La situación de orden público en el Pacífico colombiano continúa preocupando al país debido a los constantes enfrentamientos entre estructuras ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc, los ataques a la Fuerza Pública, secuestros, desplazamientos forzados entre otros actos contra a la integridad de civiles y uniformados.
Ayer el alcalde de Mercaderes, Cauca, Fernando Díaz, sufrió un atentado mientras se movilizaba en un vehículo en zona rural de su municipio.
“Fue atacado con armas de fuego por integrantes de un grupo ilegal, resultando lesionado el escolta del señor Alcalde, un subintendente de la Policía Nacional”, confirmó el comandante de la Policía del Cauca, coronel Ricardo Archila.
Por situaciones como esta, los gobernadores de Colombia le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro, ya que según ellos, sus reiterados pedidos de ayuda frente a la violencia desbordada en sus territorios no han tenido respuesta.
Sin embargo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó ayer en una rueda de prensa en el Congreso que “no me parece prudente que los gobernadores, en período electoral, algunos de ellos con candidatos propios, quieran convertir ese tema, que debe ser nacional, en un tema electoral”, lo que generó disgusto en los mandatarios departamentales.
“Afirmar hoy que el clamor de los gobernadores tiene una intención política cuando en las últimas 24 horas se declaró un conflicto entre dos peligrosas organizaciones criminales, hubo al menos tres atentados terroristas, asesinaron al patrullero Jefferson Valencia y se bloquearon carreteras con camiones bomba, es descarnado y vil”, puntualizó un comunicado de la Federación Nacional de Departamentos, liderada por Roberto Jaramillo.
El comunicado concluyó: “Señor presidente Gustavo Petro, estamos seguros que las declaraciones emitidas por el ministro Velasco no representan su voz ni su sentir, ante lo cual, los gobernadores como voceros regionales e institucionales legítimamente elegidos por el pueblo, esperamos que llegue el cambio a la cartera del Interior con un ministro que respete a las regiones y sus autoridades, que quiera trabajar en equipo y que no ponga en riesgo la prevalencia del interés nacional con sus mezquindades y su indiferencia frente a la realidad de la inseguridad”.
A raíz de la situación, el coronel (rva) Carlos Soler, experto y exsecretario de seguridad de Cali, sostuvo que es preocupante la falta de comunicación entre el Gobierno y los gobernadores. “El manejo del orden público pasa del Presidente de la República a los gobernadores y luego los alcaldes, es decir, en ese diseño, los gobernadores son articuladores regionales del orden público”.
El especialista explicó que, cuando se desborda su capacidad, los gobernadores deben plantear estrategias con el Presidente, máximo responsable del orden público del país y si no existe una comunicación entre ambas partes se crea “una fisura en el diseño constitucional para preservar una obligación que tiene el Estado”, puntualizó.
¿Escalada de la violencia en el Pacífico?
El exuniformado de la Policía y experto en seguridad, Héctor Herrera, comentó que “hay cosas que le está tocando ceder al Gobierno, ya que mientras cumplen con el cese de hostilidades estos grupos armados continúan haciendo acciones terroristas y masacrando policías”, y por ello debe replantearse la política de Paz Total.
Sobre esto, Soler expresó que la orden hacia las fuerzas militares de no atacar a los grupos al margen de la ley los deja en una posición que las estructuras ilegales pueden aprovechar. “Ellos pueden decidir atacar la fuerza militar, lanzar artefactos explosivos improvisados y otras técnicas de terrorismo”.
De acuerdo con Herrera, aunque estos criminales no han demostrado fuerza militar, las granadas, carros bomba y otras estrategias terroristas generan zozobra en la población y acaba con la vida de los uniformados que están prestando su servicio.
Por otra parte, el investigador y corresponsal de conflictos armados, Néstor Rosanía, comentó que la violencia en el Pacífico siempre ha existido, por lo que no se debe hablar de un recrudecimiento de la guerra sino de una descentralización de la misma.
“Antes se tenía conocimiento de los grupos que operaban en cada zona, pero ahora, ni las comunidades ni las Fuerzas Militares saben quienes son porque hay muchas estructuras residuales y civiles con armas. Son estos los que se enfrentan y hacen pactos entre ellos”, concluyó el experto.
Seguridad politizada
Néstor Rosanía explicó que con la llegada de las elecciones regionales los candidatos quieren hacer ver la violencia como una situación política. “Los de izquierda dicen que los de derecha han acabado con la paz y viceversa”, puntualizó.
El investigador dijo que desde el Chocó hasta Nariño existen zonas a donde los candidatos no han podido ingresar debido a amenazas y estas actividades políticas restringidas muestran falta de control estatal.
Según Rosanía, los aspirantes a las gobernaciones en el Pacífico plantean la misma estrategia que no ha funcionado nunca en el territorio: más pie de fuerza pero sin intervención a las necesidades de las comunidades más vulnerables.