La situación de orden público también se ha complicado en otros puntos del país, tal es el caso del municipio de Briceño, Antioquia, donde los enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc han obligado a la ciudadanía a ser desplazada de su territorio.
De acuerdo con las autoridades del territorio, se contabilizan alrededor de 137 personas que han sido obligadas a dejar sus viviendas en el corregimiento de Pueblo Nuevo con destino al casco urbano de Briceño. El saldo fatal, en las últimas horas, ha sido de 3 civiles asesinados en medio de las hostilidades.
El alcalde de la localidad, Noé de Jesús Espinosa, en diálogo con Noticias Caracol, aseguró que el deceso de los residentes fue confirmado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Según el mandatario, ya se han realizado las gestiones respectivas para devolver el cuerpo a los familiares de las víctimas.
Mencionó que fuentes de la zona, han mencionado que se trataría de cinco personas fallecidas, tres serían civiles y los otros dos combatientes, sin embargo, no se ha podido identificar a cuál de los grupos armados que hace presencia en el territorio, pertenecerían.
Por su parte, el secretario de Seguridad del departamento de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que, en este momento, la hostilidad ha alcanzado unos niveles bastante considerables debido a la lucha que se ha emprendido por el control del territorio para el narcotráfico.
La autoridad resaltó que el gobierno también ha desplegado ayudas humanitarias para hacer frente al desplazamiento originado en Briceño, a partir de los combates entre los diferentes actores armados. Para ello, se han coordinado esfuerzos con la Alcaldía para brindar toda la asistencia necesaria a los ciudadanos que así lo requieran.
Una situación que no se limita al Catatumbo
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre los riesgos que podrían ser desencadenados tras la confrontación armada entre grupos disidentes de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, en diferentes regiones de Colombia.
De acuerdo con la entidad, el documento emitido, el pasado 22 de enero de 2025, advierte las consecuencias que podrían sufrir los habitantes de los departamentos del Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, en el sector de Piamonte luego de la disolución del Estado Mayor Central de las Farc.
En ese sentido, la Defensoría menciona algunas prácticas que podrían ser ejecutadas por los insurgentes, tales como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado, las amenazas en contra de los liderazgos sociales y la contaminación del territorio con minas antipersonas.