Mientras en el Ministerio de Defensa manipulan las cifras para favorecer al gobierno, la revisión de los indicadores de criminalidad de la Fiscalía y de Medicina Legal muestran que la violencia y la inseguridad están disparadas.
Tres son las columnas vertebrales del desastre.
Primera, el fracaso absoluto de la política de paz total, mal concebida y peor aplicada. Pretendía negociar y pactar con todos los violentos al mismo tiempo y los ponía en el mismo plano como si fueran todos iguales.
No contó con hoja de ruta y escenarios alternativos en caso de fallar, como efectivamente ocurrió, ni con equipos gubernamentales de negociadores preparados. La improvisación fue la norma.
Olvidó las lecciones aprendidas de los procesos anteriores como que, por ejemplo, las negociaciones deben desarrollarse en medio del conflicto. Los ceses del fuego paralizaron a militares y policías y liberaron a los violentos de los riesgos de las operaciones de los uniformados mientras que esas bandas siguieron con sus actividades criminales.
La renuncia a luchar contra el narcotráfico es la segunda. El gobierno abandonó todos los esfuerzos en materia de erradicación, no solo forzada sino también voluntaria.
En 2024, con 253.000 hectáreas cultivadas a 31 de diciembre del 2023, no se alcanzaron ni siquiera las diez mil míseras hectáreas que se habían puesto como meta.
Mientras tanto, el gobierno y sus aliados enviaron sistemáticos mensajes que impulsaron nuevos cultivos, desde la idea de la erradicación gradual, la presentación de proyectos de ley para legalizar la coca, la propuesta de crear una empresa nacional de coca para constituir un monopolio gubernamental, y la de que el gobierno le compre directamente la coca a los campesinos, entre otras, todas fallidas.
Y aunque la izquierda saca pecho con las cifras de incautación, son las peores en al menos dos décadas comparadas con la cantidad de cocaína producida.
La tercera es la destrucción de las capacidades de la Fuerza Pública. La izquierda barrió con el liderazgo y la experiencia y sacó a cerca de un centenar de generales.
Redujeron el presupuesto de las Fuerzas, desmantelaron la inteligencia y la contrainteligencia, los helicópteros están en tierra, no permitieron operar a las fuerzas especiales. Para rematar, con los ceses del fuego maniataron a militares y policías y los obligaron a replegarse en los cuarteles.
El próximo gobierno, el de la reconstrucción, debe empezar por poner fin a las negociaciones con los violentos que, está demostrado, no frenan la violencia y solo reciclan los liderazgos criminales, debe recuperar la erradicación y emprender una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, y debe restaurar la moral, el liderazgo y las capacidades de la Fuerza Pública.
No será nada fácil. Menos con la monumental crisis fiscal que heredará. Pero es el único camino. Sin seguridad no hay nada. Ni derechos, ni libertades, ni progreso.