Aunque en el cuarto trimestre la economía creció un 0,3%, por el aporte de la administración pública, el sector privado decreció por tercer trimestre consecutivo y está en recesión. El consolidado anual es de 0,6%, la cuarta peor cifra desde que tenemos estadísticas. Veníamos de crecer 7,3% en 2022.
Lo más preocupante es la caída brutal de la inversión, un 24,8 menos que en 2022. Es la más baja en casi cincuenta años y en el IV trimestre llegó apenas a la mitad del 21% del PIB del promedio histórico.
La estrategia de la izquierda para matizar el grave panorama ha sido centrar toda la culpa en las altas tasas de interés y en la Junta del Banco de la República. El Banco hace lo que puede, considerando que la inflación cerró en 9,3%, muy por encima de la meta del 3%. No sobra recordar, además, que el Gobierno es responsable al menos en parte de que la inflación no baje más, en particular por el aumento en las tarifas de energía y en el precio de la gasolina que subió un 48% el año pasado.
De manera que hay que preguntarse los otros motivos por los cuales la inversión se desplomó. Aunque el grueso de los economistas prefiera evitar esta discusión, todo parece indicar de que uno de los motivos es la feroz reforma tributaria de fines del 2022, la más voluminosa de la historia. La tasa de tributación efectiva de las empresas en Colombia es una de las diez más altas del mundo.
Pues bien, mientras que la economía apenas creció 0,6%, en 2023, el recaudo de impuestos aumentó un 22%. La Nación recibió 278,9 billones en impuestos, 50,5 billones más que en 2022. Cincuenta billones que salieron del sector privado para un gobierno que, para rematar, tuvo la peor ejecución presupuestal de inversión en una década y que administra muy mal, con serios problemas de corrupción, pobre gerencia, altísima improvisación e inestabilidad, muchos cargos en provisionalidad y bajísimos niveles técnicos y cambios constantes en los manuales de funciones para nombrar amigotes sin conocimiento ni experiencia.
Otro gran motivo es la incertidumbre. Petro y sus ministros han probado una y otra vez su odio al sector privado y a los empresarios. Los ataques, sumados a las reformas que el gobierno quiere aprobar en el Congreso, indudablemente estatizantes y contra el sector privado, y a la tensión política de los escándalos que acechan al gobierno y el enfrentamiento de Petro con la justicia, han creado un clima de desconfianza entre los empresarios y ciudadanos que frenan tanto la inversión como el gasto de los hogares. Si a todo ello se suma la creciente violencia en los campos y la desastrosa seguridad en las ciudades…
O el Gobierno hace un giro radical y le apuesta a la inversión privada o el crecimiento seguirá siendo mísero. Y sin crecimiento suficiente solo habrá más desempleo y más pobreza.