Las protestas no paran en Francia. Ayer se registraron nuevos enfrentamientos durante las marchas contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, cuyo gobierno invitó a los sindicatos a una reunión la próxima semana tras rechazar un pedido de mediación inicial.

Según las autoridades, en las marchas participaron al menos 740.000 personas, cifras que desmintieron los sindicatos diciendo que fueron más de dos millones de franceses lo que se reunieron en esta décima jornada de protestas. Los sindicatos llamaron de nuevo a manifestarse el jueves 6 de abril.

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Las centrales sindicales son la punta de lanza de la movilización contra el retraso de la edad de jubilación de 62 años a 64 años para 2030, pero la decisión de Macron de aplicarla por decreto radicalizó las protestas.
Los disturbios e incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad continuaron ayer en diferentes de ciudades de Francia.

En la capital, las fuerzas de seguridad detuvieron a 55 personas y llevaron a cabo 10.000 controles, según la policía. El jueves pasado, hubo 457 detenidos y 441 agentes heridos en todo el país.

Aunque el Gobierno, que movilizó a 13.000 agentes, busca criminalizar las protestas y socavar el apoyo a las mismas, la actuación policial se encuentra en el ojo del huracán tras las críticas de derechos humanos e incluso del Consejo de Europa.

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Cabe recordar que el pasado sábado durante las protestas contra un embalse agrícola destinado a la agroindustria en Sainte-Soline (centro-oeste), dejaron dos manifestantes en coma.

En ambos casos, “hay un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los chalecos amarillos que ya habíamos denunciado “durante los chalecos amarillos”, dijo a AFP Jean-Claude Samouiller, de la ONG Amnistía Internacional.

El 15% de las gasolineras se encuentran sin el combustible desde que iniciaron las marchas y protestas.

Reunión con Borne

En este contexto, el Gobierno y los sindicatos aseguran buscar una manera de calmar los ánimos, pero discrepan en sus posiciones: las centrales sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma, y Macron dice no.

El líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger, aseguró que la primera ministra, Élisabeth Borne, había invitado a todas las centrales a una reunión la próxima semana, ( fecha por confirmar), a la que piensan asistir, para buscar un acuerdo.

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Berger indicó que aportarán “propuestas como buscar una mediación para hallar un vía de salida al conflicto”, un pedido que el vocero del Gobierno, Olivier Véran, rechazó, pero que el partido centrista MoDem, aliado de Macron, apoyó.

El Presidente liberal se halla bajo presión. Su Gobierno defiende que la reforma es crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones, pero esta carece de apoyo sindical y popular, y un sostén incierto en el Parlamento.

“Continúa gobernando como si todavía tuviera una mayoría absoluta”, alertó la politóloga Camille Bedock, para quien todo se orienta a “un cara a cara entre el poder y la calle”, ya que los cuerpos intermedios, como sindicatos y el Parlamento, no pueden desempeñar su papel.

A la espera del dictamen el próximo mes de abril del Consejo Constitucional sobre su validez, Macron busca pasar página rápidamente con otras prioridades como la salud, la educación y garantizarse una mayoría estable en el Parlamento.

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Mientras tanto, los sindicatos no tiran la toalla y a ellos se les unieron los jóvenes, que son mucho más numerosos y han salido a las calles durante las últimas dos jornadas de protesta.