 % de los comerciantes y el 71 % de las personas encuestadas, no tenía en su celular ni el teléfono del cuadrante de la Policía ni las aplicaciones para alertar a los uniformados ni conocían la plataforma web, donde denunciar.

Una de los estudiantes participantes en la investigación, señaló que un buen número de los encuestados argumentaba que si no servía denunciar personalmente, mucho menos iba a ser efectiva denunciar en forma virtual o digital.

El 80 % de los indagados exige reducir el tiempo del trámite de la denuncia, el 33 % dice que hay que mejorar la información sobre el proceso para denunciar y solo un 7 % denuncia vía web o app.

• La reducción del 12 % en este indicador muestra que entre enero 1 y mayo 9 de 2017 hubo 2087 casos, 275 menos que en 2016, cuando se presentaron 2362. En 2015, la cifra fue de 1897.
• La Policía dice que esa reducción se debe a las campañas de prevención y atención integral de riñas, grandes generadoras de lesiones y hasta de homicidios.
• El total de lesiones personales en 2015 ascendió a 5717 y 6677 en 2016.
• Las cifras de extorsión también cayeron de 881 en 2015 a 157 en 2016.