¿Por qué se recrudece la violencia en el Cauca?

Para muchos no es un secreto que el reciente agravamiento de la violencia en el Cauca y Nariño sigue ligado a la expansión del narcotráfico. Marginamiento, pobreza y poca presencia del Estado son, según varios analistas, factores que han aprovechado las bandas criminales para crecer sus rentas ilegales, e intimidar de paso a la población.

Sus protagonistas son principalmente los grupos disidentes de las Farc y el ELN, aliados con organizaciones como el Clan del Golfo, entre otras, que se disputan rutas estratégicas para sacar la droga desde sus laboratorios en selvas y montañas hacia el exterior.

Esa mezcla explosiva está generando un éxodo cada vez mayor de campesinos, lo mismo que serios perjuicios a la estabilidad económica y social para enfrentar la pandemia del covid-19.

Un ejemplo de esa guerra es lo que pasa en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, donde los combates entre varios grupos subversivos obligaron hace una semana a 2000 labriegos a abandonar la región.

El ministro de Defensa, Diego Molano, tras visitar la zona garantizó el retorno de los labriegos y erradicación de cultivos ilícitos con el acompañamiento del Ejército, y lanzó una advertencia: “Vamos por alias El mocho, cabecilla de la columna ‘Carlos Patiño’ del ELN, recompensa de $80 millones”.

Sin embargo, el dilema de los campesinos es que no hay suficientes garantías para evitar que sus tierras les sean arrebatadas bajo nuevas amenazas de disidencias y bandas criminales.

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El carro bomba en Corinto que explotó el 26 de marzo, dejando 43 heridos, ha sido el último episodio de la guerra en el Cauca. Su autoría fue atribuida a la columna móvil de las exFarc ‘Dagoberto Ramos’, dirigida por alias Cejas y alias David, reconocidos guardianes de cultivos de coca.

Ese mismo grupo secuestró y asesinó al agente del CTI Mario Fernando Herrera en un retén ilegal en el corregimiento El Palo, horas antes del ataque dinamitero.

El atentado, según los analistas, puede interpretarse como una señal para el reinicio de una etapa de intimidación a la población civil y para desestabilizar a las alcaldías antes y durante las elecciones del 2022.

A ello se suman las recientes masacres en Jamundí y Cartago, y otros homicidios en Buga, Andalucía y Tuluá, donde la mano del narcotráfico es evidente, según los analistas.

Según Ariel Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, “en el Cauca existen varios escenarios donde operan las disidencias de las Farc y las columnas ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, y otra cosa es lo que pasa en El Tambo, Argelia y Patía con el ELN, la ‘Carlos Patiño’ y otros grupos del narcotráfico. E igualmente lo que sucede en la región del Pacífico”.

Anota que bajo ese marco “existe una disputa entre esos grupos que hemos calificado como un empate técnico criminal, porque nadie le gana a nadie en esos territorios, mientras la violencia se degrada. Por eso el Cauca es el escenario de esas tres guerras”.

A lo anterior, añade el politólogo Ávila, ha contribuido la ausencia de una mayor política de seguridad. Y, frente a la posibilidad de superar ese conflicto, subraya que “soluciones milagrosas no hay, pues el Gobierno tuvo la oportunidad de implementar el acuerdo de paz, lo que habría parado la guerra, y ahora todo se le salió de las manos a pesar de los operativos militares”.

Finalmente, recalca que “ese boom de las economías criminales presenta ahora mayor auge, ya que los precios del oro y la cocaína están muy altos. Si le añadimos la crisis política y económica por la pandemia, todo eso nos está llevando a una tormenta perfecta y más violencia durante la temporada preelectoral dentro de un año”.

Entretanto, el senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco, sostiene que “lastimosamente lo que se confluye en el Cauca es un conflicto por el territorio generado por diferentes actores que están en la búsqueda de tener el control sobre las rentas criminales”.

Recalca que en el marco de esa violencia se ha producido la muerte de líderes sociales “y por ello necesitamos que en el Cauca haya más presencia de la autoridad y adicionalmente empezar a trabajar en la aspersión de cultivos ilícitos, pues la coca y la minería ilegal son el gran motor de esa violencia”.

Otro factor, anota Velasco, “es que también hay violencia producida por invasiones ilegales con la justificación de una disputa por la pacha mama por la tierra, siendo violentados quienes durante muchos años han logrado tener unos bienes y cultivos que vienen siendo destruidos junto a su infraestructura productiva”.

La participación de disidencias, como la columna ‘Jaime Martínez’, se confirma una vez más, luego de que hace poco en un operativo le fueran confiscados 1800 kilogramos de marihuana en Buenaventura.

Es por lo tanto, un negocio donde está en jugo mucho dinero, ya que hoy, un kilo de pasta de coca de alta pureza bordea los cinco millones de pesos.

Leonardo González, miembro del observatorio Indepaz, coincide con Ávila al considerar que la no implementación del acuerdo de paz agudizó de alguna manera la violencia en el Cauca.

Indica que “cuando las condiciones de guerra continúan al igual que la economía del conflicto, estos grupos que prestan servicios de seguridad al narcotráfico, hacen presencia con enfrentamientos, como en el caso de Argelia, más la ocupación de territorios”.

Destaca González que “hay demasiados intereses en el Cauca”, y “aunque se han solicitado soluciones integrales al conflicto armado y al narcotráfico, a través de consejos de seguridad locales y planes de choque, los problemas no se pueden resolver porque son mucho más graves”.

La coca y la marihuana, añade, se han multiplicado en el Cauca, al igual que la minería ilegal, lo mismo que diferentes maneras para lavar activos. “Todas esas conflictividades territoriales son las que generan la violencia que afecta a la población civil, no solo en el Cauca”.

Por su parte, Gustavo Orozco, politólogo y analista en seguridad y terrorismo, sostiene que “a nivel general los alcaldes no están dando respuestas para combatir la inseguridad en sus territorios, y ante todo por estar apegados a lo que se diga desde Bogotá, e incluso desde la ONU”.

Señala que esa visión no es lógica, teniendo en cuenta que “son ellos (los alcaldes) que al ser elegidos deben tener como principio fundamental la protección de la vida”.

La región montañosa de Jamundí, escenario de varias masacres, es ahora una de las que tiene una mayor conexión con lo que sucede en el Cauca y el narcotráfico, tras identificarse que existen unas 1100 hectáreas de coca y marihuana, las cuales custodian grupos guerrilleros en Villacolombia, San Antonio, La Liberia y San Vicente.

A juicio de los expertos, el papel de los clanes mexicanos en esa región obedece más a la vigilancia a la calidad del producto (del cual son sus dueños), que a patrullar junto a grupos armados para vigilar laboratorios y siembras.

A lo anterior, el experto Gustavo Orozco dice que ese auge también se explica por el regreso de antiguos capos del narcotráfico que habían sido extraditados años atrás, y que están buscando recomponer sus negocios.

A su vez, recalca, que las disidencias están recuperando zonas del corredor del Cañón de Las Hermosas. En ese parque natural el abatido exjefe de las exFarc ‘Alfonso Cano’ tuvo su red de operaciones con conexiones en Suárez, Cauca, donde el Ejército le dio de baja.

En Cali se estima, según algunos estudios, que operan alrededor de 180 bandas criminales, la mayoría vinculadas al microtráfico. A eso se agrega el desplazamiento forzado desde el Cauca, Nariño y la zona Pacífica.

Sobre el particular, Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, sostiene que “no ganamos mucho controlando las variables de la inseguridad en la ciudad, mientras no se logren controlar los verdaderos factores de inseguridad en el suroccidente colombiano”.

Anota que “cada vez que hay eventos de violencia, por ejemplo, en Cauca y en Nariño, nos llega un éxodo preocupante de personas desde esas regiones”. Recuerda que debido al éxodo de pobladores por el conflicto armado que se vive en Buenaventura, “nos llegaron hace poco 500 personas, y el año pasado arribaron desde Nariño y Cauca alrededor de 400, siendo Cali el destino principal de esas familias que le huyen a la violencia”.

De acuerdo con el funcionario, ese fenómeno se agrava no solo por el surgimiento de problemas de convivencia entre los desplazados, sino de narcotráfico y delincuencia. “Por este tipo de fenómenos, esta es la región más dura y explosiva de Colombia”, asegura.